El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, respondió a un recurso de queja promovido por la Fiscalía General de la República (FGR), y aclaró que la suspensión otorgada en días pasados a Karime Macías Tubilla, no tiene el alcance de evitar su extradición desde el Reino Unido, donde se encuentra actualmente la ex esposa de Javier Duarte, quien fuera gobernador de Veracruz.
En su resolución, el colegiado explica que, como Macia Tubilla no impugnó en primera instancia su posible extradición, este tema no fue motivo de ningún pronunciamiento, ni en el juzgado de distrito donde se recibió la demanda, ni en el tribunal que la revisó: “bajo ninguna circunstancia el juez de distrito se pronunció al respecto, ni mucho menos puso límite alguno a un procedimiento de extradición extranjero y menos aún, al procedimiento que la quejosa enfrente en Inglaterra, pues como ella misma lo afirma en la demanda de amparo, ese procedimiento no es el acto reclamado.”
Así, los efectos de la suspensión ganada hace unos días por Karime Macías son solo para que, ante la eventualidad de que sea llevada a la justicia mexicana, no pueda ser entregada a las autoridades de un tercer país.
La ex esposa de Javier Duarte también reclamaba en su amparo que supuestamente la FGR habría requerido información a la fiscalía de Veracruz para sustentar una segunda solicitud de extradición en su contra, a lo que el colegiado señala que este tema no puede ser impugnado por esta vía: “al margen de lo correcto o incorrecto, no corresponde repararlo o confirmarlo a este Tribunal Colegiado al resolver este recurso de queja, máxime que fue interpuesto por la autoridad responsable, y la parte quejosa, a quien pudo perjudicar tal decisión del juez, no vino al recurso Por tanto, la litis suspensional fijada por el juez de Distrito queda firme.”
Con la resolución de este recurso de queja, el gobierno de México, mediante su cancillería, puede continuar con el trámite para conseguir la extradición de Karime Macías, para que enfrente los cargos por el presunto desvío de 112 millones de pesos del erario de Veracruz.