Ciudad de México.- Francisco Navarrete Serna, “Se fue sin pagar por lo que hizo, sin decirnos por qué… mientras que algunos seguimos muertos en vida…”, reclama Rocío Arroniz, tía de Alfredo, uno de los cinco jóvenes desaparecidos el 11 de enero del 2016 en Tierra Blanca.
La mujer, habló para el portal Animal político sobre el reciente asesinato de Francisco Navarrete, alias “El Primo”, presunto miembro del Cartel Jalisco Nueva Generación, y quien el fin de semana fue ultimado por un comando armado junto a otras seis personas.
Navarrete fue detenido en 2016 bajo la sospecha de liderar un grupo criminal que, en complicidad con la policía estatal, desapareció a cinco jóvenes originarios de Playa Vicente en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz.
Aunque estuvo bajo proceso más de tres años, las fallas en la investigación a cargo de la SEIDO provocaron que fuera liberado en agosto del año pasado,
“Todos son víctimas del mismo sufrimiento. Es un crimen que nos quitó todo, la salud, el dinero, todo. Mientras tanto ese desgraciado (Navarrete) nunca pagó por lo que hizo. Y ahora lo asesinaron. Al que a hierro mata a hierro muere… pero eso no es justicia”, dijo Rocío a Animal Político.
Los hechos en los que Navarrete perdió la vida se registraron la noche del viernes 29 de mayo en el salón de fiestas “YemanYa” en Tierra Blanca, Veracruz, cuando se desarrollaba un evento convocado por El Sol de Tierra Blanca, un supuesto portal informativo fundado por el propio Navarrete poco después de salir de prisión.
La celebración era transmitida en vivo por el canal de Facebook del referido portal, debido a la participación del grupo musical “La Calle. El Poder Musical de México”.
Autoridades ministeriales confirmaron a este medio que el saldo final fue de seis personas asesinadas. Además de “El Primo” perdieron la vida “Benigno” N” y Manolín “N”, dos tecladistas del grupo; Maximiliano “N”, técnico de sonido; Héctor “N”, empresario de la zona, y “Manuel” N, un ingeniero civil y amigo de Navarrete.
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, dijo ayer, casi tres días después de ocurridos hechos, que el multihomicidio no quedará impune y que en Veracruz no habrá espacio “para ajustes de cuentas entre bandas delictivas”.
La desaparición de los jóvenes
El 11 de enero de 2016 cinco jóvenes originarios del municipio de Playas de San Vicente, Veracruz, desaparecieron tras ser detenidos por policías estatales a la altura de Tierra Blanca. Se trataba de Bernardo Benítez Arroniz de 25 años; José Alfredo González Díaz, de 25 años; José Benítez de la O, de 24; Mario Arturo Orozco Sánchez de 27, y Susana Tapia de 16 años.
Duarte de Ochoa.
Dos semanas después, el 26 de enero, fue detenido en un operativo estatal y federal Francisco Navarrete Serna. En su cuenta de Twitter el gobernador Duarte dijo que se trataba del “jefe de plaza” de un grupo delictivo – el Cártel Jalisco Nueva Generación – el cual era presunto responsable de la desaparición de los jóvenes. operativo estatal
A la captura de Navarrete, quien fue acusado del delito de delincuencia organizada, le siguieron otras detenciones, tanto de policías estatales como presuntos integrantes del grupo encabezado por “El Primo”. En total fueron 21 los probables responsables capturados y procesados.
Pero tres años mas tarde, en marzo de 2019, un juez federal concedió un amparo en favor de Navarrete, el cual fue confirmado de forma definitiva por un Tribunal. La razón: fallas graves en la investigación en su contra como, por ejemplo, pruebas recicladas de otra indagatoria distinta.
Desapariciones impunes
A cuatro años y medio la desaparición de los cinco jóvenes de Tierra Blanca permanece impune y sin esclarecerse completamente.
El amparo concedido a Navarrete terminó favoreciendo a otros detenidos a los que también se les retiró el cargo de delincuencia organizada. Los que permanecen en la cárcel son 8 expolicías y 12 presuntos integrantes del CJNG acusados a nivel local de desaparición forzada.
“A Navarrete ya no le lograron hacer la vinculación con el caso. Quedan los otros detenidos y se supone que el proceso ya debía de haber terminado. Ya está todo, pero hasta ahora no les han dictado sentencia. Todo se ha venido retrasando y con lo de la pandemia pues aun más. Seguimos esperando”, dijo Bernardo Benítez, padre de uno de los jóvenes.
El paradero de las víctimas es otro tema de la investigación en el que las conclusiones quedaron a medias. En su momento, la indagatoria llevó a las autoridades hasta un rancho conocido como “El Limón”, donde se presume que fueron asesinados. Sin embargo, la inspección del terreno solo permitió localizar un fragmento de un hueso de uno de ellos, y un pedazo de tela con el ADN de otro mas. Eso fue todo.
En marzo del año pasado, en cumplimiento de una recomendación, el gobierno federal y el de Veracruz pidieron a las familias una disculpa pública, tras reconocer que la colusión de las autoridades con el crimen organizado permitió la detención ilegal y desaparición forzada de los cinco jóvenes inocentes, y facilitaron las deficiencias posteriores en la indagatoria.
Tanto el gobernador Cuitláhuac García como el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, se comprometieron a que la investigación continuaría y no habría impunidad. Pero justo unos días después vino la exoneración de Navarrete y otros por las fallas en la indagatoria.
AVC
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