Dos de los programas sociales más importantes de la actual administración –Sembrando Vida y Construyendo el Futuro- parecen fenecer apenas en su curva de aprendizaje. Sus resultados confirman que se trata de hoyos negros donde se han invertido miles de millones de pesos sin lograr resolver los problemas para el que fueron creados: abatir la pobreza, la deforestación –a veces provocada para acceder a los recursos públicos-, la generación de empleo y la reducción de la violencia entre los jóvenes.

A pesar de su fracaso, estos programas se mantendrán por varias razones: la terquedad del Presidente respecto de su concepción asistencialista, el riesgo social que implica retirar estos apoyos en medio de la crisis económica y la proximidad del inicio del proceso electoral. El Presidente debe mantener su discurso social, pero al mismo tiempo, garantizar la plataforma electoral que tanto dinero ha costado construir.

Sin embargo, ambos programas padecen el mismo cáncer del pasado: la corrupción generalizada de sus funcionarios y operadores. Como siempre, los recursos se siguen quedando en las estructuras burocráticas.

Durante el primer año de gobierno, cada planta del programa “Sembrando Vida” costó ¡375 pesos! al erario, tomando en cuenta que se ejerció un presupuesto de 15 mil millones de pesos y que al final sólo serán viables alrededor de 40 millones de árboles. La meta era sembrar 575 millones de plantas –quince veces más- y sólo se pudo contar con 80 millones de plantas, es decir, que se cubrió nada más el 13.9 por ciento de las necesidades.

Y de lo poco que se sembró, la mitad de las plantas no sobrevivirán. De los 80 millones de plantas sembradas, únicamente la mitad, 40 millones, serán viables; en 2020 se esperan sembrar mil 100 millones de plantas, para recuperar el faltante de 2019, y para ello, se tiene casi el doble de presupuesto, poco más de 28 mil 500 millones de pesos. Hasta aquí, la versión oficial de la Secretaría del Bienestar.

Esta es la realidad: este lunes, el periódico El Universal publicó un reportaje en el que campesinos beneficiarios de “Sembrando Vida”, uno de los programas emblemáticos del gobierno de López Obrador, denunciaron que los operadores de dicho proyecto les cobran una “cuota” de entre 100 y 200 pesos mensuales, y en caso de no pagar, los amenazan con darlos de baja.

Otras irregularidades que fueron evidenciadas acerca de este programa, por ejemplo, la entrega fuera de temporada de las semillas, falta de herramientas e insumos y escaso acceso al agua en algunas regiones. En muchos casos los técnicos no cuentan con la capacitación adecuada para esta tarea ni un plan de trabajo concreto. Hay psicólogos asesorando habilitados como técnicos agropecuarios.

Así, los miles de campesinos inscritos en el programa están pagando con sus propios recursos la improvisación y la corrupción de los operadores.

Los jóvenes tampoco están construyendo el futuro. Según cifras de la subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro reveló que únicamente ¡dos de cada cien becarios obtuvieron un puesto de trabajo! en el primer año del funcionamiento del programa. Con datos preliminares, de los 916 mil 646 becarios inscritos en el primer año sólo 20 mil de ellos consiguieron un puesto de trabajo en el lugar donde fueron capacitados, es decir únicamente el 2.2 por ciento de los becarios.

En este programa, la corrupción fue aún peor. Moches, robos de identidad, empresas fantasma y cero procesos judiciales forma parte de lo que se vive en los diferentes estados de la república, según exhibieron medios de comunicación de todo el país desde mediados del año pasado.

Durante su primer año, hubo infinidad de denuncias de jóvenes inscritos en el programa que dan moches a las empresas o instituciones cuyo monto va de los 500 hasta los mil 600 pesos por no asistir a la capacitación; asimismo, hay empresas que retienen cierto porcentaje de las becas y otras que son fantasma y pretendían reclutar a jóvenes para desviar recursos. Sin embargo, en el caso de las empresas que se quedan con un porcentaje o el total de la beca, no existen procesos judiciales en su contra.

Pero en lugar de sancionar la corrupción, el gobierno ha decidido premiarla. Este año, el monto de las becas se equiparó al salario mínimo (3 mil 748 pesos al mes) y el padrón de becarios creció a un millón 317 mil jóvenes.

Al gobierno no le importa haber sembrado sólo 40 millones de árboles o de haber creado sólo 20 mil empleos. Lo importante es mantener el subsidio a millones de personas que forman su base electoral, al menos, hasta que la corrupción los devore.

Las del estribo…

1.  La intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el asunto del contagio masivo de Covid19 en Pacho Viejo es más que oportuno. Ha dado 24 horas para que la Secretaría de Seguridad Pública informe sobre lo que está pasando con la población carcelaria y los custodios. Esperemos no volvernos nota nacional en los próximos días.

2. Este jueves, la joven regidora de Minatitlán, Damara Gómez, tomará protesta como Secretaria General de la Asociación Nacional de Regidores de México (ANAREM). Será una posición relevante para un PRI en decadencia. Significa también una bofetada al gobierno municipal de Morena, cuyo Presidente ha sido señalado de amenazas en contra de la próxima dirigente de regidores en el país.