El Protocolo para atender la violencia de género en la Universidad Veracruzana (UV) es un documento vivo y perfectible, además representa un primer paso en la prevención y erradicación de este fenómeno al interior de la máxima casa de estudios, expresó Beatriz Rodríguez Villafuerte, coordinadora de la Unidad de Género. 

El pasado 28 de mayo, a invitación de la Red Universitaria de Géneros, Equidad y Diversidad Sexual de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), junto con María Lilia Viveros Ramírez, asesora jurídica de esta Unidad, participaron en el taller virtual Prevención y atención de la violencia de género en las instituciones de educación superior (IES) en contextos interculturales. 

En él, compartieron el surgimiento, procedimiento, avances, tropiezos y resistencias institucionales a los que se han enfrentado rumbo a la conformación de dicho texto, el cual no será suficiente sin un cambio profundo de conductas entre los integrantes de la comunidad universitaria. 

No obstante, Rodríguez Villafuerte destacó el respaldo de la rectora Sara Ladrón de Guevara, la primera mujer en los 70 años de historia de la UV en ocupar este puesto, y para quien el impulso de acciones e iniciativas de esta índole ha sido una prioridad y convicción. 

También hizo un reconocimiento a todos los miembros de la institución de las cinco regiones por hacer aportaciones precisas en beneficio del propio documento. Y en el caso de los consejeros universitarios, por haber brindado una visión distinta a la de los abogados, académicos investigadores, y que no se había considerado. 

Subrayó que debe reconocerse que la violencia de género y la discriminación están ahí y siguen silenciándose, por eso es necesario ponerse en los zapatos de las víctimas, de una alumna o un alumno que enfrenta esta situación. Con esto, los exhortamos a no quedarse callados, a no guardar silencio pues quien calla se vuelve cómplice”. 

Al compartir los procesos, retos y tropiezos que ha habido en el camino, puntualizó que difícilmente podrá verse reflejada la opinión del 100 por ciento de la comunidad universitaria, pero sí de los más representativos. 

Reiteró que será un documento perfectible y modificable, al que será difícil ponerle punto final; por ejemplo, tendrá que incluirse la atención virtual de casos y quejaslo cual no había ocurrido antes de este periodo de confinamiento, así como el acoso cibernético. 

Recordó que el protocolo fue presentado por primera vez el 25 de noviembre de 2019, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, ante la comunidad universitaria de la región Poza Rica-Tuxpan. 

Posteriormente, se hizo lo propio ante el H. Consejo Universitario General (CUG), en sesión ordinaria, el 9 de diciembre de 2019. Ese mismo día, fue aprobada la Declaratoria por espacios libres de violencia. 

También recalcó que no es un instrumento jurídico, pues no se puede sancionar o interponer sanciones mayores a un acompañamiento. Sin embargo, para su desarrollo se analizaron protocolos de diversas universidades ya que cada una presenta contextos, estructura, normatividades, personalidad jurídica y comunidad distinta. 

Se trató de hacer un traje a la medida, se buscó la forma de traer a la mesa e incorporar a este documento las experiencias que no habían podido resolverse, atenderse e incluirse.” 

Por su parte, María Lilia Viveros Ramírez subrayó que lo primero que hicieron fue preguntarse cómo se siente una persona que ha sufrido violencia de género, cómo debe responder la institución y la persona que recibe la queja. Pero, además, qué otra cosa debe hacer la Universidad para llevar a cabo o iniciar un procedimiento sancionador. 

En este sentido, se tomó en cuenta el marco normativo nacional, internacional y local, se refirieron cada uno de los procedimientos laborales o sancionadores administrativos con los que ya se contaban, estructura, capacidades y la legislación universitaria. 

Aseveró que un protocolo no es un instrumento jurídico que imponga un modo de comportamiento, sino que busca cómo proyectar la perspectiva de género en la atención de las víctimas y así orientar a las autoridades universitarias en su incorporación en el quehacer diario. 

Por tanto, a la Coordinación de la Unidad de Género le corresponde guiar las políticas o acompañar a la tomadora de decisiones, en este caso la Rectora, en todos los procesos universitarios. 

Asimismo, tuvo que reconocerse que la formalización de la queja es un derecho y que no sólo con el registro de la denuncia donde se relata una serie de hechos que han lastimado a una persona, darle curso para iniciar la investigación, citación y audiencias, se resuelve el problema. 

Es decir, debe protegerse administrativamente a la víctima desde una atención integral primaria e inmediata para estabilizar su dignidad, y garantizarle que el acceso a un procedimiento administrativo es un derecho potestativo de la persona que ha sufrido el evento. 

Asimismo, se busca que no haya deserción escolar ni que pierdan la oportunidad de permanecer como estudiantes o trabajadoras. 

Finalmente, la UV se ha comprometido a implementar acciones para que no se tengan estos eventos de forma recurrenteTenemos claro que el protocolo por sí mismo no resolvería la vida y que el fin último no es la sanción, sino detener las causas y efectos, atender a la persona en su integralidad, darle la posibilidad de acceso a la justicia, y como víctimas potenciales que somos el resto de la comunidad universitaria, poder tener estas acciones que nos permitan trascender, formar y configurarnos como comunidad. 

UV/Claudia Peralta

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