Lo primero que hará Tomás Mundo Arriasa en caso de ser elegido este jueves como Fiscal General del Estado será promover la liberación de todos los indígenas privados de su libertad y que presumiblemente son inocentes.

Reconocido como uno de los expertos veracruzanos en el nuevo sistema de justicia penal, coordina desde hace tres años la red “Veracruzano Inocente”, un organismo que se dedica a la defensa de personas de grupos vulnerables, principalmente indígenas y mujeres acusadas del delito de violencia doméstica, recluidos injustamente. Hoy es uno de los 21 candidatos a encabezar la Fiscalía.

Hace algunas semanas, en una entrevista con medios, dijo que en los Centros de Reinserción Social de Veracruz (Cereso) hay cuatro mil 100 presos indígenas sentenciados y procesados, la mayoría encarcelados injustamente por la miopía de las leyes, por violaciones al debido proceso, por deficiencias en la integración de las carpetas de investigación, por no privilegiarse el principio de presunción de inocencia, por la presentación de falsos testigos y por una deficiente defensa técnica.

“Es algo que no volverá a volver a pasar en caso de que yo sea el nuevo Fiscal del Estado”.

Tomás Mundo es de esos abogados que no lo parecen. No se refugia en citas aprendidas de memoria ni intenta dictar cátedra cuando sostiene una conversación ordinaria. Está seguro que la crisis en el actual sistema de justicia penal radica en la capacitación, por ello, recorre el continente para capacitarse en los distintos modelos de justicia penal.

Insiste en que la Fiscalía necesita salir de la precaria situación en que se encuentra. El Sistema de Justicia no está en crisis; si su operación fuera la adecuada, no tendríamos a tanta gente en las cárceles y los expedientes no durarían abiertos meses. Lo que está en crisis es la Fiscalía debido a que no ha llegado gente competente, con capacidad y experiencia.

Hay dos grandes pendientes del nuevo sistema de justicia penal: la capacitación y la impunidad. Una es consecuencia de la otra. Estamos viendo que la capacitación no fue la correcta y tampoco se capacitó en los lugares donde debía hacerse. El sistema no lo integra sólo la Fiscalía; si todos los actores no están capacitados –ministerios públicos, policía ministerial, policías municipales y del estado, jueces- entonces el sistema se cae. Eso es lo que está pasando.

Las condiciones en las que se encuentra la Fiscalía, dice, hace peligroso para la ciudadanía los dictámenes periciales y el acceso a la justicia, debido a que los funcionarios están poco preparados para afrontar los protocolos de detención y persecución de criminales.

Reconoce que hay una violación sistemática al debido proceso. En promedio, en 7.5 de cada 10 detenciones y pesquisas hay una violación a los derechos básicos de los imputados. Esa es una de las razones por las que los juzgados se una vuelto en una puerta giratoria: de la misma forma que entran, salen.

Lamentó de que a pesar de que uno de los propósitos del nuevo sistema de justicia ha sido reducir el nivel de impunidad, esta permanece casi en el 99 por ciento. “Y estamos hablando sólo de los delitos que se denuncian, entonces hay una tarea enorme que hacer por parte de todos los operadores del sistema.”

A pesar de todo es optimista. Piensa que sí es posible que en México las Fiscalías se logren establecer como organismos autónomos del gobierno para que se conviertan en contrapesos del poder ejecutivo. Pero aclara: la autonomía no es divorcio ni confrontación entre los poderes. Ser autónomos obliga a mantener una coordinación estrecha con la autoridad, coordinación que no debe entenderse como subordinación; por eso es que muchas veces se acusa que no hay autonomía.

¿Este ha sido un proceso de elección de Fiscal con piso parejo?, le cuestiono. Sí hay piso parejo. Todos tuvimos la oportunidad de comparecer ante los diputados; hubo las mismas condiciones de publicidad. Cada quien tuvo la libertad de presentar su proyecto de trabajo; espero elijan el mejor y a quien esté más capacitado para el cargo.

¿Aceptarás la decisión del Congreso? Si la aceptaré.

Las del estribo…

1. La (re)elección este jueves de la Fiscal General del Estado le ha restado protagonismo a la designación de los dos nuevos comisionados del IVAI. Una plaza se prevé destinada para José Alfredo Corona Lizárraga, actual encargado de la Fiscalía Anticorrupción –y sobre quien pesa una denuncia por encubrir al ex tesorero de Actopan-, a quien buscan darle una salida decorosa; la segunda la pelea Gilberto Salazar Ceballos, actual subdirector de Prerrogativas en el OPLE y con experiencia en organismos autónomos. Veremos que deciden en la Segob.

2. PAN y Circo Moreno. Las acusaciones de Julen Rementería sobre empresas fantasmas en la SEV, si fueran verdaderas, se caen por el circo mediático que ha montado. Que denuncie donde debe hacerlo, no vociferando en la calle. Denunciar en medios, como también lo ha hecho el propio titular de la SEV, es basura. Julen quiere construir su candidatura a Gobernador con la misma receta que Miguel Ángel Yunes, la polémica y el escándalo, no las ideas.