Si bien será uno de los partidos menos perjudicados por la reforma electoral aprobada por el Congreso Veracruz, que implica una reducción del 50 por ciento en las prerrogativas, Acción Nacional podría enfrentar serios problemas de cara al proceso electoral de 2021, cuando los veracruzanos votarán por ediles, diputados locales y legisladores federales.

Este año, el albiazul de Veracruz enfrenta un recorte en sus recursos por el orden de 23 millones de pesos, que se descuenta de las prerrogativas que le corresponden al partido.

Es una multa que fue aplicada al PAN por parte del Instituto Nacional Electoral, dadas las irregularidades cometidas por el instituto político, en los tiempos de la dirigencia de José de Jesús Mancha Alarcón.

El partido no pudo transparentar el manejo de los recursos públicos que se le entregaron y a ello obedeció la multa.

Actualmente, Acción Nacional deja de recibir la mitad de sus prerrogativas.

Luego de la multa, notificada en noviembre pasado, el partido impugnó la resolución del INE, pero ésta fue ratificada. Posteriormente, el PAN pidió que los descuentos se limitaran al 25 por ciento y no al 50, pero el planteamiento fue rechazado.

Sólo durante el segundo semestre del presente año, el descuento mensual por esa multa será de más de 3.5 millones de pesos, recursos que no recibirá el partido.

Por otro lado, si 2020 es un mal año para la estructura y la dirigencia estatal del blanquiazul, esperen a ver lo que traerá 2021 en materia de financiamiento público, dado que habrá menos dinero para el trabajo de partido.

El problema para los panistas no sólo radica en esa asfixia presupuestal derivada del mal manejo de su gasto; de hecho, el partido está a punto de encarar su proceso de selección de candidatos a cargos de elección popular rumbo a 2021 en uno de sus peores escenarios: la fractura interna.

Las heridas que dejó la contienda por la dirigencia estatal entre Mancha Alarcón (grupo Yunes) y Guzmán Avilés (apoyado por Julen Rementería y Tito Delfín) amenazan la estabilidad del partido en ese proceso de selección de candidatos.

Guzmán Avilés no ha logrado consolidar un liderazgo real en todo el estado; su presencia es más bien regional y se circunscribe a la zona de Tantoyuca; en contraparte, quienes conocen bien la vida interna del panismo veracruzano saben bien que el grupo de los Yunes de Veracruz-Boca del Río sí cuentan con una estructura estatal.

Guzmán Avilés, con el apoyo de la militancia, es dirigente del PAN en la entidad, pero ese apoyo no es suficiente para garantizar un buen resultado electoral en 2021, cuando el partido tendrá que abrirse a las candidaturas externas e incluso a las alianzas con otras fuerzas políticas.

Matrimonio por conveniencia, el PAN necesita a Yunes tanto como Yunes al partido; de tal manera que de la solución a la fractura interna dependerá en gran medida el resultado que obtenga el albiazul en las elecciones para alcaldes y diputados. Ese, y no el tema de las prerrogativas, es el principal reto del panismo veracruzano.

Ailett G. Cayetano, perfilada para la Fiscalía Anticorrupción

En el Congreso de Veracruz, los diputados están a punto de designar a los fiscales General del Estado y Anticorrupción.

Para relevar al actual encargado de despacho, Alfredo Corona, se perfila Ailett G. Cayetano, actual directora General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

La abogada xalapeña lleva la representación legal de la dependencia, cuenta con suficientes cartas credenciales en cuanto a preparación profesional, y está muy involucrada en la cadena del sistema penal acusatorio; dada la naturaleza de la función policial, está familiarizada con las figuras de “puestas a disposición”, “informe policial homologado”, “Registro Nacional de Detenciones”, y “legalización de la detención”.

El nombre de la actual funcionaria de la SSP se encuentra entre los mejores perfiles para ocupar el cargo de la Fiscalía Anticorrupción de Veracruz y sería una sorpresa que los diputados locales no la designen para dicho cargo. @luisromero85