Aunque finalmente terminó yéndose de la Contraloría General del Estado en septiembre de 2019, Leslie Mónica Garibo Puga había presentado ya en febrero de ese mismo año su renuncia debido a supuestos reclamos y presiones porque en los primero dos meses de la actual administración estatal, la contralora y su equipo de trabajo “fueron incapaces” de encontrar irregularidades, expedientes de declaraciones patrimoniales incompletos o alguna información concreta que sirviera de contexto para poner querellas penales en contra de exfuncionarios del bienio del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

“No es que los panistas y yunistas no hayan robado, es que en la Contraloría fueron tan tontos que en dos meses no pudieron encontrar nada. Y con el tema de gobernabilidad tan complicado, urgía, apremiaba una cortina de humo”, le explicó en aquél entonces un funcionario del gobierno estatal de Morena al reportero Noé Zavaleta, corresponsal en Veracruz de la revista Proceso.

Sin embargo, uno de los casos más sólidos que tenían muy bien documentado en el gobierno de Cuitláhuac García para proceder penalmente en contra de su antecesor es el de las 6 mil 400 cámaras de videovigilancia instaladas durante el yunato en las ciudades de Pánuco, Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Córdoba y Coatzacoalcos, por las cuales la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a cargo de Jaime Téllez Marie pagó mil 200 millones de pesos por adelantado a pesar de ser aparentemente obsoletas, a que el trabajo de instalación quedó inconcluso y que sólo operaban con deficiencias apenas el 34 por ciento de ellas.

Este caso lo ha llevado la actual directora general Jurídica de la SSP, Aillet García Cayetano, quien ahora es perfilada para ser designada por el Congreso local como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para el periodo 2020-2025, no obstante el evidente conflicto de interés por ser esposa de Elio Hernández Gutiérrez, secretario de Infraestructura y Obras Públicas.

Sin embargo, este miércoles, El Sol de México publicó en la columna “A la Sombra” el siguiente comentario: “Nadie sabe, nadie supo. Ahora resulta que la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz no encuentra una auditoría realizada a la compra de más de seis mil 476 cámaras durante el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares. Resulta que esa auditoría investigó a detalle cómo fue entregado e instalado ese costoso equipo tecnológico, que busca inhibir el crimen. Por ahora nos aseguran que la dependencia del gobierno veracruzano no sabe en dónde están los documentos, misterio que también provocó un pleito legal y de demandas ante la Fiscalía General de la República.”

¿Qué fue lo que pasó? Una presunta explicación es que el extitular de la SSP, el yunista Jaime Téllez Marie, es amigo cercanísimo de la familia de Guadalupe Hernández Hervis, (a) “La Jefa”, quien era la operadora de Hernán Martínez Zavaleta, (a) “El Comandante H”, exjefe de Los Zetas en el sur de Veracruz y Tabasco, entidad donde fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República el 1 de julio de 2017, ocho días después de la masacre de una humilde familia en Coatzacoalcos, entre ellos cuatro menores de edad.

Precisamente en su declaración ministerial que rindió ante la PGR tras la detención del capo de Los Zetas, Téllez Marie afirmó que Hernández Hervis era su “informante”, lo que habría contribuido a que dos años después fuese liberada luego del arribo de su prima hermana Verónica Hernández Giadáns a la Fiscalía General del Estado.

¿Acaso están traicionando al gobernador… o a poco Cuitláhuac ya tiene acuerdo con los incondicionales de Yunes Linares?