Proponer que el INEGI tenga la facultad de entrar a los domicilios particulares para medir la riqueza y conocer el patrimonio inmobiliario y financiero de los ciudadanos es demencial.
Tal vez el dirigente nacional de Morena y promotor de esta aberración, Alfonso Ramírez Cuéllar, no se ha enterado que la Constitución (Artículo 16) establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
En su lunática propuesta, el líder del partido del Presidente propone que el INEGI -en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT)-, también tenga la facultad legal de revisar la “totalidad de activos con los que cuenta cada mexicano”. No paró ahí. También quiere que el organismo presente cada dos años un informe que dé cuenta de la riqueza de cada persona (sic).
Ingresar a las casas de los ciudadanos para revisar su patrimonio, sólo ha sido posible en las peores dictaduras implantadas con un régimen militar; eso hicieron los nazis con los judíos porque a Hitler lastimaba y estorbaba su riqueza. Por supuesto que no es el holocausto, sólo la confirmación de una obsesiva persecución de los ricos, resultado de un profundo e inexplicable resentimiento del Presidente.
Si el Estado quiere saber lo que tenemos, que revise nuestras declaraciones patrimoniales, el pago de nuestros impuestos y supervise nuestros ingresos. Lo que hacemos con ellos no es del interés del gobierno salvo que intente imponer una dictadura donde necesitemos un permiso especial para comprar un refrigerador o una sala y que esto no distorsione le “justa” distribución de la riqueza.
Es tan evidente el despropósito, que ayer mismo hordas de seguidores salieron a deslindar al Presidente López Obrador de tal pretensión. Morena es el partido del Presidente, es el Partido en el poder; la iniciativa sólo responde a la simulada pobreza franciscana promovida por el Presidente.
Sin embargo, la obsesión de López Obrador por el dinero ajeno pone en entredicho su salud mental. En su delirio, no importa cuál sea su origen: la corrupción, la empresa y el comercio, el ahorro o el trabajo honrado. Para él la riqueza es algo inmoral y por tanto debe ser combatida. No pretende generar un país con bienestar donde la gente tenga un ingreso digno, sino que intenta que la mayor parte del uso y destino del dinero –público o privado- dependa de su voluntad personal.
Por eso la cancelación de proyectos de inversión y la parálisis en el gasto público, por eso el rechazo sostenido a la regulación y la competencia económica así como su prejuicio a la inversión extranjera. Para combatir la riqueza, López Obrador se ha inventado su propia economía, la de la felicidad, basada en la subordinación a través de los programas sociales, la persecución hacendaria, el abandono de la pequeña empresa y el comercio, hasta la disminución de salarios a los servidores públicos.
La paranoia del Presidente rebasa límites inimaginables. Hace una semana, frente a la catástrofe financiera que se avecina –lo que arrojará a la pobreza a millones de personas-, López Obrador sugirió “no consumir de manera enfermiza. Si ya tenemos zapatos ¿Para qué más? Si ya se tiene la ropa indispensable, sólo eso. Si se puede tener un vehículo modesto para el traslado ¿Por qué el lujo?”, al tratar de explicar la austeridad republicana.
Así hablaban los líderes rusos y cubanos. Mientras, como en México, sus familias y la clase política derrochaban lujos y dinero por todo el mundo a cuenta de una sociedad empobrecida. Las carcajadas de la familia presidencial –los propios hijos han presumido sus lujos, justificando que no son funcionarios públicos- y de gente como Rocío Nahle o Manuel Bartlett, no sólo ponen en evidencia la hipocresía del régimen sino la patológica perversidad del mandatario.
La decisión de que no haya más condonaciones fiscales multimillonarias no sólo es correcta sino necesaria; que empresas y grandes consorcios paguen sus impuestos a tiempo y en la cantidad que corresponde es lo que hemos exigido todos los contribuyentes pequeños. El problema no es que hacienda revise nuestras cuentas –esa es la función del Estado- sino que lo siga haciendo como antes: de manera selectiva y como un mecanismo de coerción a favor del gobierno.
Cuando el Estado ingresó a los domicilio de las personas se estableció una dictadura. Todas las dictaduras han terminado en revoluciones sangrientas. ¿Qué país piensan que gobiernan estos lunáticos para intentar implantar un nazismo mexicano?
Las del estribo…
- En su artículo semanal, el diputado federal Héctor Yunes dice que el Gobernador Cuitláhuac García no será sometido a revocación de mandato sino quien lo sustituya en el cargo a partir del mes de diciembre. Antes, alguien debe explicar al mandatario estatal que la reforma aprobada no aborda la revocación de mandato, así que ni él ni su eventual sucesor, estarán exentos de esta consulta que se realizaría en el 2022, como marca la Constitución federal y como deberá armonizarse la del Estado.
- El alcalde de Orizaba asegura que 23 muertes por neumonía atípica en ese municipio habrían sido en realidad por Covid-19. Nadie lo puede asegurar porque no se siguieron protocolos ni se tomaron muestras. La situación se replica en todo el estado. Veracruz sigue siendo una catástrofe que nadie quiere ver y todos intentan ocultar. Por eso el gobierno federal nos manda un centenar de médicos.