Los organismos de defensa de derechos humanos enfrentan una preocupación por el decreto presidencial en el que se ordena el regreso de la Fuerza Armada permanente a las calles para participar “de manera extraordinaria” en labores de seguridad.
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, señaló que tanto la Comisión Nacional como los organismos estatales ven con preocupación este retorno de las fuerzas federales a las calles por las violaciones a los derechos humanos que se han registrado en el pasado.
”La Comisión Nacional recibió innumerables quejas en las que se dolían de violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, en el entendido de que la capacitación de estas fuerzas están hechas para la guerra no para la seguridad pública. Está más que documentado por CNDH, organizaciones civiles que existieron abusos graves contra civiles por parte de las fuerzas armadas”.
Señaló que en el decreto no existe claridad sobre cómo entender los mecanismos bajo los cuales operarán, ya que se manejan conceptos como extraordinariedad y subordinación que no establecen con exactitud cómo se aplicarán.
”Es una preocupación que compartimos todas las comisiones locales de derechos humanos, es un tema que hemos estado discutiendo. No queda claro cómo había que interpretarse qué se entiende por participación extraordinaria, subordinada, complementaria para tener seguridad jurídica. Existe una posibilidad latente, con la experiencia que hemos tenido, de que se pongan en riesgo los derechos humanos”.
Insistió en que la Corte señala que cuando excepcionalmente las fuerzas armadas intervengan en tareas de seguridad debe ser de manera extraordinaria, debidamente justificada, temporalmente restringida, subordinada por corporaciones civiles y regulada mediante mecanismos legales, protocolos sobre el uso de a fuerza y fiscalizada por órgano civiles civiles competentes e independientes.
Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la regla general es que las fuerzas federales no deben participar en tareas de seguridad pública, y ha emitido sentencias contra el Estado mexicano por la violación de derechos humanos durante la llamada ”guerra contra el narcotráfico”.
Se trata de la sentencia por el caso Alvarado, ocurrido en diciembre 2009, cuando tres miembros de una misma familia, Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, fueron detenidos arbitrariamente por militares y no se supo más de ellos.
En la sentencia del 28 de noviembre 2018, la Corte reconoció la responsabilidad del Ejército mexicano en la desaparición de los tres primos, así como la responsabilidad del Estado mexicano por faltas a la hora de llevar a cabo una investigación adecuada.
Estableció que el Estado mexicano permitió que el caso fuera declinado a favor del fuero militar, lo que es considerado grave por el “acreditado contexto de impunidad en México respecto de este tipo de casos demuestra la falta de fiscalización de dichos operativos con participación militar”
Por ello, ante el regreso de las fuerzas federales a las calles la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos alista un pronunciamiento sobre este tema.
Hay que recordar que presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el regreso de la Fuerza Armada permanente a las calles para participar sin exceder un tiempo de cinco años.
La participación de las instituciones castrenses se realizará de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública
Y su presencia en la calles será hasta que la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.
AVC/Perla Sandoval
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