Al menos en seguridad pública, el sexenio de López Obrador ya se acabó. Con el Decreto publicado este lunes, el Presidente reconoce el fracaso de la Guardia nacional y concede atribuciones extraordinarias al Ejército y la Marina para hacerse cargo de la seguridad hasta el final de su gobierno.
Los soldados no volverán a las calles, sino que tendrás atribuciones de la policía civil, con lo que se formaliza la militarización de la seguridad del país, algo que ni Calderón ni Peña Nieto se atrevieron a hacer. El actual gobierno fue más allá: legalizó la militarización de la seguridad pública, en contra de la propia Constitución, de los tratados internacionales y las recomendaciones internacionales.
La decisión del Presidente llega en medio de una crisis de seguridad impensable en medio de la pandemia y el aislamiento social. Cuando el gobierno calculada que la delincuencia disminuiría como cosa natural por la cuarentena, resulta que hemos tenido los meses más violetos del sexenio. López Obrador se rindió.
La publicación del Decreto se da luego de un repunte muy importante en la violencia, disimulado por la pandemia y el aislamiento social. El pasado mes de marzo fue el más violento del sexenio -y el segundo más violento en 5 años-, pues se registraron 3 mil 078 víctimas de homicidios dolosos y feminicidios, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El número de víctimas deja ver un claro repunte respecto a meses pasados, pues desde agosto 2019 no se registraban más de 3 mil homicidios dolosos en un mes. En este escenario, Veracruz ha vuelto a ser testigo de ejecuciones en lugares público y el enfrentamiento en bandas de la delincuencia organizada.
Según el decreto, los elementos del Ejército y la Marina podrán ejecutar legalmente doce funciones de seguridad pública que por definición eran competencia exclusiva de los policías civiles en México. Se trata de policías civiles con uniforme militar.
Estas funciones van desde la implementación de estrategias y operativos para la prevención del delito en general, hasta participar activamente en el resguardo y vigilancia de aduanas, zonas fronterizas, aeropuertos, carreteras federales, puntos migratorios, parques nacionales, instalaciones federales, medios de transporte, entre otros.
Pero eso no es todo. Lo que antes atribuciones exclusivas de la policía, hoy también lo serán de los militares. Al compartir por decreto las tareas de la Guardia Nacional, los soldados y marinos podrán realizar detenciones o asegurar bienes posiblemente relacionados con algún hecho delictivo, así como preservar lugares relacionados con crímenes y recolectar evidencia en estos.
En síntesis, podrán intervenir por su cuenta en caso de que se cometa un delito, lo que invadiría incluso el ámbito del ministerio público. También podrán colaborar con autoridades estatales y municipales en acciones encaminadas a preservar el “orden público” y “restablecer la paz”. Podrán hacer lo que quieran, pues.
En realidad, nunca hubo un proyecto de seguridad para el país. La creación de la Guardia nacional no fue más que una ocurrencia para desmarcarse de los gobiernos anteriores. Luego de años de criticar la estrategia militar contra el crimen, López Obrador apuesta todo a las fuerzas armadas para salvar su proyecto de gobierno.
En todo caso, además de dar poderes plenipotenciarios a los militares, el Decreto reconoce intrínsecamente el fracaso de su estrategia de seguridad y fortalece la presencia de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública hasta el final del sexenio. Nunca hubo la intención de regresar a los soldados a sus cuarteles como se prometió.
Al final, fiel a su estilo, López Obrador ha convertido la seguridad pública y la seguridad nacional en una estructura amorfa y sin coordinación, lo que convertirá las tareas de seguridad en una cena de negros.
Hacer extensivas varias de las funciones de Ley de la Guardia Nacional a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, contribuye al conflicto en su operación sobre el mando en las operaciones de seguridad. Al contar con las mismas funciones, se elimina la subordinación de las fuerzas armadas a un mando civil, lo que contraviene la Constitución y el Derecho Internacional.
La militarización de la seguridad pública es la consecuencia de desaparecer a la Policía Federal y sus capacidades institucionales. La Guardia Nacional ha sido un proyecto fracasado. Hasta ahora no se conocen los avances en su organización, capacitación, control de confianza y equipamiento, ni los resultados en las regiones del país donde ha sido desplegada.
López Obrador es más militar que Calderón y que Peña; ante la violencia que lo ahoga, su gobierno se ha tenido que entregar al Ejército que tanto criticó.
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