La Fiscalía General de Justicia de Veracruz solicitó a un juez órdenes de aprehensión en contra de 25 personas, entre accionistas de empresas fantasma y ex funcionarios de Veracruz por fraude específico en contra del DIF estatal cuando Karime Macías era presidenta del Sistema.

Entre las órdenes de aprehensión están las del exdiputado del PRI y ex tesorero Antonio Tarek Abdalá, y del contador Víctor Manuel López Gachúz, por su presunta participación en la operación de una red de empresas fantasma a través de las cuales se desviaron millones de pesos en el gobierno de Javier Duarte.

Diez de estas personas fueron detenidas el viernes pasado y este jueves sostienen una audiencia en el Penal de Pacho Viejo para la audiencia de vinculación a proceso. De forma preventiva el fin de semana pasado se les dictó un año de prisión.

De acuerdo al expediente ministerial que se le filtró a Animal Político, la lista de los 25 imputados la componen nueve ex servidores públicos del DIF estatal y 16 accionistas y/o apoderados de las empresas que simularon operaciones que le facturaron a dicho organismo.

Los fiscales sostienen que si bien las empresas fueron constituidas legalmente, estas no contaban ni con el personal ni con los recursos materiales para haber realizado los servicios, y aun así los funcionarios del DIF local les facturaron los pagos tras procedimientos de contratación irregulares o arteramente simulados.

La causa penal se concentra en 28 contratos a empresas fantasma que asciende a un desvío de 112 millones de pesos, por los que en su momento la Fiscalía denunció a Presidenta del DIF estatal, Karime Macías.

¿Quienes son los ex funcionarios del DIF detenidos ?

De los 23 imputados restantes hay diez que ya fueron detenidos. Siete son socios o apoderados de las empresas Pefraco, Anzara, Rinoxa, RAVSAN Servicios Múltiples, Abastecedora Romcru, Grupo Balcano y Centro de Negocios CERENE, que ya fueron calificadas de forma definitiva por el SAT como empresas que facturan operaciones simuladas.

A estas personas los fiscales les imputan el delito de fraude especifico en agravio del DIF de Veracruz. Los otros tres detenidos son Julián Alberto Rubín Sandoval, Víctor Manuel Carrizo Yoval. Y Emilia Yasbé Azamar Hernández, todos exfuncionarios del referido organismo y que tuvieron algún grado de participación en las contrataciones ilegales. A ellos se les acusa de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, incumplimiento de un deber legal y coalición.

Entre los que no han sido detenidos se encuentran —además de Tarek y Gachuz— otras personas relacionadas con empresas fantasma y exfuncionarios del DIF local.

De ellos destaca el caso de la exdirectora del DIF Astrid Elias Mansur, familiar de Moisés Mansur, empresario que de acuerdo con investigaciones federales era un presunto prestanombres del exgobernador Javier Duarte y quien desde hace dos años es prófugo de la justicia. Se presume que se encuentra escondido en Canadá.

Tarek y Gachuz, imputados clave

De acuerdo a Animal político, en la acusación presentada ante el juez, a Antonio Tarek se le responsabiliza de haber encabezado la operación administrativa que permitió que el DIF local concediera múltiples contratos a las empresas fachada.

Pero de acuerdo con las investigaciones periodísticas publicadas, el rol de Tarek Abdalá va más allá. Se trata del presunto artífice del contacto del gobierno de Veracruz con la red de empresas fachada primero desde el DIF local y posteriormente de múltiples dependencias de la administración estatal.

Fue la Tesorería del estado que el encabezaba desde donde se habrían facturado al menos 1 mil 459 millones de pesos de los 3 mil 617 millones desviados de las arcas estatales. Exfuncionarios veracruzanos señalaron a su vez que Tarek también ordenaba los pagos etiquetados desde otras dependencias.

El propio Tarek Abdalá reconoció en una declaración formal ante la extinta PGR que en efecto llevó a cabo el pago de facturas a empresas fachada, pero sostuvo que lo hizo siguiendo las órdenes de Duarte y de Karime Macías. Dicha declaración la realizó tras alcanzar un acuerdo con dicha Procuraduría que le permitió no ser procesado durante varios años.

El otro personaje clave es el contador Víctor Manuel López Gachuz, cabeza de un despacho de contadores denominado GLG Empresarial, y dueño de restaurantes y otros negocios. De acuerdo con el expediente presentado ante el juez, varios de los socios de las empresas fantasma eran trabajadores del referido despacho.

En el reportaje “Fábrica de Empresas Fantasma” publicado por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se documentó que fue el despacho de López Gachuz el responsable de constituir una red de casi 400 empresas fachada las cuales fueron utilizadas tanto para ganar contratos del gobierno de Duarte, así como para transferir el dinero y ocultar su origen.

Una de esas empresas se utilizó, por ejemplo, para adquirir una casa y varios terrenos que Javier

Duarte le regaló a una exfuncionaria, mientras que otra compañía de la red (Logística Asismex) fue utilizada para financiamiento electoral ilegal en la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto.

Cabe señalar que luego de la publicación de este reportaje, el despacho de López Gachuz cambió su imagen y nombre pero continuó operando en las mismas oficinas localizadas en la calle de Sahagún 123, del municipio de Boca del Río, Veracruz,

Se encuentran pendientes de cumplimentar las órdenes de aprehensión que fueron concedidas por el juez a petición de la Fiscalía.

En el caso específico de Tarek Abdalá y López Gachuz, hay autoridades que presumen que podrían encontrarse fuera del estado y posiblemente del país, por lo que se estudia incluso la emisión de una alerta migratoria y posible ficha roja de Interpol para facilitar su localización y detención.

Además, hay diversas investigaciones ministeriales a nivel federal y estatal que siguen en curso.

AVC

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