Prefacio.
La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación frente a la posible comisión de delitos tan graves como desaparición forzada de personas, extorsión y fraude. *** Lo singular de este caso es que aparecen como señaladas (entre otras personas) dos damas muy conocidas, una de ellas que ha ocupado cargos relevantes en el servicio público en Veracruz (municipal y estatal) y otra que en la actualidad ocupa una posición preponderante en el gobierno federal, muy cerca del Presidente Andrés Manuel López Obrador. *** Resulta que la dama radicada en Xalapa ofreció sus oficios para “acercar” a un empresario con su amiga en la capital del país, con el fin de amarrar un contrato como proveedor del gobierno federal. *** La reunión se concretó y la actual funcionaria de la 4T pidió una jugosa comisión (“moche” se le llama) para otorgar el contrato. El problema surgió cuando alguna de las partes (o las dos) no cumplió con lo acordado. *** De las llamadas insistentes pasaron a las exigencias más severas y terminaron en las amenazas, con la intervención de elementos de la Fuerza Civil de Veracruz, que habrían actuado de manera extraoficial para presionar al empresario de marras. *** Hoy hay una persona desaparecida y testimonios documentales de las amenazas y de cada paso dado por las personas involucradas. *** ¿Nombres? Aún no, para no entorpecer las investigaciones.
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Es evidente que la acción jurídica iniciada por los abogados de Karime Macías Tubilla, es una respuesta a la ejecución de diversas órdenes de aprehensión contra exservidores públicos del DIF estatal, justo de la época en la que ella era Presidenta del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Veracruz.
Karime Macías Tubilla, hoy ex esposa de Javier Duarte, denunció en la Fiscalía General de la República (FGR) a quien fungiera como tesorero del gobierno estatal (y quien, antes de ocupar dicho cargo, era el encargado de las finanzas del DIF) Antonio Tarek Abdalá, por su presunta responsabilidad en el delito de falsedad en declaraciones judiciales.
A través de la abogada Brenda Cerro de la Garza, Karime Macías aseguró que las manifestaciones falsas de Tarek no sólo representan un agravio para ella, sino también para su exesposo y excolaboradores.
La abogada -quien forma parte del equipo del despacho jurídico de Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana- solicitó al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, iniciar una indagatoria contra el exdiputado federal y “testigo estrella” de la Fiscalía en los casos contra Javier Duarte y quienes fueron sus colaboradores.
Antonio Tarek consiguió de la que en ese entonces era la Procuraduría General de la República (PGR) un “criterio de oportunidad” con lo que, a cambio de aportar información para acusar a Javier Duarte, se retiraban los cargos en su contra.
Dicho acuerdo se firmó un día antes de que finalizara el gobierno de Enrique Peña Nieto y lo liberó de señalamientos en su contra por el presunto desvío de 55 mil millones de pesos que pertenecían a la federación, pues su nombre aparece en 32 carpetas de investigación y en 11 averiguaciones previas.
La denuncia presentada por Karime Macías menciona que en el proceso penal contra su exmarido, Antonio Tarek declaró el 23 de mayo de 2018, que ella asistía a reuniones de gabinete y era quien decidía a qué empresas debían entregarse los contratos que se firmaban con el gobierno de Veracruz.
“Asimismo, estableció en dicha declaración que supuestamente durante el tiempo que ocupó el cargo de tesorero del estado de Veracruz, recibía mensajes por parte del señor Javier Duarte a través de un teléfono marca Blackberry o del teléfono rojo, sobre las transferencias que debía hacer, y entre ellas se encuentra un pago realizado por la cantidad de 750 millones de pesos a medios de comunicación.
“Incluso, el señor Tarek Abdalá Saad, declaró que él sabía que el dinero que transferiría era utilizado en empresas fantasmas”, y que supuestamente Karime Macías decidió en varias ocasiones a qué empresas se les daba.
En su declaración Antonio Tarek manifestó que el dinero se triangulaba a través de las secretarías de Seguridad Pública, Agricultura y Desarrollo Social, para evitar que la responsabilidad cayera en la Secretaría de Finanzas y especialmente en la Tesorería, de la cual él era titular.
La situación jurídica de Antonio Tarek Abdalá se está complicando, pues a pesar del acuerdo alcanzado con la PGR, se ha negado a comparecer en los juicios contra excolaboradores de Javier Duarte, procesos que están basados en sus declaraciones.
En caso de incurrir en desacato, el acuerdo podría ser anulado y reactivar las carpetas en las que aparece involucrado.
No está de más mencionar que durante la administración de Javier Duarte siempre se dio como un hecho que el nombramiento de Antonio Tarek como Tesorero fue en atención a la “sugerencia” de quien entonces era la Primera Dama, Karime Macías.
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Epílogo.
Como dijeran en mi rancho: “éramos muchos y parió la abuela”. Todavía no nos reponemos de “los aplausos” que según Rocío Nahle nos regaló el Príncipe árabe, cuando nos topamos con la noticia de que el petróleo se desplomó a niveles históricos. *** Los futuros del crudo estadounidense cerraron con precios negativos la jornada de este lunes, por primera vez en la historia. ¿La razón? Se acaba el espacio para almacenar combustible, lo que desalienta a los compradores, a lo que se agregan los débiles datos económicos de Alemania y Japón, que sembraron dudas sobre una recuperación del consumo de petróleo. *** La demanda de crudo ha desaparecido, lo que creó una sobreoferta mundial, porque miles de millones de personas se quedan en casa para frenar la propagación del coronavirus Covid-19 y la industria (la gran consumidora del combustible) sigue paralizada. *** Justo lo comentado en esta misma columna sobre la posibilidad de que Javier Duarte se beneficie con las medidas preventivas por el Covid-19, fue ratificado por el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, quien informó que están buscando la preliberación de 400 personas encerradas en prisiones federales para evitar la propagación del coronavirus, entre la población carcelaria vulnerable. *** Cuestionado específicamente acerca de Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, quien tiene 65 años y ha cumplido el 70 por ciento de su condena, el funcionario admitió que podría cumplir con los criterios que se habrán de considerar. *** Los primeros beneficiarios de esta medida serían personas con más de 65 años de edad que hayan cumplido el 70 por ciento de su condena y no hayan cometido algún delito de sangre o contra la salud. “De lo que se trata también es no dejar salir a nadie que haya cometido delitos de sangre ni contra la salud… Algunos patrimoniales, algunos de otra naturaleza, pero nunca delitos de sangre Más allá de las críticas porque primero tener en cuenta que lo más importante es la vida de la persona y hay que tratar de preservar eso y la salud”, dijo. Scherer Ibarra. *** Como aquí mismo comentamos, aunque Javier Duarte no cumple el criterio de la edad, lo cierto es que se le puede considerar “de alto riesgo” por padecimientos como la obesidad y sus problemas de presión arterial. A ello se agrega que es “primodelincuente” y que los delitos por los que purga una condena, no son ni de sangre, ni contra la salud.