Las dramáticas imágenes de Guayaquil, en Colombia, donde las personas ven como sus familiares yacen en las calles por días -muertas por el contagio del Covid19- a la espera de que alguna autoridad se las lleve, parecen dar sentido al video que circula sobre una sesión de cabildo donde el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez, anuncia la ampliación de los cementerios para dar un espacio final a las víctimas de la pandemia.
La decisión es por demás polémica, no sólo por el impacto anímico que representa que los muertos por Covid19 en Xalapa se puedan contar por decenas, sino porque ante ello, las autoridades de salud mantienen a los hospitales en situaciones de alarmante precariedad. Las denuncian que no hay siquiera cubre bocas y equipo de protección no cesan.
Que el gobierno se prepare para enterrar a los muertos antes que realizar acciones contundentes de prevención, es lo que indigna. De no tomarse las medidas necesarias –aun cuando la gente se resista al aislamiento social- la resignación de la pérdida de un familiar se convertirá en ira social, como ya sucede en varios países.
La ampliación de los cementerios es, sin duda, un acto de responsabilidad; pero también lo debe ser que haya información confiable y suficiente de lo que está pasando. Que en nuestra ciudad o cualquier otra del país se repitan escenas como las de Guayaquil tendrán un altísimo costo social y político para los gobernantes.
¿Qué saben las autoridades que no sabemos los ciudadanos? ¿Cuál es el pronóstico de la Secretaría de Salud que autorizó al Ayuntamiento a ampliar panteones mientras niega a hospitales privados la realización de pruebas de contagio? Si quieren evitar infundir temor, ya lo hicieron. Si tienen información, que lo digan, para que Xalapa se prepare a sepultar a sus muertos.
Será una epidemia larga, ha dicho el famoso López-Gatell. Por lo pronto, es seguro que para el 30 de abril, las cosas podrían estar mucho peor que hasta ahora; sería el verdadero inicio de una cuarentena que podría extender por muchas semanas más. Será en la primera semana de mayo cuando se presente la mayor transmisión de la epidemia.
Es imposible pensar que en medio de la fase tres se rompa el aislamiento social, los niños y jóvenes vuelvan a las escuelas y que el comercio reabra sus puertas. Eso no sucederá y debemos estar preparados para ello.
El ciclo escolar se acabó; se levantarse la cuarentena en junio, sólo será para la revisión del material dejado en clase y la regularización de algunos alumnos. El Covid19 logrará lo imposible: que no haya niños reprobados en todo el país, ya que no fue su responsabilidad la fractura del periodo de clases. Tampoco se puede perder un año que tenía un avance de casi el 70 por ciento del calendario.
Lo más grave vendrá en los comercios. Este fin se semana, cientos de pequeños empresarios ya pasaron las de Caín para cumplir con sus compromisos: nómina, renta, insumos y pago de servicios, sin contar claro, el pago de impuestos al gobierno. En tres meses, de muchos de ellos –gimnasios, restaurantes, cafeterías, papelerías, boutiques, entre cientos más- no quedará piedra sobre piedra.
Nayeli Toral Ruiz, nueva síndica de Actopan
Ayer por la mañana, la joven abogada Nayeli Toral Ruiz tomó protesta como nueva síndica del municipio de Actopan. Sin carrera política previa, ni militancia partidista, pero con un reconocido liderazgo en la región, la nueva edil tuvo que librar una batalla legal para que se le reconociera el derecho de ocupar el cargo, luego del desafuero de la síndica propietaria Yazmín Palmeros Barradas.
El origen del conflicto está en la ambición política del ex regidor segundo y actual presidente municipal interino, Eduardo Carranza Barradas (MC), quien intentó imponer en todo momento a una persona incondicional en la segunda posición edilicia del Ayuntamiento. Según la Constitución local y la Ley Orgánica del Municipio Libre, la sindicatura representa un verdadero contrapeso al desempeño del presidente municipal
Carranza Barradas ya fue alcalde de Actopan. Conoce bien el municipio y sus problemas, pero también la forma de encontrar falsos subterfugios en la ley. La oportuna intervención del Presidente de la Jucopo, Juan Javier Gómez Cazarín, y de los buenos oficios de la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, evitaron que el alcalde interino fuera llevado a juicio por desacato.
En las últimas semanas se ha denunciado el despido injustificado de decenas de empleados municipales que buscan ampararse toda vez que el actual munícipe sigue siendo interino, a diferencia de la propia síndica Nayeli Toral Ruiz, cuyo nombramiento fue emitido por vía de decreto por el Congreso local. Su título de licenciada en Derecho también la avala.
Pero los problemas no paran ahí. Los dos últimos tesoreros municipales mantienen sendos procesos abiertos por desvío de recursos públicos. Por esta razón, la tesorería está intervenida y los ojos del Congreso están puestos en el desempeño y la fama cuestionable del actual presidente municipal.
De mantener su actitud desafiante y fuera de la ley, es posible que su destino sea el mismo que el de su antecesor y los dos tesoreros.
Las del estribo…
- El Presidente debe estar feliz. Sabía que su mensaje causaría escozor y enojo en una clase empresarial tradicionalmente beneficiada en situaciones de crisis. Su argumento de que se trata de ayudar a los más pobres lo reposiciona y esconde el verdadero impacto de sus decisiones. Nadie está en contra de que ayude a los mexicanos más vulnerables, sino que las decisiones que está tomando terminarán fastidiándonos a todos.
- Un ejemplo. Crear 2 millones de empleos en un año es imposible. Los empleos creados durante 2019 sumaron 342 mil, la mitad de los que se generaron un año antes; fue la cifra más baja en 10 años. Ahora, con coronavirus y sin dinero, ¿de dónde saldrán los empleos? Los programas sociales no cuentan, ya lo dijo el director del IMSS.