El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez publicó las reglas que establecen el proceso de liquidación, tras la extinción del Seguro Popular como sistema de seguridad social en la entidad, y aunque no se refiere de manera expresa a la plantilla de médicos y enfermeras, se establece la obligación de liquidar derechos y obligaciones del organismo descentralizado.

También ordena a la Contraloría General del Estado contratar un despacho contable para auditar el manejo de los recursos asignados al Seguro Popular, así como el proceso de liquidación que se inició este primero de abril.

La gaceta oficial extraordinaria número 130 establece la creación de una comisión de liquidación, integrada por Roberto Ramos Alor, personal de la Dirección Administrativa, de Infraestructura, de Atención Médica, de la Salud Pública, de la Subdirección de Recursos Financieros, de la Contraloría Interna de Sesver y de la propia Sefiplan.

“Para llevar a cabo la extinción de los derechos y obligaciones con los que cuente el Organismo a la fecha del presente Decreto, deberá constituirse una Comisión de Liquidación”, dice el acuerdo firmado por el Ejecutivo.

La comisión tendrá entre sus atribuciones: tomar conocimiento del inventario de los bienes asignados al Organismo que se extingue; autorizar los estados financieros y demás informes presentados por el Representante Legal de la Comisión de Liquidación, respecto del ejercicio de los recursos con los que cuenta el Organismo que se extingue a esta fecha y hasta su total conclusión.

Además, dar seguimiento a los informes de comprobación que sean solicitados por las autoridades de fiscalización, con relación a los recursos a que se refiere la fracción anterior; tomar conocimiento de la designación del despacho que auditará los estados financieros del Organismo que se extingue, así como los relativos al inicio y conclusión de la liquidación.

Desde el pasado 01 de enero se ordenó la desaparición del seguro popular, en enero el Congreso local aprobó al gobierno del Estado la firma del convenio de incorporación con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), convenio que se firmó el pasado 26 de marzo.

Sin embargo, como parte de la aprobación del presupuesto del 2020 los diputados locales etiquetaron más de 4 mil 400 de pesos para la operación del Seguro Popular, por lo que ese dinero se tendrá que dirigir al Insabi.

AVC/Isabel Ortega

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