Graves deficiencias en el funcionamiento del mecanismo de protección

Miami (3 de abril de 2020) .- En México, tres periodistas fueron asesinados desde octubre pasado: María Elena Ferral, Álvaro Ruiz y Fidel Ávila Gómez. Al mismo tiempo, el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa sobre México revela que el mecanismo de protección no tiene recursos para operar de manera eficiente.

Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene una feroz campaña de estigmatización contra los medios y los periodistas.

A continuación, el informe sobre la situación de la libertad de prensa en México, presentado ante la SIP.

«En este período persistió la violencia contra los periodistas, se registraron tres asesinatos, y el sistema de protección gubernamental mantuvo serias deficiencias de funcionamiento para amparar a aquellos reporteros que trabajan en zonas más vulnerables.

El 30 de marzo fue asesinada María Elena Ferral, corresponsal del Diario de Xalapa de la Organización Editorial Mexicana (OEM) y directora del periódico digital Quinto Poder en Veracruz. Había denunciado amenazas de muerte. Ferral trabajó por más de 20 años en Diario de Xalapa, cubría los municipios de Poza Rica y Papantla, donde solía informar sobre desapariciones forzadas a manos de la policía.

El 7 de enero fue asesinado Álvaro Ruiz, locutor y gerente de la estación de Radio Pichucalco 102.1 FM. Reportes preliminares indican que su cuerpo fue encontrado en el interior de su domicilio en el fraccionamiento Santo Domingo en el estado de Chiapas.

El 29 de noviembre Fidel Ávila Gómez, periodista de radio, se trasladó a la localidad de Altamirano en el estado de Guerrero para participar en un acto de la Expo Feria Cultural y Ganadera. Sus familiares desconocían el paradero del periodista hasta que el 8 de enero la Fiscalía General del estado de Michoacán anunció que su cuerpo fue encontrado en el interior de un vehículo propiedad del periodista con heridas causadas por arma de fuego.

La estructura de protección para periodistas no ha mejorado. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su Cuenta Pública 2018 al Congreso, el Estado ha fallado en la protección a periodistas y defensores de derecho humanos. En 2018 el Mecanismo de Protección recibió 278 solicitudes de incorporación, de las cuales el 23.4% (65) fueron aceptadas y el 76.6% (213) fueron rechazadas, sin que se indicaran las causas de los rechazos.

El organismo fiscalizador destacó que en la Protección Integral de Periodistas el Estado mexicano realizó acciones desarticuladas y aquellas acciones para protegerlos de los riesgos «han resultado fallidas». Agregó que las labores de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía General de la República para prevenir las agresiones, proteger la vida e integridad del gremio periodístico, así como atender a las víctimas y procurar justicia, «fueron implementadas de forma deficiente».

Las lagunas normativas, el incumplimiento de funciones, y la falta de rigor técnico y de voluntad política con los que opera el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ha ocasionado un aumento de la vulnerabilidad en los casos de periodistas.

El Mecanismo de Protección no se ha consolidado como un sistema de prevención que garantice la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la libertad de expresión y el periodismo a nivel estatal, debido a que de las 32 entidades federativas sólo 25 (78.1%) firmaron convenios de cooperación para la operación del mecanismo», señala el documento de la ASF.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), no contribuyó a procurar justicia a los periodistas víctimas de delito.

Sigue un rezago de 69.5% para averiguaciones previas y del 58.6% en carpetas de investigación, lo que no permitió evitar la impunidad de los agravios, no garantizó los derechos humanos a la vida, integridad, libertad y seguridad.

Existen varias iniciativas legislativas que pueden modificar la protección de la libertad de prensa.

El consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, anunció que propondrá una legislación que equilibre la libertad de opinión y el derecho a la dignidad pública de las personas, según se lo ha pedido el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El senador independiente Emilio Álvarez Icaza Longoria está recopilando opiniones de periodistas para su proyecto de ley para reconocerles derechos profesionales, laborales y establecer estímulos fiscales a pequeñas empresas periodísticas.

El 12 de febrero la diputada del partido oficialista Morena, Rocío Barrera Badillo, anunció que no habría una nueva ley de carácter general para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, y que en cambio presentará cuatro paquetes de iniciativas para modificar 12 leyes.

El primer paquete buscará reformar la ley de protección que de aprobarse le darían al Mecanismo Federal de Protección más alcance en el país, ampliaría las medidas de protección y garantizaría presupuesto anual.

En el Código Civil Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales buscará proteger al periodismo ante los excesos por demandas y sanciones por acusaciones de calumnias y difamación.

La legisladora también anunció la eliminación de la anacrónica Ley de Imprenta.

No precisó si propondrá una nueva Ley del Gasto público en Publicidad, leyes que obliguen la investigación y sanción de delitos contra periodistas y si la Ley General de Víctimas y la Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos permitirá sancionar a quienes obstruyan, agredan o impidan el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa.

El presidente López Obrador sistemáticamente reprueba el ejercicio periodístico con alusiones de que los medios son corruptos, voceros del régimen anterior y mentirosos en sus notas informativas, sobre todo las que son críticas a las acciones de su gobierno, asumiendo que son pagadas por quienes vieron afectados sus intereses con el cambio de gobierno.

Sus críticas pueden ser contra periodistas influyentes como Carlos Loret de Mola y también contra medios extranjeros como The Financial Times, The Washington Post o El País.

López Obrador sostiene que las redes sociales son «benditas», ya que los medios tradicionales mienten: «Basta ver un periódico: El Universal cualquiera, y van a ver cuántas mentiras publica. Los medios de comunicación que no nos ven con buenos ojos, generan información falsa para afectar las acciones de gobierno. En los medios, no en todos, los que no nos ven con buenos ojos, aprovechan cualquier circunstancia para generar campañas de difamación de distorsión, información falsa, este es el caso».

El 28 de enero un juez civil, en segunda instancia, condenó al periodista y académico Sergio Aguayo a pagar 10 millones de pesos —aproximadamente medio millón de dólares— al político y ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, por dañar su honor en una columna periodística. Al día siguiente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó atraer el caso como última instancia.

Aguayo había publicado en su columna del periódico Reforma que el ex gobernador de Coahuila y miembro del partido PRI «es un político que desprende el hedor corrupto, que, en el mejor de los casos, fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana». Moreira fue absuelto de los cargos de corrupción y demandó al periodista por daño moral.

Aguayo hizo un depósito de 450 mil pesos para evitar el pago mayor de 10 millones, y está en espera de que la SCJN atraiga su caso y emita una sentencia definitiva.

El 10 de febrero los diarios de circulación popular de la Ciudad de México, Metro, Pásala, La Prensa y El Gráfico, publicaron fotos del cadáver de Ingrid Escamilla, quien fue asesinada y degollada por su esposo. Las fuertes imágenes abrieron un debate nacional sobre la pertinencia de publicar esas fotos, su papel en la re-victimización de las mujeres ejecutadas, la pertinencia de mantener el delito de feminicidio en la ley, la filtración de dichas imágenes por las autoridades que atendieron el caso y, en especial, por la necesidad de replantear el género de nota roja y policial.

El debate tomó un giro de condena a los medios de circulación popular, acompañado de voces que pedían la salida de circulación de los diarios y un castigo económico. Cada una de las publicaciones tuvo una forma distinta de abordar el asunto: desde los que no dieron detalles que identificaran a la víctima y su domicilio, hasta los que no se guardaron ningún dato. El asunto provocó marchas feministas de condena pareja a los diarios, donde estuvo ausente el análisis de los medios electrónicos que también difundieron el caso.

Rodolfo Ruiz, director del portal de noticias E-Consulta, con 18 años operando, y autor de la columna «La Corte de los Milagros», está enfrentando cuatro demandas establecidas por igual número de funcionarios allegados al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, afiliado al partido Morena, al que pertenece el presidente López Obrador. Cada demanda, por daño moral, es por 5 millones de pesos, y todas están redactadas de la misma manera.

Los funcionarios han tildado de mentiroso a Ruiz en eventos públicos, aunque nunca usaron derecho de réplica ni petición de aclaración a E-Consulta. Pasaron del ataque público a la demanda. Las cuatro demandas están interpuestas por el mismo despacho de abogados y en todos los casos se solicitan embargos precautorios.

El 27 de febrero Dámaso López Serrano fue sentenciado a 14 años y ocho meses de prisión como autor intelectual del crimen del periodista y escritor sinaloense Javier Valdez Cárdenas.

El 18 de marzo, a casi 3 años de su asesinato, fue condenado Juan Carlos «N» alias El Larry, como coautor material del asesinato de la periodista Miroslava Breach, ocurrido el 23 de marzo de 2017. El juez determinó que el asesinato fue producto de las publicaciones de la periodista.

La SIP también emitió una resolución sobre la impunidad en México en la que, si bien expresó beneplácito al gobierno por contar con el Mecanismo de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, solicitó a los poderes Ejecutivo y Legislativo otorgarle mayores recursos económicos y profesionales y estimular su trabajo en coordinación con todas las entidades nacionales y estatales para proteger a los periodistas.

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