Hace una semana, de la Fiscalía General del Estado (FGE) filtraron en algunos medios el cese de Ángel Rodrigo Serrano Cabrera, «El Potro», con más de 20 años de trayectoria policíaca y quien últimamente se desempeñaba como Comisario de la Policía Ministerial de Tuxpan.

En el texto divulgado subrepticiamente se buscó desacreditar a Serrano Cabrera difamándolo hasta por un juicio civil por la manutención de uno de sus hijos menores.

Sin embargo, todo parece indicar que a Rodrigo Serrano le están cobrando la factura por haber sido el «principal operador y justiciero» del ex fiscal yunista Jorge Winckler, a quien sirvió con el mismo profesionalismo, institucionalidad y lealtad con que colaboró con los otros seis ex procuradores generales de Justicia del estado que despacharon desde el sexenio del ex gobernador Miguel Alemán Velasco hasta la administración de Javier Duarte de Ochoa, todos del PRI.

Precisamente por su discreta forma de conducirse y su eficacia para operar fue que se ganó también la confianza del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN, motivo por el que su fiscal Winckler Ortiz le encomendó, durante el bienio anterior, exclusivamente a él la ejecución de todas las órdenes de aprehensión que los jueces otorgaron en contra de ex funcionarios duartistas.

Al «Potro» no se le escapó nadie. Ni siquiera el temido «Capitán Tormenta», Arturo Bermúdez Zurita, quien como secretario de Seguridad Pública intimida hasta a los colaboradores cercanos de Duarte.

Serrano Cabrera se encargó de esposar también a Leonel Bustos Solís, ex director del Régimen Estatal de Seguridad Social (Seguro Popular); al ex auditor general del ORFIS y ex secretario de Finanzas y Planeación, Mauricio Audirac Murillo; al ex secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib; al ex secretario de Comunicaciones y ex director de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Francisco Valencia García; al ex fiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, y hasta al ex secretario de Gobierno y ex gobernador interino Flavino Ríos Alvarado, entre otros ex funcionarios procesados en el corto régimen de Yunes Linares.

Por eso ha sorprendido que la Fiscalía se deshiciera de este eficaz policía de carrera, pues desde que la LXV Legislatura local destituyó el 3 de septiembre pasado a Winckler Ortiz, la FGE, a cargo provisionalmente de la ex directora Jurídica de la Secretaría de Gobierno, Verónica Hernández Giadáns, sólo ha podido detener a un ex funcionario yunista: al ex subsecretario de Administración y Finanzas de la Sefiplan, Bernardo Segura Molina, pues la ex secretaria Clementina Guerrero García y el ex tesorero Adrián Viccon Basto evadieron la justicia, amparándose de inmediato.

Y recientemente los elementos ministeriales hicieron el ridículo no solo con la fallida aprehensión del ex director de Espacios Educativos de la SEV, Ignacio Barradas Soto, sino que tampoco lograron capturar al desaforado alcalde panista de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, mientras que a la ex síndica Lucero Jazmín Palmeros Barradas… ¡la detuvieron ilegalmente antes de que el Congreso local la desaforara!

Coronado, favorita para el IVAI

Como se comentó ayer aquí, de los 22 aspirantes que pretenden suceder a la comisionada Yolli García Álvarez en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la que parece tener todo a su favor para conseguirlo es Liliana López Coronado pese a que su currículum no es muy impresionante: encargada de la Unidad de Transparencia, Licenciada en Derecho y con Maestría en Derecho de Amparo, y con solo dos cursos tomados en el IVAI, uno en Sistema de Gestión de Seguridad de los Datos Personales y, el otro, un

curso-taller en Lineamientos para Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia.
En «otras actividades» y «cargos desempeñados» únicamente declaró «abogado litigante».
Sin embargo, su mérito mayor, con el que ninguno de los otros aspirantes puede competir en igualdad de condiciones es su relación conyugal con el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García.

Presidente del IVAI, suspendido

Por cierto, trascendió que al igual que la comisionada Yolli García Álvarez, también el comisionado presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, José Rubén Mendoza Hernández, fue suspendido de sus funciones el pasado 13 de marzo por la Subdirección de Responsabilidades Administrativas y Substanciación del Órgano Interno de Control del IVAI, según el Acuerdo de Inicio de Incidente número OIC/IMC/002/2020.