Resulta que las autoridades del Congreso del estado y el cabildo de Actopan decidieron sumarse a la marcha por el Día Internacional de la Mujer y al paro nacional de mujeres #UnDíaSinNosotras, ignorando la ley y negando el derecho a una de ellas de tomar posesión conforme al decreto emitido por el propio Poder Legislativo.
Luego de que el pleno del Congreso local aprobó el miércoles pasado el juicio de procedencia en contra del alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez, y su síndica Lucero Jazmín Palmeros, en la Gaceta del Estado –extraordinaria número 092- se publicó ese mismo día el Decreto número 554 que revoca el mandato a los ex funcionarios y ordena que deberá llamarse a los suplentes. En el caso de la síndicatura se trata una mujer: Nayeli Toral Ruiz.
Inexplicablemente, hasta ahora no se ha dado cumplimiento al decreto; el municipio de Actopan se encuentra sin autoridades, a pesar de que el propio Congreso habría dicho que el trámite sería tan ágil como lo fue el nombramiento del suplente del diputado desaforado Erick Iván Aguilar.
Entrevistado sobre el tema, el propio Gobernador Cuitláhuac García confirmó que “aquí no hay más” y que los suplentes de alcalde y síndica de Actopan son quienes deben asumir el cargo en su municipio, tal como lo marca la ley y como se definió en el Congreso del Estado; debe ser el cabildo de Actopan quien concluya el proceso. Según el mandatario, los suplentes no han podido tomar posesión debido a que hay ausencia de algunos integrantes del cabildo, por lo que no han podido dar cumplimiento al decreto.
Sin embargo, los grupos parlamentarios del PAN –partido que ganó la elección constitucional- y Morena tienen otras intenciones. A pesar de la publicación de la Gaceta del Estado y la declaración de Cuitláhuac, el viernes trascendió que en el Congreso del Estado se desató la disputa por la alcaldía, supuestamente porque la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no quiere entregarla al PAN.
Fuentes de la propia Legislatura, citados por Al Calor Político, informaron que a pesar de que la Constitución y la Ley Orgánica del municipio libre señalan que en este tipo de situaciones, deben ser los suplentes quienes ocupen el cargo –como lo señala el dictamen publicado en la Gaceta Oficial-, se busca que el suplente José Alfredo López Carreto no rinda protesta. Y en ese afán, tampoco lo ha podido hacer la síndica Nayeli Toral Ruiz.
Según la misma fuente, el coordinador de la bancada del PAN, Omar Miranda, asegura que el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Juan Javier Gómez Cazarín, “quiere quedarse con la alcaldía”.
Las ansias de los grupos políticos en el Congreso y en aquél municipio los llevaría a cometer una serie de delitos, aún cuando intenten encontrar salidas de emergencia a las disposiciones de la Constitución, las leyes y el Decreto.
El primero de ellos sería el incumplimiento de un deber legal. Según el artículo 319 del Código Penal del Estado, “se impondrán de uno a ocho años de prisión y multa hasta de doscientos días de salario al servidor público que deje de cumplir con los deberes inherentes a su empleo, cargo o comisión en perjuicio de los derechos de un tercero o en beneficio propio o ajeno”.
Y agrega: “A los servidores públicos que retarden u obstaculicen la prevención, investigación, sanción y reparación, de los delitos contra la familia y violencia de género, mediando discriminación o que incurran en acciones u omisiones que tengan como consecuencia la perpetuación de las condiciones que faciliten la comisión de estos delitos, se les impondrán de cinco a quince años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones hasta por el mismo tiempo.”
También se actualiza la violencia de institucional previsto en el capítulo de los delitos de violencia de género. Así, el artículo 365 señala:
“A quien en el ejercicio de la función pública dilate, obstaculice, niegue la debida atención o impida el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso a programas, acciones, recursos públicos y al disfrute de políticas públicas, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión, multa de hasta trescientos días de salario y destitución e inhabilitación para ejercer otro empleo, cargo o comisión públicos hasta por dos años.”
En caso de que el cabildo no estuviera en condiciones para reunirse y cumplir con el procedimiento, en efecto, la decisión podría recaer en el Congreso; sin embargo, este también debe sujetarse a la Constitución y el decreto; antes de inventar nuevos candidatos al cargo, deberá tomar protesta a los suplentes.
Al amparo de estos razonamientos, la propia Nayeli Toral Ruiz ya giró sendas comunicaciones a las autoridades del Congreso pidiendo precisamente que atiendan la Constitución y el propio Decreto emitido por el Poder Legislativo. Hacer lo contrario se caerá en cualquier tribunal.
¿Desafiarán a la Constitución, al Gobernador y a su propio Decreto? Más vale que no.
Las del estribo…
- Dice la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Sofía Martínez Huerta, que no hubo ninguna ilegalidad en la detención de la ex síndica de Actopan Lucero Jazmín “N” porque “todo ese tipo de orden se hacen conforme a derecho” y que no hay nada que investigar. Muy pronto confirmó que no la mandaron a presidir el Tribunal sino a utilizar el Poder Judicial para perseguir a los enemigos del régimen. Y criticaban a Yunes…
- Si así estuvieron las marchas este domingo por el Día Internacional de la Mujer, ya se pueden ir preparando para lo que sucederá este lunes. El país vive tiempos inéditos y aunque el feminismo ha dicho que es de noche, hay quienes se rehusan a encender los faroles.