A veces da la impresión de que algunos sectores del feminismo están tan ocupados en protestar que olvidan la razón por la que lo hacen.

Según lo documentaron prácticamente todos los medios del estado, la síndica del Ayuntamiento de Actopan, Lucero Jazmín Palmeros Barradas, ayer fue detenida de manera ilegal incluso momentos antes de que perdiera su fuero constitucional por decisión mayoritaria del Congreso. Más allá de su condición de funcionaria pública o de los delitos que se le imputan, se trató de un acto de violencia en contra de una mujer.

Horas más tarde, ninguna organización de mujeres se había manifestado por el acto arbitrario; no había marchas ni plantones en Palacio de Gobierno, en el cuartel de San José o en la Fiscalía General del Estado. Incluso ni la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) presidida por una mujer había emitido algún posicionamiento sobre el caso y la actuación de las autoridades ministeriales. Iniciar de oficio una queja hubiera despejado muchas dudas respecto de la actuación de la autoridad en contra de Palmeros Barradas.

Por supuesto tampoco hubo reacción alguna del feminismo institucional, es decir, el Instituto Veracruzano de la Mujer o todas aquéllas instituciones encargadas de la equidad de género. Las propias diputadas que decidieron retirarle el fuero, bien podrían haber abogado por un proceso penal apegado a derecho. Pero no, nadie lo hizo.

De confirmarse las crónicas periodísticas que señalan que la ex funcionaria municipal fue detenida afuera de una sucursal bancaria en Plaza Crystal, -prácticamente enfrente de donde si discutía su desafuero-, se habrían vulnerado todos sus derechos: el fuero constitucional, la presunción de inocencia y el debido proceso. Sin embargo, tal vez ocupadas por la marcha del domingo y el paro nacional del próximo lunes, ninguna mujer salió en su defensa.

Al alcalde y la síndica de Actopan, ambos de de extracción panista, se les acusa de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y peculado, que involucra el manejo de un millón 314 mil 940 pesos, por lo que el encargado de la Fiscalía solicitó el pasado 09 de enero su destitución.

Sin embargo, la denuncia versa sobre una supuesta obra privada financiada con recursos municipales, aunque los hoy funcionarios desaforados demostraron que se trata de una obra pública que construye el Ayuntamiento en la misma calle del domicilio particular del alcalde. En el caso de Lucero Jazmín la involucraron por no denunciar un delito que no se ha demostrado.

Sin embargo, para la Comisión Instructora del Congreso -de acuerdo con el dictamen presentado al pleno este miércoles-, la conducta derivada de los hechos imputados a ambos funcionarios es considerada causa grave y suficiente para dicha revocación. Un criterio y celeridad que la Fiscalía no utilizó, por ejemplo, con la recién destituida presidenta del DIF Estatal, a quien se le señala de desvío millonarios de recursos públicos en la compra de desayunos escolares.

Como parte de su defensa, Palmeros Barradas envió un escrito a las y los diputados del Congreso en el que acusó a la Comisión Permanente Instructora de ocultar dolosamente las pruebas que ella y el alcalde José Paulino Domínguez Sánchez presentaron en descargo de las acusaciones que les imputan, lo que ha dado lugar a  un linchamiento público.

La funcionaria municipal no ve otra razón que una venganza política por las denuncias que se presentaron en contra de los ex tesoreros Pedro Benítez Domínguez y María Nely Alarcón Gil daño patrimonial a las arcas municipales en los ejercicios fiscales 2018 y 2019. “Los denunciamos ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado, misma que  en vez de investigar los actos de corrupción citados, enfureció  en contra de la suscrita por ser mujer y de inmediato procedió en contra mía al linchamiento público”, señala el escrito.

Cuando la ex síndica tendría que haber sido liberada por una detención ilegal ayer pasó su primera noche en el centro penitenciario de Pacho Viejo.

A pesar de la evidente persecución política y la violencia de género, nadie se ha pronunciado en defensa de Lucero Jazmín. Ninguna voz ha dicho siquiera que sin determinar su responsabilidad, ella tiene el derecho a un proceso claro y transparente; a que se revise la actuación del juez que otorgó la orden de aprehensión incluso antes de ser desaforada por el Congreso. Nadie ha dicho que se trata de un acto arbitrario por su condición de mujer, como ella mismo lo ha reclamado.

Todos acusaron al ex diputado Erick Aguilar de agredir verbalmente a la Fiscal. Nadie dijo nada sobre la detención ilegal de la ex síndica. El feminismo se olvidó de una de las suyas.

Las del estribo…

  1. Entre las muchas versiones que circularon ayer fue que el ex diputado local Érik Iván Aguilar López ya habría sido detenido. Nadie lo pudo confirmar. Acaso filtraron la versión de que su detención habría sido en un vehículo propiedad de la también diputada Marijose Gamboa. Esto no tendría otro propósito que el de “acalambrar” con una eventual denuncia en su contra por “encubrimiento por favorecimiento”.
  2. Este jueves habrá otra sesión extraordinaria en el Congreso local para analizar y aprobar la convocatoria para la designación del Comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI). Ahora que se cumple el periodo de uno de los comisionados, será una buena oportunidad para ir por uno de los pocos órganos autónomos que aun no pintan de Morena.