Prefacio.

La magistrada Isabel Porras Odriozola, del Tercer Tribunal Unitario en materia Penal, le dio entrada a la apelación con la que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, busca revocar o reducir la condena de 9 años de prisión que se le impuso por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. *** El juez Jesús Eduardo Vázquez Rea, administrador del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, lo notificó al Primer Tribunal Colegiado en materia Penal, el cual le concedió el amparo al político veracruzano para que su apelación sea admitida. *** Tras la notificación, el Colegiado pidió reservarse acordar lo conducente, hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación informe lo relativo al recurso de revisión que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera para impugnar el amparo concedido a Duarte de Ochoa. *** Porras Ordiozola será la responsable de resolver en segunda instancia si la condena impuesta al ex mandatario veracruzano es ratificada, reducida o revocada, lo que en este último escenario significaría su libertad. *** Esta misma magistrada fue quien le negó a Rosario Robles el beneficio de la libertad provisional y la que en diciembre de 2017 concedió prisión domiciliaria a Elba Esther Gordillo. *** El 26 de septiembre de 2018, Javier Duarte fue condenado a 9 años de prisión. Aunque admitió su responsabilidad como parte de un acuerdo para abreviar el proceso, apeló el castigo. *** El 11 de octubre Fernando Payá Ayala, juez administrador del Reclusorio Norte, tuvo por no interpuesta la impugnación, ya que antes se había desistido de la misma. Javier Duarte desconoció la firma de ese desistimiento, pero el 16 de octubre, el juez Payá determinó que debía prevalecer lo ya acordado, es decir, su renuncia a la apelación. *** Es contra esa decisión que el 7 de noviembre de 2018 Duarte presentó su amparo, el cual tardó 13 meses en ser resuelto.

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El morbo de este miércoles, el interés malsano de políticos y comunicadores, era, en realidad, saber si la bancada de Morena había logrado conciliar, alcanzar acuerdos, para que legisladoras de bancadas opositoras los respaldaran en un par de votaciones que requerían mayoría calificada (34 de 50 votos) en el Pleno de la Legislatura local.

Y es que es obligada la referencia (cada vez que se requiere de las dos terceras partes de los votos) al fallido intento del grupo mayoritario en la Legislatura local, de someter a juicio político a quien en ese entonces fungía como fiscal general de Veracruz. Ni siquiera consiguieron todos los votos de la bancada de Morena.

Pero en la política, como en el servicio público, hay una “curva de aprendizaje” y todo parece indicar que el Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan Javier Gómez Cazarín, ya aprendió –a base de descalabros, pero con todo el apoyo del jefe político de Morena en Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García- qué fibras debe tocar en cada uno de los diputados para “convencerlos” de que respalden sus propuestas.

Antes era más fácil. Bastaba con lanzar fuertes cañonazos ($) para que no sólo votaran a favor, sino que hasta aplaudieran las propuestas del grupo en el Poder.

Ahora las cosas no son así. Hoy hay que convencer, hay que ceder en algunos temas, para ganar en otros. Vamos: Hay que hacer política.

La tarde de este miércoles, en sesión privada, la LXV Legislatura aprobó el dictamen presentado por la Comisión Permanente Instructora, a favor de la declaración de procedencia en contra del diputado Erik Iván Aguilar López, con lo que perdió el fuero y el cargo de diputado. El dictamen muestra lo apretado del debate: 35 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones.

Una vez conocida la resolución, en la misma sesión se llamó a su suplente, Carlos Manuel Jiménez Díaz, para tomarle protesta y que asumiera el cargo.

En esa sesión extraordinaria se sometió a votación, además, el Dictamen que planteaba la revocación del mandato al presidente municipal y a la síndica del Ayuntamiento de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez y Lucero Jazmín Palmeros Barradas, para que enfrenten los cargos que les ha formulado la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades detectadas en el ejercicio de sus funciones.

La conducta derivada de los hechos imputados a ambos funcionarios es considerada “causa grave” y suficiente para dicha revocación. Al ser separados del cargo, los exfuncionarios municipales han quedado sin fuero. El Pleno emitió 35 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones.

Los casos del diputado Érik Aguilar y los ediles de Actopan son muy diferentes y sus consecuencias también. El expediente contra el legislador lo señala de haber incurrido en los delitos de “ejercicio indebido del servicio público” (Artículo 315, fracción III del Código Penal del Estado) e incumplimiento de un deber legal (Artículo 319 del mismo Código), ninguno de los cuales se encuadra en aquellos que ameritan la medida cautelar de prisión, por lo que su proceso podrá llevarlo en libertad.

No es el caso de los ediles de Actopan, señalados de actos de corrupción contra las arcas municipales, lo que ya se considera delito grave y amerita prisión oficiosa.

La hoy exsíndica de Actopan, Lucero Jazmín Palmeros Barradas, fue detenida por elementos de la Policía Ministerial la misma tarde del miércoles (hay quien asegura que lo hicieron antes de que se votara la separación de su cargo) cuando salía de una sucursal bancaria de Plaza Crystal, en Xalapa.

Fue trasladada al cuartel San José para que se le realizara una revisión médica y poco después de las de las cinco de la tarde fue presentada en la Sala de Juicios Orales de Pacho Viejo, para su audiencia de control.

Esa misma tarde fue remitido a Pacho Viejo Víctor Hugo Juárez, quien fungía como contralor interno en el ayuntamiento de Actopan.

Del alcalde nada se sabe.

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Epílogo.

Este miércoles el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín difundió un mensaje en redes sociales, para conmemorar el aniversario número 91 de su partido: “Hoy se cumplen 91 años de la fundación de nuestro partido, felicito a las mujeres, hombres y jóvenes que desde sus espacios aportan al #PRI lo mejor de cada una y cada uno de ellos. Con sencillez y humildad, trabajamos por un mejor #Veracruz”, escribió el dirigente partidista. *** Estuvo en Xalapa Omar Toledo Aburto, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera, quien aspira a la dirigencia nacional del gremio petrolero. “Lo que queremos ofrecer es trabajar con el Presidente, darle las ideas, ser un sindicato participativo y decirles cómo podemos sacar adelante a la industria con la misma mano calificada de nosotros los petroleros, con la misma camiseta, sudarla y sacar a Petróleos Mexicanos adelante (…) Tenemos la capacidad y la voluntad y como sindicato participativo, con la experiencia, decir: si tu no sabes, yo sí sé cómo hacerlo, déjame ayudarte”, expresó este dirigente petrolero.

 

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