El gobierno de Miguel Ángel Yunes compró a través de la Secretaría de Seguridad Pública varios equipos de seguridad y vigilancia por 388 millones de pesos, pero nunca fueron entregados .

La tercera entrega de la Auditoría Superior de la Federación, informó que los recursos provenían de fondos de participaciones federales y del programa de cámaras de vigilancia.

El pago total para las cámaras de vigilancia fue de 1 mil 044 millones de pesos, que se integran de varios fondos .

Por este tema, el ex gobernador panista tiene una denuncia penal interpuesta por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, quien detectó que dé las más de 2 mil cámaras compradas, solo algunas se instalaron.

Ahora, la ASF también detectó irregularidades y pidió a la Contraloría General del Estado, investigar a ex funcionarios por pagar recursos aún cuando no se recibieron los equipos, por tanto tampoco fueron inventariados

La auditoría señaló un presunto daño patrimonial de 350 millones de pesos del programa de cámaras de vigilancia, y casi 40 millones procedentes de participaciones federales.

En las visitas físicas de los auditores a los Centros Estatales de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Xalapa, Poza Rica y Córdoba-Fortín y del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Contacto Ciudadano e Inteligencia (C5) de Veracruz, se verificó que se careció de la entrega formal de los bienes, los cuales no se identificaron ni se inventariaron y carecieron de resguardos; además, el funcionamiento de las cámaras instaladas no fue óptimo.

Los auditores revisaron 12 expedientes de adquisición de bienes informáticos, cámaras de videovigilancia y software de seguridad realizados por 327.3 millones de pesos con recursos de Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018.

Se constató que la Secretaría de Seguridad Pública, adjudicó cuatro adquisiciones bajo la modalidad de licitación simplificada y ocho por adjudicación directa, de los cuales no exhibió documentación legal comprobatoria del gasto.

La auditoría también comprobó que el contrato número SSP-UA-111/17, derivado de la visita física, del universo de 2571 cámaras de video vigilancia distribuidas en todo el territorio del estado, se consideró una muestra de 64 nodos o cámaras, de los cuales 41 presentan deficiencias en su operación, en incumplimiento.

Por otra parte, de los contratos números SSP-UA-077/18 y SSP-UA-079/18, para la adquisición de sistema forense de identificación de usuarios y redes de vínculos y Sistema de análisis de voz en reacciones emocionales por un importe de 13 y 19 millones de pesos, respectivamente, tenía las licencias de funcionamiento vencidas; además los contratos no precisan la vigencia de uso o funcionamiento de los sistemas, en perjuicio de la entidad.

A su vez en la revisión del contrato número SSP-UA-078/18, se emitió la factura por un importe de 22 millones de pesos para la adquisición de Sistema para protección de las tecnologías de la información, así como del contrato número SSP-UA-081/18; la factura por 12.5 millones de pesos para el Sistema de análisis de video con reconocimiento, dando un total de 34 millones de pesos, sin embargo, los sistemas no se encontraron instalados en los equipos de cómputo de la dependencia ni se sabe dónde están.

AVC/Flavia Morales

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