A confesión de parte, relevo de pruebas, solían decir los abogados en el anterior sistema de justicia, donde la confesión era precisamente la prueba reina de los procesos penales.
Ayer, el presidente del Congreso del Estado, Rubén Ríos Uribe, pidió que no haya suspicacias en medidas tomadas por el Orfis, como no contratar despachos externos para la revisión de las cuentas públicas 2019, la primera del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y el segundo año de las 212 administraciones municipales, las más importantes en manos de Morena.
No es casualidad que después de revisar la Cuenta Pública de Miguel Ángel Yunes hasta en dos ocasiones, ahora la 4T de la aldea esté buscando que no la revise nadie. Bajo el argumento de la austeridad y la falta de recursos, pretenden convertir al ORFIS en el papel higiénico de la administración estatal.
Su temor es fundado. Apenas el viernes pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que el gobierno de Cuitláhuac García tiene un monto pendiente de justificar correspondiente al uso de fondos federales por $683.2 millones de pesos; es el estado con la mayor cantidad por recuperar o aclarar de todo el país.
Es decir, es dinero se recibió por parte de la Federación durante el primer año de gobierno y que no se sabe qué hicieron con él o al menos no han comprobado que lo gastaron en lo que debían. Si bien no se puede asegurar que se trate de un desvío de recursos, deben responder por dicho faltante, el más grave a nivel nacional.
En el informe de la auditoría 2019 que dio conocer la titular Irma Eréndira Sandoval, se asegura que la Secretaría fiscalizó ocho programas federales de: salud, educación, carreteras, agua potable, turismo, indígenas, personas con capacidades diferentes, así como cultura física y deporte. Y por si fuera poco, se acreditó que el gobierno de Veracruz se quedó con las cuotas obreros-patronales del ISSSTE. Negligencia, ignorancia o corrupción, el resultado fue el mismo.
El mismo informe señala que en ocho auditorías coordinadas, la administración estatal tuvo 43 observaciones donde se detectaron irregularidades en el uso de recursos federales como por ejemplo el incumplimiento de la aportación estatal comprometida en los convenios (pari passu), erogaciones de recursos sin acreditar su destino y ejercicio del presupuesto en forma extemporánea. Del subejercicio sobran ejemplos.
También se observó la falta de documentación comprobatoria del gasto; inobservancia de disposiciones normativas en materia de adquisiciones y de obra pública; retenciones por impuestos, derechos y cuotas no enteradas a la autoridad fiscal; conceptos de obra pagados no ejecutados e irregularidades en la ministración de recursos. Es decir, todo el catálogo de pillerías de las administraciones anteriores, sólo que más barato.
Y si eso sucedió con los recursos federales, etiquetados y auditables por la federación, ya debemos imaginar lo que pasará con el presupuesto estatal y el de los Ayuntamientos. Las alarmas se encendieron y pretenden que la ropa sucia se lave en casa.
Esa sería la razón –y no necesariamente la insuficiencia presupuestal-, por la que la auditora general del ORFIS, Delia González Cobos, anunció que este año no se contratarán despachos externos para la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, por lo que el personal del ente fiscalizador será quien haga los trabajos de auditoría. Eso en realidad no se ha hecho nunca.
Y en su candidez, la propia titular muestra el cobre. Informó por ejemplo, que la contratación de despachos externos implicó el año pasado un presupuesto de 15 millones de pesos, por lo que la pretensión en este 2020 es ahorrar parte de ese recurso. La cantidad es irrisoria si se considera lo que el órgano logra recuperar.
Por ejemplo, ayer el Congreso estatal aprobó la Cuenta Pública 2018 en la que se detectó un daño patrimonial por 3 mil 668 millones de pesos. Ahora el gobierno de Morena y su apéndice el ORFIS, pretenden ahorrarse 15 millones y sean ellos mismos quienes limpien las cuentas.
Por supuesto que nadie ignora que algunos despachos se han prestado al acomodo de las cuentas estatales y municipales, ya sea a la generosa petición de los presidentes municipales o a la instrucción de quien los contrata. Entonces se trata de vigilar el trabajo de los despachos, no de eliminarlos para convertir al ORFIS en un rollo de papel de baño.
De no mantener la mayoría en el Congreso, muchos alegres morenistas podrían terminar en la cárcel.
Las del estribo…
- Desapareció el grupo mixto de panistas. Bastó un apretón del Comité Ejecutivo Nacional para que las aguas volvieran a su cauce y los insurrectos diputados locales volvieran al redil a las órdenes de su pastor. Los que siguen de la greña son los morenos, algunos de los cuáles ayer se abstuvieron de votar la Cuenta Pública que ellos mismos mandaron a hacer.
- Por desgracia, Fátima no es la única. El año pasado en Veracruz 13 niñas y adolescentes fueron víctimas de feminicidio de los 151 casos que registró el Observatorio Universitario de Violencia contra la Mujer. Ellas, como otros cientos de víctimas, también pasaron del dolor al olvido, mientras las autoridades siguen bailando La Bamba.