Por como están las cosas, es comprensible –y hasta necesario- que nadie meta las manos al fuego por nadie cuando se trata de delincuencia e inseguridad. Pero tampoco se puede señalar, una y otra vez, que representantes de medios de comunicación actúan como voceros de las organizaciones criminales.

Si la autoridad tiene pruebas, que haga las denuncias correspondientes. De lo contrario sólo repiten la lamentable y absurda excusa de que todo es culpa de los “pinches medios”.

Luego del violento zafarrancho del martes pasado en el municipio de Isla, donde grupos criminales de Oaxaca incendiaron una patrulla y atacaron a policías federales -se acusa de una acción concertada de una célula delictiva para enfrentar a la Guardia Nacional y Fuerza Civil-, las autoridades detuvieron al menos a unas veinte personas. Sin embargo, a pesar de la versión oficial, aún quedan poco claros los motivos del enfrentamiento, la identidad de los detenidos y su situación jurídica, así como la actuación de la policía.

Este jueves, el senador Emilio Álvarez Icaza –ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- hizo pública la detención ilegal y arbitraria de Xóchitl Domínguez Uscanga, quien habría estado en el momento y el lugar equivocado al no tener relación alguna con “los provocadores”, como los definió el legislador.

Según Álvarez Icaza se trató de un caso de tortura. “En la detención se le quitó el teléfono y no se le permitió hacer ninguna llamada. Incluso la golpearon durante su detención, se presume que hoy (jueves) en la tarde será trasladada a San Andrés Tuxtla. La detuvo la Fuerza Civil de Veracruz y ahora está ahí recluida en Ciudad Isla y no le permiten a su familia o abogados o personas cercanas verla o acercársele”, dijo. Xóchitl habría sido una de las 20 personas detenidas.

Pero no habría sido el único caso. Reporteros que cubrían el enfrentamiento hicieron circular videos donde eran agredidos por los elementos de seguridad; al día siguiente fueron señalados por el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros, de haber sido reclutados por los delincuentes para difundir imágenes que pusieran en evidencia la acción de la policía.

El funcionario acusó que la protesta en la base de la Policía Federal de Isla fue planeada y que los reporteros que cubrieron el hecho fueron «reclutados» para darle difusión. “Los organizadores de la protesta y posterior agresión, reclutó a varios reporteros de la región para llevarlos a filmar, a grabar y hacer una serie de cosas, dijo en una entrevista que reprodujeron medios nacionales.

El Gobernador del estado también se sumó al linchamiento. Obsesionado con que los medios sólo magnifican las cosas y tergiversan la realidad, que son enemigos de su administración –la misma paranoia del pasado reciente- Cuitláhuac García perdió ayer la paciencia cuando un reportero lo cuestionó por la agresión a otro periodista durante las protestas ciudad Isla.

«¿Pero él qué hacía ahí? Un grupo criminal lo golpeó… nosotros lo protegimos», se escucha al mandatario en otro video que circula en redes sociales. Ellos se lo buscaron es otro prejuicio heredado.

Pero eso tampoco se ha comprobado. De hecho, tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Especial para la Atención y Protección de Periodistas activaron sus propios protocolos para determinar si hubo violaciones graves, lo mismo a los civiles detenidos que a los reporteros.

Ayer mismo, el Secretario de Seguridad Pública (SPP) Hugo Gutiérrez Maldonado, informó que ya se abrió una investigación para determinar si policías agredieron a periodistas durante los eventos en Ciudad Isla el pasado martes; fue una aceptación tácita de la agresión, lo que resultó la posición más sensata.

No se descarta que hubieran ocurrido ambos hechos: que reporteros estuvieran infiltrados y que los policías hayan actuado con excesiva violencia en su contra. Pero eso lo tendrán que demostrar las autoridades. Llama la atención que dos días después, y como reacción de las denuncias públicas, las autoridades estatales no tenga claro lo que sucedió en Isla.

La narrativa presidencial se ha vuelto un cáncer para los medios de comunicación. No sólo tienen que enfrentar un cerco informativo y comercial que ha obligado al cierre a muchas empresas, sino que ahora están en el bando de la delincuencia por pura suposición o descalificación premeditada.

Hay muchas cosas que aun no se saben de lo que pasó en Isla. Es posible que no se sepan, pero eso tampoco impedirá que la violencia siga siendo una hiedra que atrape al gobierno de Veracruz.

Las del estribo…

  1. El martes próximo se reunirá el pleno del Congreso del Estado –en sesión extraordinaria- para aprobar sin cambios la nueva Cuenta Pública presentada por un ORFIS morenista. Quienes ya habían sacado las hachas para hacer pedazos a la administración anterior, se quedaron con las ganas. Aún sabiéndose ganadores, el panismo yunista votaría en contra para intentar salvar el pellejo de algunos alcaldes aliados.
  2. ¿De quién era el negocio que no le avisaron al Gobernador? Al menos esa parece ser la explicación de la reversa que metió Cuitláhuac a la publicación de la Ley de Aguas del estado que ya había aprobado el Congreso, a iniciativa del grupo parlamentario de Morena. Con ella se permitía concesionar el servicio de agua potable. Hay nuevos ricos que tampoco tienen llenadera.