Prefacio.
Ya lo anticipábamos ayer: El arbitrario desalojo de la señora Luz María Landeros Becerra, de 88 años de edad, va a tener severas consecuencias para el juzgador responsable de emitir la sentencia. *** Este jueves el doctor Tomás Mundo Ariasa, asesor jurídico de la diputada Adriana Martínez Sánchez y quien se hizo cargo de la defensa de Doña Luchita, anunció que el próximo lunes se presentará denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra del Juez de Primera Instancia, Alejandro Rodríguez Mejía, por ejercicio indebido del servicio público. *** Resulta que este juzgador asumió el cargo a pesar de no cubrir un requisito marcado en la propia Constitución local: “Artículo 58 Bis. Para ser juez del Poder Judicial se requiere: (Fracción III) Poseer, al día del nombramiento, título de licenciado en Derecho y cédula profesional expedidos por autoridad o institución legalmente facultada, con una antigüedad mínima de cinco años, y contar, preferentemente, con estudios de posgrado, o con experiencia profesional en la judicatura o ejercicio de la profesión no menor de ese lapso”. *** Los abogados que presentarán la denuncia demostrarán que al momento de rendir protesta como juez, Alejandro Rodríguez mejía no contaba con una cédula profesional con antigüedad de 5 años o más. *** Se procederá legalmente, además, contra el personal del Poder Judicial del Estado que se encargó del desalojo, pues se incurrió en excesos en el cumplimiento de la sentencia. *** Y no sólo eso: La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez hizo este jueves un pronunciamiento durante la sesión de la Diputación Permanente, para demandar respeto y protección para las personas adultas mayores. *** Dijo que indignó a los veracruzanos, el despojo que sufrió la señora Luz María González Landero, del inmueble de la calle Carlos Miguel Palacios número 70 de Xalapa, hogar que habitó por décadas. *** “Es necesario que sociedad y autoridades tomemos en cuenta que existen leyes y documentos internacionales como la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, diseñados para defenderles jurídicamente”, expresó. *** Doña Luchita, como se ve, no está sola.
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Lo que acontinuación voy a transcribir, es la intervención del senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, legislador que no está adherido a ningún grupo legislativo y es secretario de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara Alta:
– El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria. (Desde su escaño):
“Gracias, Senadora Presidenta. Senadora, quiero llamar con urgencia la atención de la detención arbitraria y violación de derechos humanos de Xóchitl Domínguez Uzcanga. Ella fue detenida el pasado martes 11 de febrero en la ciudad de Isla, Veracruz.
“El Presidente de su colonia, la colonia Encanto, le dijo que tenía que asistir a una junta a José Azueta, Veracruz, para el tema de sus escrituras. Lamentablemente esa reunión no se llevó a cabo, pero sí fue turnada a la Isla, esta ciudad de Veracruz, donde algunos provocadores llegaron a incendiar patrullas.
“Ella fue detenida el día 12, junto con otras 12 personas y fue llevada a la Fiscalía. En la detención se le quitó el teléfono y no se le ha permitido hacer ninguna llamada, incluso la golpearon durante su detención.
“Se presume que hoy en la tarde será trasladada a San Andrés Tuxtla, la detuvo la Fuerza Civil de Veracruz y ahora está recluida ahí, en la ciudad de Isla, y no le permiten a su familia, abogados o personas cercanas verla o acercarse.
“La señora Xóchitl Domínguez Uzcanga apenas sabe escribir y hasta el momento está incomunicada.
“Senadora, desde aquí, desde este Senado de la República, solicitamos a la Fiscalía General de Justicia del estado de Veracruz atienda, con carácter de urgente el caso y lo revise, porque se presume la comisión del delito de tortura y la comisión de una detención arbitraria y violación en perjuicio de sus derechos.
“Por eso, desde este Senado llamamos a la Fiscalía de Veracruz, a la protección de Xóchitl Domínguez Uzcanga.
“Por su atención, Senadora Presidenta, colegas del Senado y en particular colegas del estado de Veracruz, solicito atentamente su intervención”.
– Sonido al escaño del Senador Julen Rementería. ¿Con qué objeto, Senador?
– El Senador Julen Rementería del Puerto. (Desde su escaño):
“Solamente para adherirme a la propuesta que hacía el Senador Álvarez Icaza. Me parece que en el tema de la Fiscalía del Estado de Veracruz es urgente que se tome en cuenta lo que el Senador proponía para que podamos, desde este momento, reforzar las condiciones y la forma en la que fue pedida la intervención por parte del Senador”.
Lo que, desde la versión oficial, había sido la reacción de las fuerzas del orden a una agresión directa por parte de manifestantes que mantenían bloqueada la carretera federal 145 y que tomaron por asalto e incendiaron una patrulla de la Fuerza Civil del Estado, en realidad fue la ejecución de una orden directa: “¡Agarren a todos los que puedan, les dan su calentada y los suben a las patrullas!”.
“¡Ahora van a saber con quién se metieron!”.
Hay muchas actitudes por las que se puede identificar a un gobierno emanado de Morena. Ojalá la violación sistemática de los derechos humanos no sea una de ellas.
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Epílogo.
Acdmer Antonio Galicia Campos, secretario general del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz (SEPEV), fue puesto en libertad este jueves, luego de que transcurrieran más de 48 horas desde su detención, el pasado martes, cuando se manifestaba junto a sus agremiados en las rejas de la Secretaría de Finanzas del Estado. *** El propio dirigente sindical dio a conocer que la Fiscalía general del Estado (FGE) no le pudo acreditar ningún delito durante la audiencia de control, por lo que el juez ordenó que se le pusiera en libertad. Un rídiculo más. *** El próximo martes la Legislatura local tendrá sesión extraordinaria, para discutir y votar el dictamen sobre el segundo informe de la revisión del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) a la Cuenta Pública 2018. El dictamen de la Comisión de Vigilancia saldrá el próximo lunes y no modificará ni una coma a lo entregado por el Orfis. Cerca del 50 por ciento de los entes fiscalizables tienen observaciones que hacen presumir daño patrimonial.