Por diferentes rumbos del estado han surgido focos de conflicto en que elementos de las fuerzas policiacas estatales son señalados de agredir a la población civil.

El caso de la congregación Tepetzintla en el municipio de Atzalan es, hasta el momento, el más grave, pero a este le siguió una agresión con arma de fuego a tres jóvenes en Vega de Alatorre que no obedecieron la orden de detenerse para revisión, y este martes, en Ciudad Isla, pudo haber ocurrido una matanza luego de la reacción con disparos de armas de fuego a manifestantes por parte de policías, y se reportan cuatro heridos (dos por bando) y varios detenidos.

Desde las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública se han lanzado mensajes para responsabilizar de los hechos a una organización del crimen organizado (el Cartel Jalisco Nueva Generación, ha precisado Eric Cisneros Burgos) como la organizadora de una protesta que se salió de control y se tornó violenta, al grado de prender fuego a una patrulla de Fuerza Civil.

Y no solo eso, desde las mismas instancias se ha criminalizado a periodistas de la región que estuvieron en el sitio para cubrir la protesta, acusándolos de haber sido reclutados por el crimen organizado para grabar los hechos y poner en entredicho a las fuerzas policiacas. ¿Tendrán las autoridades estatales elementos como para denunciarlos penalmente por la comisión de uno o varios delitos, o solo habrán buscado completar el escenario de su rapidísima hipótesis de los hechos?

Independientemente de que esa región está controlada por las organizaciones criminales, la pregunta es si las fuerzas policiacas están actuando allá como lo hacen por otras regiones: levantando a personas por su aspecto, encarcelando a pequeños comerciantes de drogas (a algunos, sembrándoles evidencia), persiguiendo a los jóvenes, sin tocar con el pétalo de una rosa a los que verdaderamente están provocando la violencia criminal en Veracruz.

Hugo Gutiérrez Maldonado, ha mostrado en poco más de un año al frente de Seguridad Pública que no tiene estrategia ni capacidad para el ataque a la violencia, y cuando ha encabezado operativos en esa dirección generalmente se le sale de las manos afectando a la población inocente e indefensa.

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¿Qué ha investigado la SSP sobre los homicidios de Atzalan?

Ya se ha cumplido un mes del operativo policiaco instrumentado de madrugada en una población serrana de Atzalan, donde resultaron asesinadas una persona mayor y su nieta de 11 años, sin que hasta el momento el titular de SSP haya cumplido con la investigación correspondiente para sentar responsabilidades a sus elementos por atentar contra la vida y los derechos humanos de los pobladores.

Es posible que estén esperando a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) concluya su investigación sobre la posible violación a los derechos humanos no solo de quienes perdieron la vida sino además de 20 menores de edad, integrados en 13 quejas que ya fueron ratificadas.

Según la presidenta de la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez, están integrando la solicitud de información que se hará esta semana a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para que entregue las bitácoras y los nombres de los elementos que participaron en el operativo que dejó como saldo dos muertos, cuatro heridos y tres presuntos delincuentes detenidos.

El día en que ocurrieron los hechos, tanto el titular de la SSP como el propio gobernador Cuitláhuac García señalaron (como lo han hecho ahora en el caso de  Isla) que los policías repelieron una agresión de personas en esta comunidad y que como parte de este intercambio había fallecido María, una menor de 11 años de edad y su abuelo Bellarmino.

La queja que integra la CEDH (DOQ/0033/2020) se inició de oficio tras darse a conocer versiones de que los policías agredieron la casa del adulto mayor y tras asesinarlo saquearon su vivienda, lo que generó manifestaciones de los pobladores que tomaron las instalaciones de la Fiscalía regional de Jalacingo.

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Van cuatro quejas abiertas por Derechos Humanos

A diferencia de lo ocurrido en la comunidad de Atzalan, tanto en Vega de Alatorre como en Isla sí hubo registro en video de la actuación de la policía, lo que ha impedido que, como en Atzalan, se alegue que se repelió un ataque armado.

En el caso de Vega de Alatorre, la población enfurecida acudió a la comandancia en Palacio Municipal para exigir la liberación de dos jóvenes cuyos únicos delitos eran consumir bebidas embriagantes y que la persona que manejaba el vehículo no se hubiera detenido como lo ordenaron elementos de la Fuerza Civil; y es que los dos detenidos se desangraban de heridas de armas de fuego sin que fuera atendido siquiera por algún paramédico.

Y ahí hubieran fallecido de no ser por la presión de sus familiares que, finalmente, debieron trasladarlos a Veracruz para que les atendieran las heridas. Hasta este momento, no ha habido ninguna explicación oficial de estos hechos, aunque de nueva cuenta se vuelve a manejar que la policía solo respondió a una supuesta agresión de las víctimas.

En el caso de Isla, pese a las versiones tanto de Hugo Maldonado como el de titular de la Segob, Eric Cisneros, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) abrió una queja de oficio por la presunta agresión de elementos de la Fuerza Civil contra ciudadanos y reporteros, ocurrida la tarde del martes durante una manifestación afuera de las instalaciones de la Policía Federal.

La presidenta de la Comisión, Namiko Matzumoto Benítez, informó que la queja ACA/0038/2020 es la cuarta que se abre de oficio este año en actos en los que se presupone la violación de derechos humanos por parte de elementos de fuerzas policiacas, una de estas relacionada con la presunta violación sexual de un joven en ese municipio.

“Abrimos quejas de oficio cuando empezó a circular esta información en medios y redes; el delegado de la Comisión en Acayucan recibió la instrucción de que se aboque a investigar para que estemos en posibilidad de integrar esta queja y está tratando corroborar si hubo entre los manifestantes alguna persona lesionada, herida y está buscando en hospitales”, informó Matzumoto.

Indicó que también se ha intentado contactar a periodistas debido a los videos en los que se observa una presunta agresión de un elemento policiaco contra un reportero que se encontraba informando sobre la manifestación de pobladores que exigieron la salida de Fuerza Civil del municipio tras el caso de un vendedor de tortillas que habría sido abusado sexualmente por miembros de esta corporación.

Al referirse a las quejas que la Comisión ha abierto de oficio por presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de policías, Matzumoto Benítez indicó que la primera fue por el caso de Atzalan, el pasado 9 de enero, cuando durante un operativo en la comunidad de Tepetzintla, los policías habrían asesinado a un adulto mayor y su nieta de 11 años al interior de su vivienda.

El segundo caso es el de dos jóvenes detenidos en el fraccionamiento Monte Magno de Xalapa, que reportaron en redes sociales la agresión con gas lacrimógeno e incluso disparos a su camioneta por parte de policías, durante el pasado 28 de enero.

La tercera queja de oficio se abrió apenas este lunes por el caso de un joven de Isla que fue presuntamente violentado sexualmente por policías de la zona, tras intentar evitar un retén policiaco.

La cuarta queja de oficio sería a raíz de los hechos ocurridos este martes también en el municipio de Isla, en el que se reportaron disparos durante una manifestación de pobladores contra elementos de Fuerza Civil, en el que incluso quemaron una patrulla.

Mientras se acumulan las investigaciones por violaciones a los derechos humanos en Veracruz, la violencia criminal sigue tan campante, como si no existiera don Hugo Maldonado Gutiérrez.

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ARTICLE 19 denuncia violencia policiaca contra periodistas en Isla

Las declaraciones del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, en contra de los reporteros que cubrieron la manifestación y documentaron la violencia policiaca en contra de la población se contradicen con los testimonios levantados por la organización Artículo 19.

La organización defensora de la libertad de expresión señala que el martes 11 de febrero, elementos de la Fuerza Civil amenazaron de muerte con armas de fuego a las y los periodistas Julia Santín, Brígido López y Edna López. Además, el reportero Alberto Carmona fue golpeado por la misma corporación y los periodistas Sergio Herrera y César Estrada fueron privados ilegalmente de su libertad.

Los hechos se suscitaron mientras cubrían una protesta realizada por la ciudadanía frente a instalaciones de la Policía Federal, donde también se localizaban elementos de la Fuerza Civil, a la altura de la carretera federal 145 entrando al municipio de Isla.

La protesta se realizaba en contra de la Fuerza Civil debido a que, de acuerdo con lo relatado por las distintas fuentes a ARTICLE 19, elementos de la corporación habían detenido a un pescador de manera arbitraria y lo habían violado, además de la desaparición forzada de un muchacho a quien se le vio por última vez con ellos y de quien localizaron su cuerpo más tarde.

Durante la protesta, las y los manifestantes lanzaron palos y piedras contra las instalaciones, sin embargo, “la situación se tranquilizó y cuando los manifestantes se encontraban dialogando con las autoridades federales, quienes trataban de mediar el conflicto, llegó una patrulla de Fuerza Civil por atrás de los manifestantes y abrieron fuego contra la población, incluyendo periodistas que se encontraban documentado los hechos.” informó Brígido López.

La reportera Julia Santín, reportera del medio digital Los Llanos del Sotavento, narró a ARTICLE 19 que ella se encontraba tomando fotografías de lo sucedido cuando “llegaron policías de Fuerza Civil disparando al aire y acercándose a la manifestación… En algún momento salí corriendo y me caí, ellos me vieron y me gritaron que si no me iba de ahí me iban a partir la madre mientras me apuntaban con el arma”.

Julia y el corresponsal de Noreste, César Estrada, intentaron resguardarse en un domicilio pero fueron rodeados por policías quienes, en palabras de Santín, “nos gritaron que si no nos íbamos a la verga nos iban a detener por cómplices”. Ambos salieron corriendo nuevamente. Julia localizó a un conocido quien la llevó a un lugar seguro. Sin embargo, en el caso de César Estrada, nuevamente se encontró con otros elementos de Fuerza Civil quienes le exigieron identificarse para posteriormente amenazarlo y detenerlo.

Por su parte, Edna López, reportera del medio digital A Título Personal, narró a ARTICLE 19 que un elemento de Fuerza Civil le apuntó en la cabeza con un arma de fuego por estar transmitiendo en vivo mientras atacaban y disparaban contra la población.

Tras esta agresión la reportera corrió a refugiarse al monte mientras esperaba que alguna autoridad acudiera a su rescate. Al momento de la agresión de Edna, junto a él se encontraba el director del medio Los Llanos del Sotavento, Brígido López, quien informó que lo golpearon en las piernas mientras policías apuntando con su arma le gritaban que se fuera de ahí .

El reportero de El Piñero de la Cuenca, Alberto Carmona fue golpeado en dos ocasiones distintas por elementos de la Fuerza Civil. En palabras del periodista “estaba cubriendo la manifestación de la población en contra de la Fuerza Civil cuando llegó otro grupo de la misma institución y dispararon. Me tiré al piso pero seguí transmitiendo en vivo y traté de identificarme pero se acercaron, me golpearon y me rompieron el celular.”

Finalmente, en el caso del locutor de la radio Mezkla 104.7 de FM y del medio digital Valor Noticias, Sergio Herrera, fue privado de la libertad junto con manifestantes, mientras elementos de la Fuerza Civil le quitó su teléfono celular y borró el material que había recabado.

Frases sin disfraces

“No quiero que los feminicidios opaquen la rifa del avión”. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

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