La migración se registra como fenómeno social desde el inicio de la humanidad, sin embargo, ha sido hasta finales del siglo veinte e inicios del veintiuno que ha acaparado la atención de la comunidad internacional por la vulneración a los derechos humanos que enfrentan las personas que migran.

En el caso de México, la dinámica migratoria en la frontera sur ha incrementado considerablemente en los últimos años, convirtiéndose en un país de origen, tránsito y destino temporal, aunque en ocasiones permanente de migrantes, muchos de ellos refugiados y solicitantes de asilo.

De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, al cierre del año 2019 sumaron 66,915 solicitudes de personas requiriendo que se les otorgara la condición de refugiado, la mayoría de ellos provenientes de Honduras, Cuba, Venezuela y el Salvador.

Dichas solicitudes aumentaron a partir de octubre de 2018, mes en que comenzaron a ingresar a nuestro país caravanas de migrantes provenientes de Centroamérica con el objetivo de llegar a los Estados Unidos, fenómeno que tensó las relaciones diplomáticas entre México y la nación del norte.

Sin embargo, luego de diversas negociaciones se logró un acuerdo migratorio mediante el cual nuestro país se comprometía a registrar y controlar las entradas en la frontera sur, además de desplegar a la Guardia Nacional en toda la zona fronteriza a fin de garantizar la seguridad y el orden.

Con esta finalidad durante el mes de junio del año pasado, fueron desplegados seis mil elementos en la frontera sur, quienes se han encargado de impedir la entrada ilegal de migrantes, tal como ocurrió a finales del mes pasado cuando un contingente proveniente de Centroamérica intentó ingresar de manera ilegal a territorio mexicano, sin embargo, el operativo fue duramente criticado y señalado de vulnerar los derechos humanos de los integrantes de la caravana.

En este sentido, el 7 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instó a México, El Salvador, Guatemala y Honduras, a garantizar los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo en todas las etapas de su ruta de desplazamiento, además de recomendarles abstenerse del uso de la fuerza pública como respuesta ante la llegada de caravanas.

Con acciones como ésta, la Comisión busca que los Estados cumplan con los estándares interamericanos de protección y respeto a los derechos humanos, enfatizando que ninguna persona migrante deberá ser arrestada ni privada de su libertad de forma arbitraria, además de que deberá garantizarse el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

Los derechos humanos de las personas que migran, son un tema vasto y complejo, que tuve la oportunidad de abordar en la tesis doctoral titulada “Respeto y defensa de los derechos humanos de los migrantes: la responsabilidad del municipio veracruzano en el siglo XXI”, en donde se realizó un esfuerzo para demostrar la corresponsabilidad existente en los tres órdenes de gobierno respecto al tema de la migración.

Lo anterior en virtud de que el convencionalismo establecido en el artículo primero de la Constitución obliga, desde el punto de vista positivista, a que tanto el gobierno federal, las entidades federativas y las autoridades municipales sean corresponsables en la defensa de los derechos humanos del migrante y por tanto sujetos obligados del cumplimiento de los tratados internacionales suscritos por el titular del poder ejecutivo y ratificados por el Senado de la República.

Es urgente empezar a abordar el fenómeno migratorio desde la perspectiva de los derechos humanos, pues lamentablemente además de vulneraciones y detenciones arbitrarias, los migrantes también enfrentan problemas de discriminación y violencia por parte de grupos criminales, lo que los ubica en una constante situación de exclusión y fragilidad.

Se debe tener presente en todo momento que, con independencia de su condición jurídica en el país, las personas migrantes, pueden hacer exigible todo el sistema de protección de derechos humanos con que cuenta el Estado mexicano y éste deberá asumir la obligación de garantizarlos.

 

 

 

 

 

 

Dra.Denisse de los Angeles Uribe Obregón

Magistrada del H.Tribunal Superior de Justicia