La propuesta de reducir el 50 por ciento el financiamiento a los partidos políticos es demagoga e hipócrita. Además, ni siquiera es una idea original de Morena. Ya otros partidos lo han propuesto cuando han sido gobierno. En realidad, los partidos no deberían tener acceso a un solo centavo de los recursos públicos.

Reducir el dinero a la mitad convierte la contienda electoral en desigual e inequitativa porque los partidos no contarían con las mismas posibilidades de competencia. El financiamiento se convierte en una mascarada del uso de recursos públicos en propaganda a través de programas sociales. Sin dinero, no habría forma que los aspirantes a un cargo de elección popular entreguen apoyo de ningún tipo porque lo tendrían que hacer con su dinero. No hay quien haga eso.

Lo ideal es que no haya financiamiento público, y entonces sí, habría piso parejo. No habría porcentajes de dinero de acuerdo a su votación y tampoco habría candidatos ricos compitiendo contra candidatos pobres. Sin dinero, sólo los candidatos con verdaderas posibilidades de triunfo se aventurarían a participar en el proceso electoral. Y en el caso de los partidos políticos, su sostenimiento económico sería responsabilidad de sus militantes –los principales beneficiarios de las candidaturas- o no de los ciudadanos.

Por eso, cuando se plantea la reducción a la mitad y no su desaparición por completo no es más que una charlatanería.

Cada gobierno, en la víspera de un proceso electoral, suele usar el garlito de proponer la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. La fórmula parece ser infalible: quito el dinero a mis adversarios y apuesto a la ventaja del clientelismo electoral de mis programas sociales. Así lo han hecho el PAN, el PRI y ahora Morena como gobierno, pero todos se han negado a aceptarlo cuando juegan el rol de oposición.

El próximo año será la madre de todas las batallas y la más difícil aduana de la cuarta transformación. Con la renovación de la Cámara de Diputados y la concurrencia de 32 elecciones locales, en 15 de las cuales se definirá un nuevo gobernador, el proceso electoral 2020-2021 –que se inicia en septiembre próximo– será el más grande y complejo en la historia del país.

Además de las presiones políticas y financieras al Instituto Nacional Electoral (INE), la complicación técnica que significará su organización, la contienda se prevé como una de las más ríspidas, pues por un lado el partido Morena pretende conservar su mayoría en San Lázaro para consolidar su proyecto de nación, lo que necesariamente pasará por resolver su división interna y ofrecer mejores resultados de gobierno.

Por ello, este jueves, durante un encuentro con los coordinadores parlamentarios de los distintos partidos políticos, López Obrador les “volvió a encargar” el tema de la reducción del dinero público a los partidos, algo que se tendrá que hacer necesariamente durante este periodo de sesiones; la ley electoral establece que  noventa días antes del inicio de un proceso electoral no se pueden hacer cambios que modifiquen las reglas de juego, entre ellas, las prerrogativas.

Pero detrás del interés del Presidente por reducir el dinero a los partidos políticos, una iniciativa que es muy popular entre los ciudadanos, hay argumentos que deben ser analizados.

El financiamiento público no es un problema de dinero, sino de legalidad. Si el Estado conoce y fiscaliza el origen y destino del dinero que ejercen los partidos, entonces habrá certeza en la democracia. El riesgo verdadero consiste en que el Estado no podrá fiscalizar el dinero que tendría incluso un origen ilícito, como ya ha sucedido en todos los procesos electorales recientes.Y no es un problema de dinero porque a pesar de que 5 mil millones de pesos es una montaña de dinero para un país empobrecido, representa apenas la tercera parte del presupuesto destinado este año al programa sembrando vida o palidece frente a los casi 200 mil millones de pesos que nos costó la cancelación del aeropuerto de Texcoco.También resulta un acto de hipocresía porque gracias al financiamiento público a los partidos políticos, el propio Presidente pudo sufragar sus actividades políticas y de proselitismo durante casi dos décadas, hasta que logró llegar al poder. Hoy desde el poder, intentan desaparecer de lo que siempre ha vivido.Por eso es que en la cultura política tenochca se sigue pensando que una partidocracia pobre es una pobre partidocracia. No habrá acto más democrático que ningún partido reciba dinero público, con lo que se acabaría de una vez por todas con las burocracias doradas, incluida la de Morena. ¿Quién dice yo?

Las del estribo…

  1. Pues parece que muchos alcaldes están molestos con “la doble tributación” que les representa la nueva Cuenta Pública. Quienes con el apoyo y la buena disposición del ORFIS habían hecho de sus faltas administrativas meros actos administrativos, hoy tendrán que solventar millonarias observaciones a sus finanzas. ¿Quién les devolverá lo que pagaron por el arreglito?
  2. Historias de la 4T. Triste que una larga amistad se pierda por un plato de amargadas lentejas.