El viernes 17 de agosto de 2016, un comando armado compuesto por más de 30 delincuentes, en caravana, secuestró y acribilló a ocho pobladores de al menos tres comunidades de Alto Lucero y Actopan, a plena luz del día y enfrente de la población indefensa.
Al domingo siguiente, el 21 de agosto, en el aeropuerto de El Lencero, el entonces gobernador Javier Duarte dijo que en la comunidad Los Atlixcos habían sido detenidos 7 presuntos integrantes del grupo delictivo que provocó la masacre.
No se volvió a saber nada del caso; jamás tuvimos información sobre el proceso a dichos delincuentes y si siguen purgando su condena, mucho menos qué pasó con los casi 30 restantes que, fuertemente armados, iban en una especie de caravana de la muerte.
A no ser que los 35 asesinos hubieran salido de alguna fiesta aburrida y, de la nada, hubieran tomado la decisión de divertirse levantando a pobladores para acribillarlos a la vera del camino, con lista de nombres en mano, es incomprensible que un alcalde de esa región asegure que en el territorio que gobierna no operan grupos delictivos.
Desde Xalapa hasta Cardel y de ahí hacia el norte, por la zona costera y las zonas alteñas, donde la policía brilla por su ausencia y las compañías mineras no cejan en su intento por imponer la minería a cielo abierto, las bandas criminales campean sembrando el terror.
No solo se trata de los negocios ilícitos que imponen en cada zona poblada, donde secuestran, extorsionan, cobran piso y asesinan a destajo; tienen el dominio de la política, imponen candidatos y autoridades municipales, y logran que policías locales les sirvan en lugar de perseguirlos.
Que el alcalde de Emiliano Zapata, Jorge Alberto Mier, salga a negar que en esa zona operen grupos delictivos o que se registren robos de taxis, como han señalado conductores, no hace sino sospechar que busca proteger el negocio, propio o ajeno, porque un municipio vecino al suyo, Xalapa, vive una lucha férrea y sangrienta entre diversas bandas delictivas que nadie parece querer reconocer en el gobierno estatal.
Lo que nadie ha dicho es que, por desgracia, la policía estatal ha seguido con el mismo esquema que en anteriores gobiernos: levantando a jóvenes de las calles para sembrarles drogas, o persiguiendo y atrapando a pequeños comerciantes de estupefacientes para justificar tanta gasolina usada en rondines que no cuidan a nadie.
Las benditas redes sociales
El presidente no entiende la diferencia entre subejercicio y ahorro. Dice que los $150 mil millones del presupuesto que no se han gastado según datos de @Hacienda_Mexico son “ahorros por austeridad”.
Ahorro: remanente después de ejercer el presupuesto
Subejercicio: no ejercerlo. pic.twitter.com/wWJzsI2dvv— DDC+ (@DDConfianza) January 16, 2020
Actopan y Alto Lucero, municipios en riesgo
Lo ocurrido en agosto de 2016, en que una treintena de delincuentes levantó y asesinó a pobladores curiosamente identificados como quienes habían participado más activamente en la protestas contra la operación de la mina Caballo Blanco, propiedad de una expoliadora empresa canadiense, por desgracia no puede decirse como un hecho aislado.
A los habitantes de ese municipio les queda claro que las autoridades municipales fueron impuestas a sangre y fuego por grupos criminales. El asesinato en agosto del año pasado del periodista Jorge Celestino Ruiz se ha atribuido al actual alcalde, José Paulino Domínguez Sánchez, como autor intelectual, tras haber sido acusado de corrupción.
Aunque el alcalde panista, muy ligado a Miguel Ángel Yunes Linares, ha negado estar vinculado al homicidio del comunicador, lo cierto es que tras varias llamadas de atención en que criminales desconocidos rafaguearon su domicilio y dañaron su auto, finalmente fue asesinado.
Este jueves, el Congreso del Estado dio entrada a la solicitud de la Fiscalía General del Estado de suspender y revocar el mandato al alcalde Domínguez Sánchez, así como de la síndica Lucero Jazmín Lucero, también panista. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción presentó desde el miércoles la solicitud a la Presidencia del Congreso mediante el oficio FECCEV/FA/006/2020, a fin de que se proceda al análisis del desafuero de las autoridades municipales.
Las benditas redes sociales 2
Aumento de combustibles en 2019 (prom. nal.): Magna 5.6%, Premium 4.52% y Diesel 8.61%. Y la inflación en el año fue de 2.83% (INEGI). Conclusión: los combustibles aumentaron mucho más que la inflación. Es distinto gobernar.
— Vanessa Rubio Márquez (@VRubioMarquez) January 16, 2020
Diputado Pistolas, en aprietos
Otro que está en la misma circunstancia es el diputado pistolas, Erik Aguilar López que, si no prospera el juicio de procedencia solicitado en su contra por el fiscal anticorrupción Alfredo Corona Lizárraga, podría lograr lo impensable: haber formado parte de todas las bancadas del Congreso, pues solo le falta la del PRI-PVEM.
Oriundo de uno de los municipios cercanos a Xalapa con mayor inseguridad, Alto Lucero, escenario de la masacre de agosto de 2016, considerado como parte de la batalla ilícita de las mineras por acallar las voces que piden la prohibición para que operen en el Cerro La Paila, Erik Aguilar llegó al Congreso bajo la camiseta del PT, aunque avalado por la alianza con Morena y el PES.
Muy pronto, no sin antes llevar mariachi y cantar como si estuviera en una cantina en la apertura de la Legislatura en funciones, el diputado se despidió de la bancada mayoritaria y se fue a refugiar a la bancada Del Lado Correcto de la Historia, coordinada por otro tránsfuga de la alianza, el expriista Gonzalo Guízar Valladares, quien ganó la curul bajo las siglas del desaparecido Partido Encuentro Social (PES).
Alfil del congreso, luego de hacer bulto en la fracción de Guízar se fue a engrosar las filas de los huérfanos de Yunes y, gracias a su incorporación, que debió redituarle réditos sustanciosos, fue posible la creación de la fracción PAN-Veracruz-PT.
Liderada por la incombustible Marijose Gamboa, los integrantes de la fracción disidente de la fracción panista oficial de inmediato saltaron a la palestra para respaldar al diputado Erik Aguilar López, y pidieron respetar la presunción de inocencia de legislador local, sobre cualquier filia o fobia política.
Los legisladores encabezados por Marijose Gamboa lamentaron que a la fecha no se dé a conocer cuál es el delito por el que se pide su desafuero. Según los huérfanos de Yunes-Winckler, el diputado pistolas es una gente con mucho arraigo en su distrito y en su municipio, por lo que no entiende qué motivó el embate desde la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó su desafuero para separarlo de la representación popular.
Marijose dijo más pero la verdad es que fueron los clásicos quejumbres de la señora, en contra de las prácticas de las que ellos mismos abusaron.
Lo importante será si tiene o no fundamento la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, de lo que no hubo defensa de la panista que se centró en el procedimiento y en cómo se hizo público el caso, y ya sabe, “si se filtró desde la fiscalía se estaría cometiendo un delito gravísimo”. Y sí, sería gravísimo para ella y sus colegas que don Erik sea desaforado y saliera del Congreso, porque eso en automático les quitaría la posibilidad de mantenerse como fracción, a no ser que compren a otro diputado no panista.
Por cierto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, descartó que la solicitud de desafuero del diputado Erik Aguilar sea una “cacería” contra la oposición, y añadió que tener representación popular como diputado en el congreso no es un permiso para cometer algún ilícito, “y si el diputado brincó las leyes se va a hacer acreedor de una sanción”.
Polvo de gis
Le quieren dar en la torre a Pepillo de la Torre… Por lo visto la famosa licencia solicitada por tres meses a partir del primero de enero por el alcalde panista de Martínez de la Torre, José de la Torre Sánchez, poco o nada tiene que ver con un problema de salud, a no ser que se una diarrea. Y es que es muy fuerte el rumor de que el floreciente comerciante ha estado vinculado con gente mala, lo que explicaría el crecimiento desaforado de la incidencia delictiva que nadie puede o quiere detener, pese a que en el municipio hay un Batallón de Infantería, llegaron elementos de la Marina y de la Guardia Nacional, de Fuerza Civil y Policía Estatal, junto con la policía municipal (por cierto, más usada para cuidar al alcalde, su familia y sus negocios). Hace poco, un sobrino suyo, montado en un auto deportivo, fue acorralado por elementos policiacos cuando no quiso pararse a una revisión de rutina; luego se supo que venía con armas reservadas para las fuerzas armadas y fue llevado por elementos policiacos a investigación. Según el rumor que crece en la capital mundial de los cítricos, José de la Torre estaría bajo investigación federal, por lo que la licencia le habría permitido poner los pies en polvorosa… La FILU, ahora en el MIX… Este jueves, la organización de la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU) firmó un convenio con el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico para formalizar la realización del evento editorial en las instalaciones de Kaná Museo de Ciencia y Tecnología de Veracruz, el antiguo MIX. Con este tendrá ya al menos siete sedes distintas desde su versión nacional: si mal no recuerdo, el Centro Recreativo Xalapeño, el Gimnasio Universitario, la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI), el Parque de Beisbol del Campus para la Cultura, el Arte y el Deporte; el Museo del Transporte, la Casa de Artesanías (hoy Casa del Lago de la UV), el Gimnasio Omega y, ahora, Kaná. La versión 2020 se realizará del 27 de marzo al 5 de abril y tendrá a China como país invitado…. Comparecerán los organismos autónomos… Corresponderá comparecer ante el Congreso local a los titulares de los órganos autónomos del estado. El 21 de enero comenzará por la mañana la fiscal Verónica Hernández Giadáns, ante la Comisión de Procuración de Justicia; por la tarde, Namiko Matzumoto, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ante la comisión de DH y Atención de Grupos Vulnerables. El 22 de enero, por la mañana, asistirá José Rubén Mendoza Hernández, comisionado presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quien se presentará ante la comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto. Por la tarde, será Ana Laura Pérez Mendoza, Presidenta de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, ante la comisión de Atención y Protección de Periodistas. Finalmente, la mañana del 24 de enero se presentará ante la comisión de Vigilancia, Delia González Cobos, Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis). Todas las reuniones se celebrarán en el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada” del Palacio Legislativo.
Frases sin disfraces
«Soy Gobernador, no bombero”, Miguel Alemán Velasco, cuando se quemó el mercado Hidalgo en Veracruz.
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