Prefacio.
Hubo, en efecto, un gran desaseo en los procesos legales abiertos contra Javier Duarte. *** Todo fue producto de una estrategia que se inició en lo mediático y se llevó a los tribunales, con denuncias sin solidez alguna, respaldadas sólo en la “voluntad política” del equipo jurídico que trabajaba para Enrique Peña Nieto. *** Esta semana se confirmó la sentencia emitida por el juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, en la que se se ordena le sea devuelto a Moisés Mansur Cysneiros el departamento 801, ubicado en el edificio 71-bis de la avenida Campos Elíseos, en la colonia Polanco de la Ciudad de México. *** Dicho inmueble fue asegurado por la Procuraduría General de la República el 18 de noviembre de 2016, con el argumento de que se trataba de una propiedad de Javier Duarte, oculta mediante un prestanombres. Sin embargo, luego de un prolongado litigio Mansur demostró que compró el departamento en 2006, diez años antes de que Javier Duarte fuera acusado y perseguido por diversos delitos. *** Hay, en todo este proceso, fuertes intereses políticos y económicos, que han quedado expuestos conforme se desahogan los elementos de prueba de la defensa del exgobernador de Veracruz. *** De haber actuado con más prudencia, es muy probable que a estas alturas ya anduviera en libertad. Se equivocó, y ahora deberá seguir la ruta larga, aunque el resultado será el mismo: su liberación.
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Érik Aguilar es –por decir lo menos- un tipo “singular”. Llegó a la diputación local abanderado por el Partido del Trabajo, que en el 2018 compitió en alianza con Morena y consiguió acomodar a sus candidatos gracias al “efecto Peje”.
Hoy en día, sin embargo, aquellos que impulsaron la candidatura de Érik Aguilar admiten que se equivocaron, pues al legislador lo tachan de traidor.
Desde que iniciaron los trabajos en el Congreso, Érik Aguilar anunció su decisión de sumarse a un grupo legislativo diferente al de Morena y se integró al que conformó Gonzalo Guízar, denominado “El lado correcto de la historia”.
En fechas recientes, sin embargo, fue “convencido” por un grupo de diputados panistas que necesitaban a un legislador surgido de otras siglas para conformar su propia bancada.
Preside la Comisión de Seguridad Pública y llegó a hacer un escándalo en el recinto legislativo cuando personal de seguridad impidió el acceso a sus escoltas, pues pretendían entrar armados.
El legislador argumentó que se sentía amenazado por la delincuencia organizada y anunció que gestionaría ante la Secretaría de la Defensa Nacional un permiso para portar arma.
Este jueves, durante la sesión ordinaria de la Legislatura, se dio lectura a una solicitud presentada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para iniciar un procedimiento de declaración de procedencia en contra del diputado por Misantla, Erick Iván Aguilar López.
La misiva leída por el secretario de la Mesa Directiva, sólo hace referencia a que se anexaba el expediente, pero no se dieron a conocer las razones por las que estarían pidiendo el desafuero del diputado. Lo más que llegaron a decir algunos de sus compañeros fue que se trataba de algo “muy grave”.
Cuestionado al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Juan Javier Gómez Cazarín, rechazó que se trate de una “cacería” en contra de diputados de oposición. Sin embargo tampoco quiso revelar los delitos que se le atribuyen a su compañero diputado.
“Nosotros, al igual que todos los ciudadanos, tenemos que respetar las leyes; el que seamos diputados no nos da derecho a brincarnos la ley, por lo que si el diputado se brincó la ley, se va a hacer acreedor a una sanción”, se limitó a declarar.
Un “daño colateral” que se daría en caso de que se concretara el desafuero de Éric Aguilar, sería que tendría que desintegrarse la bancada de panistas que se hace llamar “acción nacional Veracruz”, pues para conformar un grupo “mixto” se requiere que al menos uno de sus diputados haya llegado con el respaldo de un partido político distinto. Esa exigencia se cumplía con Érik Aguilar, pero si él es retirado del Congreso, ellos tendrían que buscar a otro diputado, o declararse legisladores independientes, sin conformar grupo legislativo.
Sus (aún) compañeros de bancada, hablaron con los medios de comunicación para demandar respeto a la presunción de inocencia de Érik Aguilar, “sobre cualquier filia o fobia política”. Pidieron “analizar los hechos con imparcialidad, y que se haga la revisión con apego a la ley”.
Tarde o temprano se conocerán los detalles de este caso y sólo entonces se podrá evaluar si la petición tiene sustento, o si en realidad se trata de una represalia en contra del legislador que juró lealtad y traicionó a quienes lo llevaron al Congreso.
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Epílogo.
Ya lo había anticipado el diputado Juan Javier Gómez y esta semana se confirmó: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó revocar la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido Morena, que ordenó la expulsión de los diputados locales José Magdaleno Rosales Torres, Jessica Ramírez Cisneros y Augusto Nahúm Álvarez Pellico del grupo legislativo de este instituto político. *** Los magistrados determinaron que el órgano de justicia partidaria carece de competencia para exigir la expulsión, emitir sanciones o intervenir en la vida legislativa de sus diputados. *** El pasado 26 de noviembre, esa Comisión de Morena, determinó expulsar del partido a los diputados Magdaleno Rosales Torres, Jessica Ramírez Cisneros y Augusto Nahúm Álvarez Pellico, por presuntas violaciones a los estatutos del partido, y a la vez ordenó al coordinador de la bancada de Morena, Juan Javier Gómez Cazarín, expulsar de la fracción a los legisladores, lo que quedó sin efecto. *** En esta, que fue la décima sesión ordinaria de la Legislatura, el Grupo Legislativo de Morena presentó una iniciativa para reformar el artículo 205, fracción III, del Código Penal del Estado, de manera que se sancione con penas de seis a ocho años de prisión y multa de hasta 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quienes sustraigan de instituciones, públicas o privadas, destinadas a prestar los servicios de salud, cualquier tipo de insumos, ya sean materiales médicos o medicamentos. *** “El robo de medicamentos ha sido una de la conductas que van en aumento, el tráfico y las redes de comercialización en el mercado negro nacional, arrojan cuantiosas ganancias; datos de la Fiscalía General de la República, señalan que durante el sexenio anterior, a nivel federal, este delito aumentó en más de un 800 por ciento”, argumentó el diputado Henri Christophe Gómez Sánchez.
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