El menosprecio de Morena hacia creadores artísticos y promotores culturales es ya proverbial. No le ha importado que los componentes de las comunidades artísticas y culturales se hayan arrojado a los pies de Andrés Manuel López Obrador para apoyarlo en su triunfante campaña presidencial y le hayan entregado hasta su dignidad.

Los casos de afrenta contra esos colectivos son tan inexplicables como suicidas políticamente. Contra ellos se ha instrumentado –desde la propia Presidencia de la República– una campaña negra y un paulatino ahorcamiento en los apoyos presupuestales, con un inexplicable ánimo revanchista contra sus aliados nunca visto ni en los oscuros periodos de los gobierno de derecha, tan afines a destruir la cultura.

Los presupuestos para el arte y la cultura se han cercenado más que en los gobiernos prianistas (usando el indeseable argot de los seguidores de la 4T), lo que no les ha impedido contratar a músicos, bailarines, teatreros, artistas plásticos, escritores y promotores culturales para sus continuos espectáculos de culto a la personalidad, aunque después salgan con que no tienen dinero para pagarles.

Y no solo ha sido el gobierno federal. Gobiernos locales como el de la Ciudad de México y el que encabeza Cuitláhuac García Jiménez en Veracruz han convertido la carrera artística en una profesión de riesgo.

Con el señuelo de un contrato, han hecho endeudar a artistas, organizadores, promotores y gente del espectáculo que han entregado toda su capacidad y energía, a cambio de un silencio grosero a la hora de pagarles sus honorarios.

Acostumbrados a recibir todo gratis, a realizar campañas a pie, a que los simpatizantes sufraguen con sus propios bolsillos los gastos de transporte y adquieran banderolas, cachuchas y carteles partidistas para financiar a sus candidatos, a que los medios de comunicación publiquen sus campañas publicitarias sin despeinarse a la hora de negarse a pagar, los morenistas en el gobierno siguen pensando que toda la población se la debe.

Sucedió en el gobierno de la Ciudad de México, donde es la hora en que, tras casi un año de contratar a artistas para su parafernalia artístico-política, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no salda su deuda.

A pesar de que existía el compromiso de pagarles antes de terminar 2019, la promesa se ha postergado para el 31 de enero, en un acuerdo firmado en diciembre en mesa de diálogo de cerca de 100 creadores con Sheinbaum y su secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Real.

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En Veracruz se contrata pero no se paga

Veracruz no escapa a esa práctica fraudulenta que afecta a quienes trabajan de sus cualidades y capacidades artísticas y creativas.

La semana pasada, trabajadores del Festival Cumbre Tajín denunciaron que no han recibido el pago por prestación de servicios de la versión 2019, cuando estamos a dos meses de la versión 2020 de un encuentro creado por el exgobernador Miguel Alemán Velasco, con el que ganó notoriedad nacional e internacional.

Trabajadores que realizaron tareas de planeación, producción y operación del festival acusaron, en una carta pública, que los funcionarios de la Secretaría de Turismo incumplieron con la promesa de iniciar los pagos desde agosto de 2019.

En total, son 137 personas entre staff y proveedores con adeudos, muchos de los cuales empezaron a trabajar seis meses antes de marzo del año pasado en que se realizó la primera Cumbre Tajín del morenismo.

“Exigimos el pago inmediato de nuestro salario y le solicitamos a la Secretaría de Cultura que tome las medidas correspondientes para que el gobierno de Veracruz actúe con formalidad y respeto a los derechos laborales”, expresan en su proclama.

Despiertan la verdadera esencia de Cumbre Tajín: el engaño

Cansados de tanta espera, y ya con los anuncios de la Cumbre 2020, los defraudados por el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez sí que despertaron la verdadera esencia de Cumbre Tajín: el engaño.

Explican que en 2019, el gobierno federal aprobó 9 millones de pesos para la realización del festival, pero como había adeudos de gobiernos anteriores por más de 15 millones no pudieron ejercer los recursos federales, lo que afectó las finanzas de la Cumbre Tajín.

Desde la comodidad de su cargo, que le permite facturar comida chatarra, refrescos y adminículos de uso personal, a la siempre sonriente Xóchitl Arbesú (comadre de la titular de Sener, Rocío Nahle) no le parece malo postergar pagos a los creadores artísticos.

El 20 de agosto, la sureña recibió un oficio en que los afectados le exponen la situación; a través de Alejandro Coria, Secretario Técnico del fideicomiso del parque temático Takilhsukut, a principios de septiembre respondió que se gestionaba un recurso pendiente de asignar de la Federación para hacer frente a los compromisos financieros.

Tres meses después, en noviembre, el mismo funcionario informó que la asociación civil Centro de las artes indígenas, operadora del fideicomiso, había dejado deudas de la organización del festival, y que por esta razón se buscó a  una nueva asociación como operadora de la Cumbre y esta había iniciado gestiones con la Secretaría de Turismo para el pago de proveedores.

Informaron que la nueva operadora cubriría adeudos parciales entre el 30 y 60% a los proveedores el 27 de diciembre pasado, pero les adelantaron el día de los inocentes.

Algunos de los trabajadores se quejaron de que mientras a ellos no les cumplieron la promesa de pago que equivale a menos de un millón de pesos, sí se liquidaron deudas con cadenas de hoteles y otros proveedores con estructuras económicas más solventes.

Y ya viene la que sigue.

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Los cuatro nuevos convidados al festín de las prerrogativas

Aunque no han sido aprobados sus registros definitivos, el OPLE ha dicho que cuatro de las 11 asociaciones que buscaban constituirse como partidos políticos lograron cumplir con los requisitos de ley, es decir, realizaron sus asambleas distritales y municipales, por lo que este mes se verificará que todo ello se corrobore.

Los cuatro posibles invitados al festín de las prerrogativas (que tendrán a partir de julio) son las organizaciones:

Podemos, presidida por Francisco Garrido Sánchez, quien fue diputado local por el extinto partido local Alternativa Veracruzana (AVE); le acompaña, entre otros, Gonzalo Morgado Huesca, quien el 20 de noviembre de 2018 renunció a 45 años de militancia priista, tiempo en el cual fue diputado local y federal, alcalde de Martínez de la Torre y dirigente estatal del PRI

Bienestar y Justicia Social, en manos del líder del Movimiento Cardenista, Antonio Luna Rosales, quien no acepta vivir fuera de las mieles del presupuesto oficial, las que ha intentado obtener por la vía de movimientos de colonos, sin mucho éxito en el gobierno morenista.

Todos por Veracruz, ligada a Jesús Vázquez González, exdiputado federal del PAN, exdiputado local del Partido Verde (PVEM) y subdelegado de Sedesol en Veracruz. Hay denuncias en el sentido de que la Iglesia La Luz del Mundo hace todo lo posible por que sus feligreses se incorporen como miembros de la asociación política.

Unidad Ciudadana, de la que no se tiene mayor información, aunque muchos aseguran que está ligada al misterioso Antonio Luna Rosales, quien sería propietario de dos franquicias, en caso de que el OPLE la reconozca como partido local al igual que Bienestar y Justicia Social. En todo caso, cabe la duda sobre su honestidad como partido, puesto que se ha comportado como una organización clandestina.

El OPLE tiene 60 días para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud de constituirse como partidos políticos. A más tardar en marzo el OPLE dará a conocer cuáles de estas organizaciones pueden lograr ser partidos políticos, de cara al proceso electoral de 2021.

Urge castigo a jefes policiacos de Veracruz

Lo ocurrido la madrugada del jueves 9 de enero en la comunidad de Tepetzintla, municipio de Atzalan, debe ser un verdadero llamado de atención por parte del gobernador Cuitláhuac García a los jefes policiacos, y no motivo para que el mandatario se empine justificando la acción policiaca que causó la muerte de un anciano y su nieta a manos de elementos de seguridad.

El origen de la tragedia fue un operativo para atrapar a una banda de secuestradores. Hasta ahí todo bien. El problema comenzó tras la llegada de los elementos de la Fuerza Civil y la Marina Armada de México al pequeño poblado, enclavado en la sierra centro de Veracruz, entre Atzalan y Tlapacoyan.

Lo que hicieron en las casas del poblado no lo podrían hacer en una ciudad: entrar violentamente, encañonando a los residentes, con la máxima de buscar a los supuestos secuestradores sin mediar orden judicial.

La mayoría soportó estoicamente la nada diplomática comunicación policiaca, pero acostumbrados a enfrentar a bandas criminales que sobreviven en la zona serrana, uno de ellos, don Bellarmino, exagente municipal, tesorero del patronato de la Iglesia y gestor del programa Sembrando Vida, reaccionó para proteger a su familia.

Y fue asesinado por los policías, quienes también mataron a su nieta, María Magdalena, de tan solo 11 años.

No se vale, gobernador Cultláhuac, que después de ello salga a decir que el enfrentamiento no fue un operativo fallido; tampoco que repita las mentiras de sus jefes policiacos.

Este hecho de violencia contra la población, sin seguir los protocolos necesarios, debe ser investigado de oficio por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Ya estuvo bueno de que cuando no son los criminales, sean los policías quienes causen terror entre los veracruzanos. ¿Atrapar a tres o cuatro delincuentes justifica el asesinato de dos personas inocentes?

Polvo de gis

Universidades invadidas: el caso Nayarit… Nueve rectores del país, entre ellos la rectora Sara Ladrón de Guevara, repudiaron la reforma arbitraria a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), aprobada el 4 de enero por el Congreso local, a propuesta del gobernador panista Antonio Echavarría García, sin tomar en cuenta a los trabajadores y autoridades de la casa de estudios, vulnerando su autonomía. Los rectores que reaccionaron a esa afrenta fueron, además de la rectora de la UV, los de las universidades de Aguascalientes, Francisco Avelar González; Colima, José Eduardo Hernández Nava; Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino; Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro; Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán; de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí; Autónoma del Estado de Hidalgo, Adolfo Pontigo Loyola, y el de la propia UAN, Ignacio Peña González… La UV debe poner sus barbas a remojar… La Universidad Veracruzana no está muy lejos de un escenario parecido: habrá que recordar la insistencia del diputado panista Rodrigo García Escalante por modificar diversos preceptos de la Ley Orgánica que rige a nuestra máxima casa de estudios, cuya iniciativa nunca contempló la participación de la comunidad universitaria, algo a lo que se han opuesto las actuales autoridades de la UV. El mayor riesgo, sin embargo, puede provenir de Morena si, en acato a instrucciones desde el gobierno federal, aprovecha su mayoría para fracturar la autonomía universitaria para controlar sus finanzas y someter al escrutinio legislativo los ejercicios presupuestarios. Ya veremos…

Frases sin disfraces

“En política, son los medios los que deben justificar el fin”. Albert Camus

Comentarios: belin.alvaro@nullgmail.com

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