Hace un año, en enero de 2019, representantes de agrupaciones veracruzanas solicitaron formalmente ante el Órgano Público Local Electoral (OPLE) la constitución de 15 partidos políticos estatales.

Los primeros en iniciar el procedimiento legal fueron los de PODEMOS, a través de Francisco Garrido Sánchez, ex diputado local de Alternativa Veracruzana (AVE), partido ya desaparecido, y del ex priista Gonzalo Morgado Huesca.

Este miércoles 8, luego de haber realizado 23 asambleas distritales constitutivas y logrado la afiliación de más de 20 mil simpatizantes, los representantes de PODEMOS entregaron formalmente al OPLE sus Documentos Básicos y Estatutos en cumplimiento del proceso legal para obtener su registro como partido político estatal.

Hasta ahora, aparte de PODEMOS, únicamente «Todos por Veracruz» –una agrupación impulsada por operadores políticos muy allegados al diputado federal del PRI, Héctor Yunes Landa– entregaron ayer también al OPLE sus documentos partidistas por conducto del ex diputado sureño del PVEM y ex subdelegado de la Sedesol, Jesús Vázquez González.

Total, que de las 15 asociaciones estatales que originalmente pretendían constituirse en partidos políticos locales, solamente cuatro cumplirían con los requisitos de ley. Los otros dos serían el Partido Cardenista, que al inicio habría sido apoyado por el ex secretario de Gobierno, ex dirigente estatal del PRI y ex diputado local y federal Erick Lagos Hernández, muy cercano a los ex gobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, y «Unidad Ciudadana», al que vinculan con la ex diputada xalapeña Cinthya Lobato Calderón, ex militante de Movimiento Ciudadano (antes Convergencia por la Democracia) y del PAN.

PODEMOS, Todos por Veracruz y el Partido Cardenista cumplieron con las asambleas constitutivas en al menos 20 de los 30 distritos electorales del estado, mientras que Unidad Ciudadana, que optó por asambleas municipales, rebasó las 144 que como mínimo debían realizarse en los 212 municipios de Veracruz. Sin embargo, antes de que reciban su registro oficial como partidos políticos –lo cual deberá ser aprobado por el Consejo General del OPLE a mediados de este año–, las cuatro asociaciones deberán someterse a un minucioso escrutinio por parte del INE de sus respectivos padrones para evitar la duplicidad de registros de militantes, ya que en caso de que se dieran, el órgano electoral solamente se los reconocería a la asociación que en última instancia los afilió.

Esto podría poner en riesgo todavía el registro que están solicitando estas agrupaciones para contender como partidos políticos en el proceso electoral local de 2021. El caso más complicado sería el del Partido Cardenista, que con gran esfuerzo sólo pudo cumplir finalmente con el mínimo de afiliaciones que exige la ley.

Y es que cumplir cabalmente con este complicado proceso no fue fácil para estas asociaciones estatales, ya que también debieron competir con las agrupaciones que pretenden obtener su registro como partidos políticos nacionales, entre ellas la de Redes Sociales Progresistas, de la maestra Elba Esther Gordillo, ex lideresa del SNTE.

De hecho, de concedérseles el registro a PODEMOS, Todos por Veracruz, Partido Cardenista y Unidad Ciudadana, el número de representantes partidistas ante el OPLE se incrementaría a 15, considerando a los 7 de los partidos actuales, más otros cuatro nacionales que contenderían por primera vez también en los comicios locales del año próximo.

Tijeretazo al OPLE

Por cierto, con el recorte de 194 millones de pesos que la Secretaría de Finanzas y Planeación  (Sefiplan) le hizo al presupuesto asignado al Órgano Público Local Electoral, los que están por pegar el grito al cielo son los representantes de los 7 partidos políticos que actualmente disponen de un asiento en el Consejo General del OPLE.

Y es que esos privilegiados militantes del PRI, PAN, PRD, MORENA, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano de seguro van a ver seriamente mermados los 70 mil pesos que mensualmente venían recibiendo hasta el año pasado, además de que quién sabe si seguirán contando con el apoyo de los dos asesores que cada uno tenía autorizado en la nómina oficial.

Por otra parte, las dirigencias estatales de estos 7 partidos también van a resentir una fuerte disminución en sus prerrogativas, ya que ahora la bolsa que ejercieron el año anterior la van a tener que compartir con los ochos nuevos institutos políticos –cuatro locales y cuatro nacionales– que estarían por obtener provisionalmente su registro.

Otra de los hermanos Benítez  

El tesorero del ayuntamiento de Tuxpan, Pedro Benítez Domínguez, quien este miércoles, pese a que la juez Ludivina García Rosas prácticamente desechó todas las pruebas que en su contra habían presentado los representantes legales del ayuntamiento de Actopan por el presunto quebranto de casi 8 millones de pesos, terminó siendo vinculado a proceso –un veredicto jurídicamente muy endeble que en el juicio de amparo podría terminar beneficiando al funcionario tuxpeño–, finalmente terminó arrastrando también a su hermano Javier Enrique Benítez, quien fue obligado a presentar su renuncia como director de Seguimiento de Auditoría Municipal del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del estado.

A su vez, ante el desenlace de la audiencia celebrada en el Juzgado de Control de Pacho Viejo, el alcalde de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar Mancha, se reunió por la tarde-noche con su equipo más cercano para analizar algunos perfiles de prospectos para ocupar interinamente la Tesorería Municipal.

Y es que el edil porteño, primo de Pepe Mancha Alarcón, ex dirigente estatal del PAN, no se quiso exponer a ser denunciado por desacato y correr la misma suerte de su ex tesorero, quien desde la semana pasada, como medida cautelar, la juez García Rosas había determinado que fuese separado de su cargo.

Pero el que dicen que de plano se voló la barda fue Javier Enrique Benítez, el ex funcionario del ORFIS, quien supuestamente le habría solicitado a un alto funcionario de Palacio de Gobierno que lo promoviera para la Tesorería del Ayuntamiento de Córdoba o para la de Xalapa, ya que desde diciembre la tesorera del municipio capitalino, Clementina Guerrero, no ha podido retornar a su puesto debido al par de órdenes de aprehensión que han sido giradas en su contra.