Como en el resto del país, en Veracruz la búsqueda de personas desaparecidas ha representado un dolor de cabeza insoportable para los gobiernos estatales y una pesada losa para las familias. Los últimos gobiernos no han podido, no han querido y tampoco les ha importado resolver el problema, ni siquiera para evitar los daños a su imagen pública.

Tanto Miguel Ángel Yunes como Cuitláhuac García han tenido que pagar rápidamente una factura política muy alta tras el fallido intento por sacar raja política del dolor y el sufrimiento de las víctimas.

En el gobierno anterior, uno de los primeros actos políticos de Yunes Linares fue promover ante el Congreso la entrega de la medalla “Ruiz Cortines” a familiares y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Lo que parecía sería una luna de miel tras la ríspida relación con el ex fiscal Luis Ángel Bravo, resultó ser una pesadilla desde el momento en que los premiados dijeron que antes que reconocimientos, lo que querían era saber el paradero de sus familiares.

Y la miel se convirtió en hiel. Jorge Winckler y sus más cercanos colaboradores segregaron y dividieron a los colectivos; luego de reconocerlos, los descalificaron de manera sistemática y les pusieron toda clase de obstáculos. Los acusaron de perpetrar hallazgos de fosas clandestinas sólo para desprestigiar al gobierno. Pensaron que tendrían aliados políticos que serían controlados con dinero, pero resulta que efectivamente, estas organizaciones tenían una causa que el gobierno nunca entendió.

Así, en medio de la tragedia y la desconfianza, el ex subsecretario de Gobernación Roberto Campa Cifrián tuvo que venir a Veracruz, una y otra vez, a tratar de conciliar, de convencer a los colectivos que el desinterés de Veracruz no era el desinterés del gobierno de la República. Y así, tuvo que sostener reuniones por su cuenta, con la ausencia de autoridades estatales y de la Fiscalía.

Y entonces llegó el nuevo gobierno, con la misma oferta, de dar a las familias cobijo y justicia en medio de una ola creciente de violencia. Como Yunes, uno de los primeros actos de gobierno del actual mandatario estatal fue declarar una emergencia humanitaria ante la situación de violencia que vivía el estado. Un año después, la alerta ha quedado en el archivo, el ofrecimiento de intervención de la ONU resultó una fantochería mediática y el gobierno tomó distancia nuevamente de los colectivos y de las familias.

Y así como en su momento vino Campa Cifrián, ahora lo ha hecho su sucesor Alejandro Encinas por las mismas razones: el abierto rechazo de las víctimas a sentarse a dialogar con un gobierno que está rebasado, que no tiene argumentos, frente a una Fiscalía incapaz y sumisa que ha naufragado en una lucha política estéril que nos ha enviado al primer lugar nacional en feminicidios y uno de los primeros lugares en ejecuciones y hallazgo de fosas clandestinas.

Lo que sucede en Veracruz es una tragedia inimaginable. Las cifras confirman que no hemos entendido la dimensión de lo que ha pasado en los últimos años, que mucho tiene que ver con la corrupción, la incapacidad y la falta de compromiso de las autoridades.

Veracruz suma el hallazgo de 108 nuevas fosas en los últimos 12 meses del año, reveló el informe sobre fosas clandestinas y el registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas presentado por la Comisión Nacional de Búsqueda. En la información histórica se informó que del 2016 al 2019, en Veracruz se han encontrado 432 fosas clandestinas, lo que coloca la entidad en el segundo lugar en hallazgos a nivel nacional, solo detrás de Tamaulipas con 440. La mayoría de los restos no se sabe a quién pertenecen.

Con insistencia, los gobiernos pasados y el actual justifican que muchas de las desapariciones y muertes tienen que ver con la actividad de las víctimas, presuponiendo que tendrían un vínculo con la delincuencia. Pero ¿cómo saberlo cuando el 65 por ciento de los restos exhumados no han sido identificados?

Se debe superar el paradigma de que se trata de ajustes de cuentas de malos contra malos. En medio de esta tragedia hay miles de familias afectadas, padres que pierden a sus hijos y niños que quedan huérfanos por la muerte o desaparición de sus padres. Para ellos no hay la atención necesaria porque el gobierno sólo quiere administrar el problema.

El gobernador ha dicho que la violencia disminuye, sin embargo, no es capaz de sentarse a dialogar con los colectivos y las familias. Como ayer martes en Orizaba, tiene que venir el gobierno federal al rescate de un gobierno a quien no le interesa el tema y que ha cometido serias omisiones en la investigación y los protocolos de búsqueda.

Está claro que en muchos temas, Miguel Ángel Yunes y Cuitláhuac García no son tan diferentes. Por eso las cosas simplemente siguen igual…

Las del estribo…

  1. Terrible lo que está pasando con don Miguel Renaum, toda una institución de la comunicación y la radio en Veracruz. Honorable, respetado por todos, es un hombre excepcional que hoy vive una tragedia que lo tiene postrado ante la muerte; olvidado por un gobierno arrogante -a quien basta chasquear los dedos para ayudarlo-, al que dedicó su vida entera. Don Miguel nos ha mostrado una vez más la fragilidad de la vida y de la profesión. Con él nuestras oraciones.
  2. Apenas ayer en este mismo espacio dijimos que el gobierno federal apostaría al aumento del precio del petróleo para salir de la crisis. En medio de la crisis entre Estados Unidos e Irán, el precio se disparó y de inmediato Rocío Nahle salió a festinarlo. Están jugando a la ruleta rusa.