No parecen tener tino los políticos de Morena a la hora de impulsar ciertos negocios. En diciembre se hizo una procesión a la laguna de Catemaco, encabezada por el mismísimo gobernador Cuitláhuac García Jiménez, para atestiguar la puesta en operación de la embotelladora Coyame, en cuya apertura se empecinó el diputado local Juan Javier Gómez Cazarín… y resulta que solo fue baba de perico.

Hasta en torno a ese tema se lanzaron cohetes políticos que causaron quemaduras al titular de la SEV, Zenyazen Escobar, quien tuvo que echar reversa a su negativa de permitir que los refrescos de agua mineral embotellados en la paradisíaca región de Los Tuxtlas fueran a dar a las escuelas de la entidad.

Este lunes, la periodista Miriam Gracia, oriunda de esa región e hija de un querido amigo de muchos años, el también periodista Ramiro Gracia, vino a tirar por los suelos la esperanza en el renacimiento de esa empresa, que crearía 300 empleos y una derrama económica que los optimistas promotores cifraron apenas hace 20 días en 20 millones de pesos mensuales. Al menos, temporalmente.

En su columna Grilla de Grillos, la tuxtleca reveló que la empresa Coyame Waterloo (nombre este último con negro presagio, si recordamos que el 18 de junio de 1815 el ejército del emperador Napoleón fue aplastado por el ejército aliado al sur de Bruselas), tiene semanas sin producción porque la principal máquina está descompuesta.

Los dueños de la empresa, Rubén Darío Carrasco Armenta y su hijo Rubén Darío Carrasco Mora, quienes aseguraban que iban a exportar su producto a Estados Unidos, España y Corea, están entrampados, y no hay un solo ejemplar ni para la tiendita rural más próxima en la selva tropical.

Para colmo, según la colega, al refresco “Waterloo” también se le cayó el acuerdo con un proveedor de botellas del estado de Hidalgo, “con el cual no lograron ningún acuerdo y al parecer por falta de pagos pendientes no les surtirá más”.

¿Qué va a pasar con los otros “exitosos” negocios de Rubén Carrasco?, se pregunta Miriam Gracia. Menciona entre ellos una pasteurizadora en Acayucan, que se va a inaugurar este mes de enero, y una recicladora de llantas en Hueyapan de Ocampo que, con el pretexto de combatir el mosquito del dengue, se ha ordenado a todos los agentes de tránsito que le lleven cientos de llantas de las vulcanizadoras y talleres mecánicos, por lo que tendrá materia prima gratuita.

Dura en su prosa, Miriam señala que el mejor y más exitoso negocio de Rubén Carrasco seguirá siendo la invasión de terrenos, por lo que le dicen el “Samuel Ochoa” de Morena. Y concluye: “¿Será que su agrupación política “Francisco Villa” sea la nueva Antorcha Campesina de la Cuarta Transformación?”.

Ya hemos visto que los negocios morenos no tienen pies ni cabeza: primero, se le cayó a Zenyazen el negocio con la Pepsi, y ahora se le cayó a Cuitláhuac la empresa refresquera de Los Tuxtlas. Lo grave es que ya contaba con ese logro para futuras contiendas electorales el actual presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín. ¿Cuántos descalabros?

Mientras tanto, el desempleo sigue campeando en Veracruz.

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Veracruz sigue minado con fosas clandestinas, pese a optimismo oficial

Lo informado por Alejandro Encinas este lunes en conferencia de prensa en la Ciudad de México no deja lugar para la esperanza: en los 13 meses del actual gobierno, único que se ha comprometido en el tema (hay que reconocérselo), se han realizado labores de búsqueda en 519 sitios diferentes en casi todos los estados; se han localizado 873 fosas clandestinas con mil 124 cuerpos, de los cuales se han identificado 395 y de éstos, han sido entregados a familiares 243.

Lo que preocupa es que ello sigue sucediendo, pese a declaraciones de un optimismo sin bases, en varios estados del país, entre ellos Veracruz, tercer lugar en la lista de estados en que se han registrado más fosas clandestinas del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019. En efecto, la lista la encabeza Sinaloa, pero le siguen Colima, Veracruz, Sonora y Jalisco. Los cinco estados suman en conjunto casi el 61 por ciento del total nacional.

Encinas, quien estuvo acompañado de la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana Osuna, informó que las tareas para la localización de fosas se está concentrando en 16 estados y dio a conocer que de los mil 124 cuerpos hallados, 35 por ciento han sido identificados y, de ellos, 21.6 por ciento ya fueron devueltos a sus familiares.

Y todo fuera que ahí paran las estadísticas, pero no. De diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, se cifran 5 mil 184 personas registradas como desaparecidas.

Añadió que de las 3 mil 93 mujeres reportadas como desaparecidas en 13 meses, mil 816 fueron localizadas (59 por ciento), pero mil 277 aún están desaparecidas (41.3 por ciento). En este tema, los estados con mayor número de reportes de mujeres desaparecidas son Jalisco, Puebla, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua.

Karla Quintana Osuna reveló que la cifra oficial de personas desaparecidas en México es de 61 mil 637, un aumento de 54 por ciento, de acuerdo al cálculo realizado con base a la última cifra oficial de 40 mil desaparecidos.

Y las entidades que concentran el mayor número de desapariciones son Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Coahuila, Puebla, Guerrero y Veracruz.

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Desaparecidos no es tema que preocupe a la Fiscal de Veracruz

Lo más grave del tema de las desapariciones en Veracruz es que, pese a haberse consumado el cambio en la Fiscalía General del Estado, las cosas no han cambiado mucho de cómo las llevaba Jorge Winckler.

El número de personas desaparecidas sigue sin actualizarse desde hace tres años en que, en una primera instancia, el gobierno yunista lo hizo como parte de su estrategia para dimensionar el grave daño que, en materia de seguridad pública, había infligido el gobierno de Javier Duarte de Ochoa a los veracruzanos.

Según la periodista Flavia Morales, de la agencia AVC, el 19 de enero de 2017 el entonces Fiscal Jorge Winckler presentó los datos del gobierno duartista: en total, de 5 mil 971 denuncias, 3 mil 223 personas aparecieron con vida y 367, sin vida. Siete meses después, en agosto, la Fiscalía amplió la información y dijo que al hacer una revisión de los archivos y carpetas encontró 1 mil 200 denuncias que se reportaron, es decir, en total había 3 mil 600 denuncias.

Luego de este arranque de sospechosa transparencia, Winckler cerró el pico; nunca más volvió a actualizar el portal, con lo que ocultó las cifras de personas desaparecidas durante el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares.

Sin embargo, de principios de septiembre pasado en que fue designada provisionalmente Verónica Hernández Giadáns en lugar de Winckler, no se ha actualizado la información de la plataforma con los nombres de las personas desaparecidas, pese a que a ello se comprometió la funcionaria ligada al secretario de Gobierno, Eric Cisneros.

Según la periodista, la plataforma tenía como finalidad incluir estadísticas confiables de personas desaparecidas, y localizadas, al mayor grado de desagregación posible, y en formatos abiertos que permitan establecer patrones de ocurrencia de la desaparición, cuyo conocimiento propicia el diseño de políticas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir investigar sancionar y erradicar las desapariciones, según consta en la Gaceta Oficial.

La tramposa lista de AMLO sobre estados con más violencia; omitió a Veracruz

Antes de venir a Veracruz este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador se aventó una puntada que en nada ennoblece su gestión ni la de los gobernadores de su partido. A nadie le hacen bien las mentiras o, si se quiere, las medias verdades, sobre todo si se refieren a los índices delictivos.

En una mañanera de la semana pasada, López Obrador afirmó categóricamente (aunque de memoria y con un claro sesgo), que se enfocará en atender el tema de inseguridad de 10 estados del país, donde según sus datos se concentra el 80 por ciento de los homicdios, pero mencionó solo a Guanajuato, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Estado de México y Guerrero, todos por cierto gobernados por mandatarios de oposición.

Los acuciosos analistas han caído en la cuenta de que, de los seis estados mencionados, uno de ellos no está entre los más críticos, y en cambio, AMLO omitió mencionar a otras entidades que están en el ranking, como la Ciudad de México, Veracruz o Puebla, que son gobernados por morenistas.

“Afortunadamente esta situación de enfrentamientos y violencia no se da en todo el país, los homicidios se concentran básicamente en 10 estados, el 80% de los homicidios. Hay veces que en 10, 15, 16, estados no hay homicidios, asesinatos, por eso también estamos dando atención especial donde tenemos más brotes de violencia: Guanajuato, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Edomex, Guerrero, y otros”, dijo.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a noviembre de 2019 se registraron 26 mil 959 homicidios dolosos, aproximadamente 2,400 por mes.

¿Y sabe usted cuáles son los 10 estados con mayor número de homicidios dolosos, hasta el corte del 20 de diciembre pasado, donde se concentra el 65.4%? En los siguientes:

  1. Guanajuato (2,520)
  2. Baja California (2,408)
  3. Estado de México (2,310)
  4. Chihuahua (2,018)
  5. Jalisco (1,891)
  6. Michoacán (1,465)
  7. Guerrero (1,440)
  8. CDMX (1,297)
  9. Veracruz (1,267)
  10. Puebla (1,016)

En su pequeña lista, López Obrador omitió mencionar Baja California, el segundo estado con mayor número de homicidios, gobernado por el morenista Jaime Bonilla desde el pasado 1 de noviembre; Chihuahua, gobernada por el panista Javier Corral, así como la Ciudad de México, Veracruz y Puebla, estas últimas tres entidades en manos de los morenistas Claudia Sheinbaum, Cuitláhuac García y Miguel Ángel Barbosa.

Frases sin disfraces

“Me dejo de llamar Andrés Manuel, si no terminamos [el aeropuerto de Santa Lucía] el 21 de marzo de 2022”. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

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