Desde hace más de tres meses, Jorge Winckler fue separado de la Fiscalía General del Estado (FGE), pero en ese órgano constitucionalmente autónomo encargado de procurar justicia aún no se nota el pretendido beneficio del cambio del abogado yunista actualmente prófugo.

Es más, han trascendido denuncias escandalosas como la que circuló este jueves en las redes sociales, acerca del presunto cobro de hasta 30 mil pesos que uno de los nuevos funcionarios de la Secretaría Técnica de la FGE les habría propuesto a fiscales regionales para cambiarlos de adscripción, cuando el monto de sus sueldos mensuales ni siquiera llega a la mitad de la supuesta «cuota».

Pero existe otro caso que está por evidenciar que al interior de la Fiscalía General sigue prácticamente la misma red de intereses facciosos que prevalecían con Winckler.

La semana próxima, el martes 17, con base en el Oficio número 9647, firmado el pasado 4 de diciembre por el Lic. Emmanuel Melgarejo Barradas, fiscal especializado en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Juez de Control del Juzgado de Proceso de Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Ludivina García Rosas, efectuará la audiencia de formulación de imputación en calidad de libre en contra del actual tesorero del ayuntamiento de Tuxpan, Pedro Benítez Domínguez, por su probable intervención en la comisión de hechos que la ley señala como delitos de Abuso de Autoridad e Incumplimiento de un Deber Legal, previstos y sancionados por los numerales 318 fracción V y 320 fracción II, ambos del Código Penal del Estado de Veracruz.

La audiencia inicial de imputación en libertad en contra del actual tesorero tuxpeño es por la denuncia penal que interpuso en su contra el Ayuntamiento de Actopan, el cual acusó también al exfuncionario por el presunto delito de peculado ante el daño que habría causado a la hacienda municipal por un total de 10 millones 500 mil pesos, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, año en el que de enero al 5 de octubre estuvo al frente de la Tesorería actopeña.

Pese a los elementos de prueba que aportó en su denuncia el Ayuntamiento de Actopan, la Fiscalía inexplicablemente evadió imputarle a Benítez Domínguez este delito que por su gravedad requeriría prisión preventiva necesaria.

Pero esta maniobra legaloide no parece ser casual, pues como ya se ha comentado en diversos medios, Pedro Benítez pertenecería a una influyente red política que a pesar de los desfalcos que le han atribuido en varios ayuntamientos sigue gozando de impunidad.  En Naolinco, por ejemplo, salió acusado de un presunto desvío de  22.5 millones de pesos. De ahí pasó a la Tesorería de Actopan, de donde también salió mal, y luego, a principios de este año llegó a manejar las finanzas municipales de Tuxpan, cuyo alcalde Juan Antonio Aguilar Mancha es primo hermano de Pepe Mancha Alarcón, quien como dirigente estatal del PAN recomendó y protegió a Javier Enrique Benítez Domínguez, hermano del funcionario tuxpeño, quien despacha como director de Seguimiento de Auditoría Municipal del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del estado, y a cuya camarilla pertenecería también Carlos Delgado, otro incondicional del ex líder panista, quien continúa en la Dirección de Procesos de la Fiscalía Anticorrupción, desde donde –según versiones periodísticas– habría ordenado el archivo temporal de las denuncias en contra del tesorero de Tuxpan.