Algunos estudiosos del fenómeno del narco y el mercado global de drogas han llegado a conclusiones que podrían explicar la situación que actualmente vive nuestro país y que ha quedado al descubierto con la detención el ex policía más poderoso de México, Genaro García Luna.

A diferencia de Colombia, donde Presidentes, gobernadores, ministros, jueces y policías fueron objeto de la violencia de los cárteles más importantes del mundo, en México no se distingue la frontera entre la política y el narcotráfico. En el caso colombiano, los criminales infiltraron a toda la estructura de gobierno, mientras que en nuestro país, grupos y personajes políticos se volvieron de facto en los líderes de los cárteles: el gobierno infiltró al narco.

La década de los ochenta fue un infierno para Colombia. El siglo XXI lo ha sido para nuestro país. El país cafetalero llegó a ser testigo como Pablo Escobar, el mayor narcotraficante de todos los tiempos, fue elegido en 1982 miembro suplente de la Cámara de Representantes. México en cambio, vive la tragedia de que un sinfín de autoridades –Gobernadores, diputados, presidentes municipales, jueces, ministerios públicos y policías de todas las corporaciones-, operan como una estructura del narcotráfico, utilizando todos los recursos del Estado para su protección.

No sólo fue Mario Villanueva en Quintana Roo o los Abarca en Guerrero. Casi en cualquier entidad se cuentan historias de la omisión cómplice de los mandatarios estatales que pactaron con los narcotraficantes, primero como forma de allegarse poder y recursos para alcanzar el poder, y después, como una fuente efectiva e inagotable de dinero.

Hace algunos años, un amigo personal fue a trabajar a Tamaulipas. Como parte de su empleo, debía mantener comunicación con las autoridades del estado y la mayor parte de los Ayuntamientos para proveer los servicios de la banca comercial. Un buen día se reunió con la mayor parte de los alcaldes de la frontera con Estados Unidos.

En la plática, uno de ellos narraba y prevenía al funcionario recién llegado. Al día siguiente de tomar posesión como alcalde, le dijo, una persona fue a verme a mi oficina; se presentó y me felicitó por mi llegada al gobierno municipal. Me dijo que estaban muy contentos y que no tenía de qué preocuparme por la seguridad, que “ellos” se harían cargo de todo. “Mañana vendrá a verlo quien será el jefe de la policía municipal” advirtió el visitante antes de despedirse.

“De inmediato levanté el teléfono y me comuniqué con el gobernador del estado. Le expliqué con detalle lo que había sucedido y las condiciones de inseguridad en qué se encontraba el municipio. Le manifesté mi preocupación de que pudiera venir una agresión en caso de no aceptar el ofrecimiento o amenaza que me habían hecho”, continuaba el relato del alcalde.

“No te preocupes”, le respondió el mandatario estatal con una pasmosa tranquilidad. “Sólo pon de director de la policía a quienes ellos te digan y no vas a tener problema; ellos van a ser los primeros en cuidarte”. Y colgó. Esa historia se ha repetido miles de veces, en cientos de municipios, en muchos estados del país, donde los narcotraficantes controlan la policía, la obra pública y el gobierno.

La “venta de la plaza” se convirtió en una expresión común para explicar la presencia de los cárteles en amplias regiones del país y la criminal protección de las autoridades. Hoy las organizaciones criminales cuentan con más recursos, más elementos y mejor armamento que cualquiera de las instituciones del estado, incluido el Ejército y la Marina.

La detención de Genaro García Luna sólo vino a confirmar que el fenómeno del narcotráfico y su vínculo estrecho con el gobierno no se reducen a alcaldes y algunos gobernadores, sino que ha alcanzado las más altas esferas del gobierno federal. Durante la administración de Felipe Calderón, García Luna –Secretario de Seguridad Pública- era un personaje intocable incluso para otros gobiernos. Hasta este martes.

García Luna sería el ejemplo más acabado de cómo el gobierno ha infiltrado al narco. En la forma en que impusieron reglas para repartir el botín del crimen y establecer equilibrios entre los distintos cárteles del país. La bonanza y el poder del Chapo Guzmán, por ejemplo, siempre contrastaron frente a la persecución policial y militar que enfrentaron los cárteles enemigos.

Hoy López Obrador ha obtenido una importante victoria política. Con la detención de García Luna demostró que efectivamente, la guerra contra el narco sólo fue un montaje que buscó fortalecer la imagen del presidente Calderón. Sin embargo, lo peor estaría por venir, si es que salen a la luz pública las andanzas de los ex presidentes en el tema de los sobornos recibidos por parte del narcotráfico.

Con la liberación de Ovidio y la aprehensión de García Luna ha revivido la añeja percepción de que México es un narco Estado.

Las del estribo…

1.    Si bien los gastos en comida chatarra de la Secretaria de Turismo, Xóchitl Arbesú #LadyChatarra-, no son un acto de corrupción si resultan la más vergonzosa expresión del hambre que tienen los nuevos funcionarios estatales. Quieren llevarse todo y que sea el gobierno quien les pague hasta los pañales. La ignorancia y el cinismo de la funcionaria sólo es comparable con la indolencia e irresponsabilidad del Gobernador del Estado por mantenerla en el cargo.

2.    Ayer el gobernador del estado anunció que su administración no rescatará a los Tiburones Rojos del Veracruz. Es una lástima en lo deportivo, pero en lo financiero, el gobierno debe investigar de dónde salían los recursos para pagar la nómina de los jugadores, porqué se hacía a través de empresas fantasmas y quienes más estaban involucrados en el negocio. De lo contrario, la idea del “pacto secreto” cobra más fuerza.