Las violaciones graves a derechos humanos en Veracruz, como la desaparición forzada siguen impunes, porque el estado y la Fiscalía General incumplen las recomendaciones para reparar el daño a las víctimas, señala un informe de cumplimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Las recomendaciones para casos como la desaparición de ocho policías en Úrsulo Galván a manos del grupo policiaco Tajín, la de cinco jóvenes en Tierra Blanca que fueron entregados a un cartel, o tres más que fueron desaparecidos por policías en Papantla, se han cumplido en un 40%.

En el marco del día de los derechos humanos, AVC analizó las recomendaciones hechas por violaciones graves en Veracruz, y se encontró que la CNDH ha emitido 87 recomendaciones – 4 graves-, de las cuales 21 siguen en trámite.

De los casi 450 puntos de recomendaciones realizadas al Gobierno de Veracruz, la Fiscalía General, el Instituto de Pensiones del Estado, y municipios como Papantla, Actopan, Gutiérrez Zamora y Mecatlán, el cumplimento oscila apenas entre el 20 y 50 % apenas.

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La reciente disculpa pública del gobernador Cuitláhuac García a familiares de Jesús Alan Ticante Olmedo, Luis Humberto Morales Santiago, y Alberto Uriel Pérez desaparecidos el 19 de marzo del 2016 por policías en Papantla, puso en evidencia la falta de justicia en estos casos.

La recomendación de la CNDH hecha el 29 de septiembre del 2017, reconocía la participación de al menos ocho policías en la desaparición de los tres jóvenes que fueron entregados al grupo delincuencial de las zetas.

En la disculpa mediática ofrecida el 5 de noviembre pasado, Blanca Ninfa Cruz, mamá de Alberto Uriel Pérez, acusó que no son parte del registro nacional de víctimas ni el ayuntamiento les ha indemnizado ni hecho la reparación integral del daño.

La CNDH hizo 13 recomendaciones al gobierno municipal, ocho recomendaciones a la Fiscalía General del Estado, y seis recomendaciones al gobierno estatal, casi el 70 % de ellas aún están en trámite.

Aunque es parte de la recomendación, la Fiscalía General del Estado (FGE) ni el Ayuntamiento han iniciado la carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los policías por el delito de delincuencia organizada.

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A más de tres años de las desapariciones de sus hijos no tienen certeza de su ubicación. Aunque el testimonio de un testigo reveló la ubicación de dos fosas donde presuntamente estaban los jóvenes, la dirección de servicios periciales respondió tres años después que el material genético hallado era insuficiente para hacer una identificación.

Por lo que ahora, después de una nueva diligencia tendrán que esperar siete meses más para saber sobre las identificaciones.

Un día después de la disculpa pública a familias por la desaparición forzada, un juez ordenó reponer el proceso de vinculación a proceso de los ocho policías implicados.

En marzo del 2018, un juez los condenó a 30 años de prisión y el pago de una multa por 296 mil pesos.  Los policías habían promovido al menos diez amparos en contra de esta medida.

Seguridad Pública rechaza las recomendaciones

La desaparición en enero del 2013 de ocho policías en Úrsulo Galván, de cual se responsabiliza a 15 agentes del grupo Tajín de la Secretaría de Seguridad Pública, también evidencia que las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), tampoco se cumplen.

En marzo del 2017, la comisión emitió la recomendación 03/2017 a la Secretaría de Seguridad Pública, por la desaparición forzada de ocho policías.

En una de las primeras recomendaciones en el estado por desaparición forzada, la comisión ordenó a la SSP indemnizar a las familias, para que les sean pagados a las madres y esposas, los gastos de traslado, médicos, y los demás que hayan realizado para localizar a los desaparecidos, además el pago de una justa indemnización.

También pidió investigar y determinar la responsabilidad administrativa, a través del correspondiente procedimiento administrativo y disciplinario, por las acciones y omisiones en las que incurrieron los servidores públicos involucrados en el caso.

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Nada de esto se cumplió porque la SSP sólo aceptó las recomendaciones parcialmente. La desaparición de los policías dejó a 13 niños en la orfandad, las madres tuvieron que hacerse cargo de familias completas.

En octubre pasado, la CNDH informó que presentaría una denuncia ante la Fiscalía Estatal contra 15 agentes integrantes del entonces “Grupo Tajín”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó al Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García reparar el daño a las víctimas indirectas, incluyendo compensación y/o indemnización, así como inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas, proporcionarles atención integral, y ofrecer una disculpa pública institucional por las omisiones y la impunidad derivada de la desaparición forzada.

También pidió a la SSP Veracruz concluir el Procedimiento Disciplinario contra los 15 agentes estatales iniciado en 2017, y consecuentemente, la Comisión de Honor y Justicia deslinde responsabilidades.

La CNDH solicitó a la Fiscalía General de Veracruz ahora bajo el mando de Verónica Hernández continuar la integración de la investigación y esclarecer los hechos.

El caso Tierra Blanca: Justicia a medias

En marzo de este año, el gobierno de Veracruz cumplió parcialmente la recomendación de la CNDH al ofrecer disculpas públicas a las familias de cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca.

En el discurso los padres advirtieron que no habría justicia para sus hijos hasta que haya sentencia condenatoria contra los 21 implicados en la desaparición forzada y se castigue a la cadena de mando que permitió la tortura y ejecución de los jóvenes.

El 11 de enero del 2016, Susana Tapia Garibo de 16 años, José Benítez de la O de 24 años, Mario Orozco Sánchez de 27 años, Alfredo González Díaz de 25 años, y Bernardo Benítez Arróniz, fueron detenidos cuando iban rumbo a Playa Vicente a solo 116 kilómetros de distancia de sus casas.   Los policías declararían más tarde que “les parecieron sospechosos” y los entregaron al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Bernardo Benítez Arroniz señaló: “Mi intención era hablar de la justicia, pero si hubiera justicia nuestros hijos vivirían, no creo en la justicia del estado mexicano, les recuerdo que a nuestros hijos los levantó la policía del estado a plena luz del día”.

Reclamó que a tres años de los hechos ninguno de los policías detenidos está sentenciado, ni tampoco el ministerio público de Tierra Blanca, coludido con la delincuencia organizada, fue investigado y aún sigue en funciones.

En abril, los 21 elementos de la policía estatal relacionados con la desaparición forzada de los cinco jóvenes de Tierra Blanca ganaron una batalla, pues la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo acreditarles el delito de delincuencia organizada.

La CNDH lanzó una recomendación de más de 20 puntos, pero se han cumplido a medias.  La recomendación ordena al Gobierno del Estado aplicar una indemnización justa a las familias por el daño causado, y se finquen las responsabilidades penales en la cadena de mando.

En este caso, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas anunció en febrero del 2016 la realización de un estudio de impacto psicosocial en las familias y la comunidad También prometió un segundo peritaje a los restos encontrados en el Rancho El Limón, pero nada de esto se cumplió.

En una solicitud de información, la Comisión reconoció que no cuenta con el documento, aunque sí dio atención psicológica a las víctimas.

AVC/ Flavia Morales

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