La estrategia del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares de regresar la seguridad pública a a manos de los ayuntamientos, echando atrás la desaparición de las policías municipales en los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte, ha representado en varios municipios una verdadera tragedia.

No hace falta sino voltear a ver al municipio de Ixtaczoquitlán, gobernado por Miguel Ángel Castelán Crivelli, del PAN, donde hace más de un mes elementos policiacos participaron en la desaparición de 7 comerciantes que, aparentemente, luego de pasar por la comandancia policiaca, fueron entregados a un grupo delictivo. Pero hay muchos más.

Volver al modelo de la policía municipal no solo le sirvió a Yunes Linares para presionar a los ayuntamientos de oposición (particularmente de Morena), a los cuales ni siquiera les dotó de presupuesto para capacitación y contratación de los elementos policíacos y la adquisición de vehículos y avituallamiento, sino pareciera que buscó fortalecer verdaderos nichos de delincuencia organizada controlada generalmente desde los ayuntamientos panistas.

Sea para tener control de los negocios a trasmano con bandas delictivas o para crear conflictos en materia de seguridad y evitar la participación del gobierno morenista a través de la policía estatal, lo cierto es que los ayuntamientos panistas han sido rebasados por el crimen y, en contrapartida, han cerrado sus territorios a la intervención estatal.

Lo más reciente ocurrió en el municipio de Tlalixcoyan donde el alcalde panista Agustín Lagunes Álvarez prácticamente bloqueó los accesos al Palacio Municipal con todo su parque vehicular el jueves 28 de noviembre para evitar que ingresaran patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que buscaban tomar control del municipio ante hechos delictivos sin resolver, como el asesinato “accidental” de un policía a manos de uno de sus compañeros.

Bajo el argumento de que la entrada de la policía estatal significa una violación a la autonomía municipal, no sólo ocurrió este hecho inusitado en Tlalixcoyan, que muestra un respaldo político por parte de corrientes panistas; también está pasando en el caso del alcalde panista Fernando Yunes Márquez en Veracruz Puerto.

Pese a la oferta hecha por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al ayuntamiento porteño de enviar a la policía estatal, toda vez que la fuerza municipal ha mostrado una absoluta incapacidad para contener la comisión de delitos, como la creciente y preocupante ola de violaciones y abusos sexuales contra mujeres, el hijo pequeñín del Señor del Estero rechazó la ayuda.

¿Qué está pasando en estos ayuntamientos con policía municipal, en manos del PAN? ¿Simple lucha por la defensa de la autonomía municipal, a costa de la seguridad de los ciudadanos, o protección de cotos criminales?

Hay que reconocer que no en todos los casos sucede. Para romper la regla, el ayuntamiento de Martínez de la Torre, en manos del panista Pepe de la Torre, ha recibido prácticamente a todas las corporaciones, desde estatales hasta federales: por desgracia, tampoco juntos han logrado abatir la violencia criminal, porque se han dedicado a perseguir a las bases de los grupos criminales: todos se han convertido en genízaros que cazan borrachines.

Pese a ello, algo habrá que hacer; hace falta la intervención legislativa y una más fuerte intervención del Ejecutivo estatal para establecer un modelo de colaboración más efectivo que permita combatir los delitos de alto impacto más frecuentes en la entidad: el homicidio doloso, el feminicidio y el secuestro.

Que los ayuntamientos se atrincheren y se nieguen al trabajo conjunto con las demás fuerzas policiacas debe ser entendido ya, al menos políticamente, como una franca colaboración de las autoridades municipales con el crimen organizado, si no es que una participación directa en él.

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Araceli Salcedo o el uso político de los desaparecidos

Célebre por su interpelación al entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa cuando se dirigía a un evento en Córdoba en 2015, cuyo video le dio vuelta al mundo, Araceli Salcedo Jiménez ha vuelto por sus fueros, tratando de revivir con la conducción del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, montándose en la desaparición de los 7 comerciantes en Ixtaczoquitlán.

Madre de una joven desaparecida, Salcedo ha ido labrándose una carrera política de la mano del grupo de Miguel Ángel Yunes Linares, y sus vaivenes en el tema de la lucha por los desaparecidos la ha llevado de una posición legítima contra la desaparición forzada a una abierta confrontación política contra quienes le ganaron la partida al choleño.

El hecho grave de la desaparición de los siete comerciantes en Ixtaczoquitlán ha sido como el tanque de oxígeno que necesitaba para revivir mediáticamente, luego de que había decidido evitar toda participación en las mesas de trabajo del gobierno estatal en que se buscan estrategias de búsqueda de desaparecidos.

Para ello, ha convencido a los afligidos familiares de los comerciantes a realizar manifestaciones, protestas y plantones, pese a que ha habido acompañamiento del Comité de Búsqueda, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la atención directa del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien los ha citado para reunirse con ellos el martes 3 de diciembre.

Peleada con los representantes de los demás grupos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada, Salcedo Jiménez busca crear una mesa exclusiva de las autoridades estatales con ella, cuando lo que se ha impulsado es una mesa colectiva que ha estado funcionando.

Y no ha habido, como ella, proclama, desinterés de las instancias estatales. Valga como prueba el hecho de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) está integrando la queja colectiva presentada por familiares de las personas desaparecidas en Ixtaczoquitlán, en que se presume la participación de policías municipales.

La presidenta de la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez, indicó que recibieron la queja de familiares de los comerciantes de Ciudad Mendoza que desaparecieron en esta zona, y añadió que se solicitó información a la policía municipal e incluso el Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán, gobernado por Miguel Ángel Castelán Crivelli, en razón de que los familiares acusan al director de policía municipal, Octavio Pérez, de ser quien ordenó la desaparición de los comerciantes y de otras personas en este lugar.

¿Qué más busca Araceli Salcedo Jiménez, dura con Javier Duarte y amistosa con Miguel Ángel Yunes Linares, a quien incluso acompañó en calidad de porra a una visita al rancho El Faunito, supuesta propiedad de Duarte que luego entregó al Instituto de Ecología, Inecol, y que éste debió rechazar por falta de presupuesto?

“Que lo averigüe, Vargas”, diría don Rubén Pabello Acosta.

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En marcha, la reestructura de la deuda pública de Veracruz

La semana pasada, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) formalizó cuatro contratos de apertura de crédito con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y con BBVA, correspondientes al proceso de reestructuración de la deuda pública de Veracruz, que el Gobierno lleva a cabo con la autorización de la LXV Legislatura.

De acuerdo con el secretario José Luis Lima Franco, los contratos con Banobras fueron signados, uno, por 10 mil millones de pesos y, el segundo, por 7 mil 500; mientras que los de BBVA Bancomer fueron cada uno por mil millones de pesos.

El proceso de reestructuración tiene por objeto que Veracruz fortalezca sus finanzas para el 2020 y los próximos años, mediante la renegociación de los empréstitos heredados por administraciones pasadas, con condiciones más favorables para la entidad.

Estas líneas fueron suscritas a un plazo de 20 años a tasa variable, a razón de la TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) a 28 días que publica el Banco de México, más la sobretasa expresada en puntos porcentuales, aplicable a la estimación que dictamine las calificaciones que emitan las agencias de riesgo crediticio a la reestructura del refinanciamiento, expuso Lima Franco.

El área financiera del gobierno morenista, a cargo del joven economista egresado de la UV, logró en la negociación bajar la tasa de interés, de 1.3 a 0,7 por ciento, un ahorro mayor al contemplado de unos 6 mil 700 millones de pesos, y que el costo de la reestructuración había sido de 27 millones de pesos.

El trabajo de Lima Franco en la Sefiplan se ha regido por cuatro ejes: Austeridad y contención del gasto, Esfuerzo recaudatorio, Planeación para la innovación legal y operativa, y Estructura de la deuda y aval de las calificadoras.

El gobierno estatal ha fortalecido los mecanismos de cobro de impuestos y obligaciones. Uno de los más notables es el de la actualización de pagos por tenencia vehicular y emplacamiento que, pese a significar descuentos, permite incorporar a miles de veracruzanos que estaban en moratoria y que en adelante mantendrán su situación en orden, aportando recursos a la hacienda estatal. Ello permitirá finanzas más fuertes y una menor dependencia respecto de los recursos federales.

Para Lima Franco, en su comparecencia ante el Poder Legislativo, “se mejoró la reputación del Estado: Contamos con el aval de las agencias calificadoras más importantes. Esto se logró por un buen manejo de los recursos, transparencia en el ejercicio, contención del gasto, buen manejo de la deuda y cumplimiento de las obligaciones”.

Frases sin disfraces

“No ha habido crecimiento económico como deseamos pero existe una mejor distribución de la riqueza”. Andrés Manuel López Obrador.

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