Es difícil predecir hasta dónde llegará la insensatez del gobierno estadunidense y su Presidente en el tema del narcotráfico que por decreto lo quieren convertir en terrorismo. Ante el amago de Donald Trump, el Estado mexicano ha actuado con tibieza, esperando que sea Estados Unidos quien dé el primer paso en lugar de atajar la solución militar que busca imponerse.
El problema es que los gringos tienen razón en casi todos sus argumentos respecto de México –la incapacidad del gobierno para enfrentar a los cárteles, la corrupción de autoridades de seguridad pública y procuración de justicia, e incluso, la fallida estrategia de abrazos y no balazos-, y por ello suponen que tienen el derecho a meter orden en el patio de atrás. Es una nueva bocanada del intervencionismo que se esconde tras su destino manifiesto.
Pero no se trata de un asunto estrictamente militar o de seguridad; tampoco se reduce a lo diplomático. La ola expansiva de la decisión de calificar a los cárteles mexicanos como terroristas alcanzará prácticamente a toda la actividad económica del país. Por ejemplo, ¿quién querría venir a invertir a México, un país estigmatizado por la violencia, donde Estados Unidos impondría un cerco económico?
Además, a partir de que se nombra formalmente a una organización como terrorista se vuelve ilegal para cualquier persona proporcionar apoyo o recursos materiales a ese grupo. ¿Qué pasará entonces con quienes hacen negocios sin saber que detrás de sus socios hay dinero del narcotráfico, y en consecuencia, serían perseguidos por las autoridades de nuestro vecino del norte? ¿Cuántos honorables empresarios han tenido que mancharse las manos con dinero del narco para mantener a flote sus empresas y que hoy estarían en la lista negra de los gringos?
El cisma también llegaría a las altas esferas políticas. El desmembramiento de los principales cárteles del narcotráfico implicaría al mismo tiempo la cacería de decenas de grupos y líderes políticos que han brindado protección e impunidad a los delincuentes, sin lo cual su crecimiento no hubiera sido posible en las últimas dos décadas. ¿Cuántos políticos veríamos en la cárcel por nexos por el narco?
El presidente Donald Trump, quiere que nombres como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Tijuana, Juárez y Los Zetas dejen de designar organizaciones criminales y, en cambio, sean considerados en su país «grupos terroristas». Y ello tendría un alcance territorial absoluto; en México prácticamente no hay un solo rincón, por alejado que se encuentre, donde no opere algunas de estas organizaciones.
La petición para clasificar como terroristas a cárteles mexicanos ya se había puesto sobre la mesa desde marzo pasado en el Congreso de Estados Unidos. Los republicanos Roy Chip y Mark Green presentaron una iniciativa para considerar al Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel Noreste y a los Metros, como grupos terroristas, lo que los equipararía con organizaciones como Al Qaeda o Boko Haram, la organización responsable del peor ataque terrorista en París.
Actualmente el Gobierno estadounidense tiene a 68 organizaciones a nivel mundial declaradas oficialmente como terroristas, entre las que destacan Al Qaeda, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Sendero Luminoso, entre otras.
De acuerdo con la web oficial del Gobierno de Estados Unidos, la vía más rápida es una orden ejecutiva del presidente Trump, lo que evitaría el proceso de aprobación por parte del Congreso estadounidense. Para considerarlas como tal, debe tratarse de organizaciones cuya actividad amenaza la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional, es decir las relaciones exteriores y los intereses económicos de los Estados Unidos. En el caso de México, el caso de la familia LeBaron ha sido la coartada perfecta para el Presidente Trump.
En todo caso, la pregunta recurrente es si una vez que se apruebe la condición de terroristas, habría tropas estadunidenses en nuestro territorio. De acuerdo con la Ley Contra el Terrorismo, el Presidente puede hacer uso de la fuerza militar para interrumpir, desmantelar y destruir la infraestructura utilizada por una organización formalmente llamada terrorista. Pero México no es Siria ni Afganistán.
Hasta ahora el Presidente López Obrador –muy poco avezado en política exterior y relaciones internacionales-, ha guardado silencio. Para su tranquilidad, son muchas voces que consideran que sólo se trata de una bravata más de Trump, lo que no reduce los riesgos que intente imponer nuevas condiciones para la firma del T-MEC y la aplicación de aranceles.
Con un crecimiento cero, México entraría en una profunda crisis si cualquier amenaza arancelaria se cumple. Y eso sí sería terrorismo.
Las del estribo…
1. En la víspera de la elección del nuevo Presidente del Tribunal Superior de Justicia, corren muchas versiones sobre quién sería el sucesor (a) de Edel Álvarez Peña; una de ellas apunta a que ayer mismo se habría acordado -en la mismísima oficina del Secretario de Gobierno- el relevo a favor de la magistrada Sofía Martínez Huerta. Sin embargo, los presidentes de Sala no han tomado la decisión, nadie ha hablado con ellos, así que no habría nada para nadie… hasta ayer.2. El caso de Ixtaczoquitlán es uno más de la podredumbre que viven las policías municipales. Hay omisión y colusión. El gobernador tardó dos semanas en pronunciarse sobre estos hechos, mientras que el alcalde fingió no estar enterado de lo que pasaba en la oficina de al lado. En muchos municipios, la delincuencia trabaja en patrullas y con uniforme.