Los municipios de Córdoba, Orizaba y Fortín de las Flores conforman el triángulo rojo en materia de robo de gas LP, así lo considera la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas).
En un posicionamiento público, Amexgas alertó que es en estos tres municipios, de la zona montañosa central, los que concentra el mayor número de robos. Argumentaron que la situación es tan grave, que sea vuelto “riesgosa la circulación de vehículos distribuidores y del personal de empresas formalmente establecidas, así como de la población en general”.
Denunciaron que a la par de los robos, hay una presunta distribución de gas de procedencia ilícita con personas y vehículos ajenos al mercado legalmente establecido, y que por ende, no cumplen con los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades competentes.
Por lo cual, hicieron un llamado a las autoridades del Gobierno Federal y del Estado para que implementen medidas que ofrezcan las garantías mínimas de seguridad para que los distribuidores del combustible, puedan otorgar una debida prestación de sus servicios.
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Reiteraron que “cualquier solución planteada para este grave problema es indispensable la participación coordinada de todas las autoridades, principalmente a nivel federal”.
Debido a que el delito de robo de gas es de competencia federal, Amexgas pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que establezca una representación en materia de hidrocarburos en las localidades con mayor conflicto en esta materia.
Pidieron a las autoridades que sean estrictos en la recepción y depósito de vehículos utilizados en la comisión de presuntos delitos, así como con la consignación de personas presentadas por fuerzas federales de seguridad pública para su debido proceso.
También pidieron verificar la debida acreditación de la propiedad lícita del producto mediante la presentación de la factura o CFDI correspondiente, así como los permisos emitidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el alta de los vehículos dentro del parque registrado ante dicha autoridad.
En el mismo sentido de ideas es indispensable que la CRE y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), mediante personal enviado a regiones con esta problemática o bien, a través de delegaciones con representación al interior de la República, ejerzan las facultades para realizar operativos de verificación en instalaciones y vehículos presumiblemente ilegales o irregulares, así como su coadyuvancia con autoridades de seguridad, ministeriales y de impartición de justicia, solicitando el apoyo a Guardia Nacional (GN).
Notimex/AVC
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