Tirios y troyanos no salen aún del estupor de la declaración dominical del Presidente López Obrador: Lo de Ayotzinapa no fue un crimen de Estado. La historia se vuelve a reescribir desde el relato original de que a los estudiantes normalistas los asesinaron sicarios al servicio del narcotráfico que contaron con la complicidad de policías locales. Lo que siempre se dijo, hoy es parte de la esquizofrenia oficial.

Si no fue el Estado, ¿entonces quién fue? ¿Qué habrá que decirles a las mansas hordas que pregonaban: “Fue el Estado”? ¿Qué pasará entonces con la “verdad histórica”, con los informes de los “expertos independientes” que vinieron a hacer política? ¿Qué pasará con la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia? ¿Continuará la CNDH con el extraordinario trabajo realizado o se echará al cesto de la basura como se hizo con la propia institución?

Este jueves se cumple un año del informe que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hasta ahora la más seria, profunda y profesional investigación sobre los hechos que ensombrecieron al país en septiembre del 2014. Algunas de sus conclusiones fueron referidas por el periodista Raúl Trejo Delarbe en diciembre pasado.

Hoy, a la luz del reconocimiento presidencial, vale la pena recordar algunas de ellas:

El peritaje de José Torero, el especialista que trajo el Grupo de Expertos Independientes y que dictaminó que en el basurero de Cocula no hubo un incendio capaz de incinerar los cadáveres de aquellos jóvenes, se hizo sin evidencia suficiente. Sólo estuvo 20 minutos en el Vertedero de Cocula y no recabó muestras de roca, de tal suerte que sus estimaciones las hizo con rocas “de origen y naturaleza distinta” a las que hay en ese sitio. “Sus conclusiones sobre el comportamiento de rocas al calor son meramente referenciales” dice la CNDH.

Los restos óseos encontrados en el basurero de Cocula y en el Río San Juan no han sido analizados plenamente. De 63 mil fragmentos recogidos por la PGR, fueron seleccionados 17 para que los estudiara el Instituto de Medicina Legal en Innsbruck, Austria. La CNDH considera que hay otros 90 fragmentos óseos y 21 fragmentos dentales con información genética que quizá permitirían identificar a varias docenas de los estudiantes desaparecidos. Pero además hay otros 424 fragmentos que, a juicio de la Comisión, también podrían ser examinados en Innsbruck.

Otra ruta de desaparición. Desde abril de 2016 la CNDH ha insistido en que, además de la que dio a conocer la PGR, hubo una segunda ruta que siguió uno de los autobuses interceptados por policías y en donde viajaban 15 o 20 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Esos jóvenes fueron subidos más tarde a tres patrullas que los llevaron con dirección a Huitzuco por indicaciones de un individuo conocido como El Patrón. La PGR no ha esclarecido tales hechos.

La identidad de El Patrón es una de las lagunas más importantes. Aquella noche el subdirector de la policía de Cocula, César Nava, viajó a Iguala y después de recibir una llamada telefónica dijo delante de otros agentes: “de orden de arriba me voy a llevar a los chavos”. La CNDH recoge testimonios que indican que Nava estaba al servicio del grupo delincuencial Guerreros Unidos y de ese personaje. La PGR, “debe enfocar sus investigaciones para descubrir la identidad de El Patrón considerando, además, que debe tratarse de un sujeto con alta capacidad para ocultar su propia identidad, mediante la recompensa o la amenaza como garantía de impunidad” dice la Comisión.

La Normal de Ayotzinapa no es ajena al entorno de criminalidad  e impunidad que existe en Guerrero. En ese plantel “hay alto índice de adicción y tráfico indiscriminado de drogas con el consentimiento y complacencia de los directivos escolares. El líder estudiantil conocido por sus compañeros como La Parka y dos grupos de normalistas cercanos a él identificados como Los Pachecos, ejercían el control del tráfico de drogas al interior de la escuela”.

Por otra parte los alumnos padecen frecuentes abusos, con el pretexto de fortalecer su adoctrinación ideológica, a cargo de los dirigentes estudiantiles que controlan la Normal. La CNDH subraya que los normalistas desaparecidos “son víctimas de los hechos y de las circunstancias. Nada justifica que hayan sido identificados, sin razón alguna, como miembros de alguna organización criminal”.

Es posible que el agobio de una recesión en puerta o los datos recientes sobre la violencia histórica en el país, hayan obligado al Presidente a hacer apuestas más fuertes respecto de la agenda oficial. Hasta ahora, Ayotzinapa era el tema que había servido para hundir la credibilidad y la fuerza institucional del gobierno anterior. ¿Cuál es la razón entonces de extender un salvoconducto?

El discurso oficial es cada vez más impredecible incluso para sus seguidores.

Las del estribo…

  1. De pena ajena la comparecencia del Secretario de Sedesol Guillermo Fernández. Acusó que la dependencia ya no entrega bolsas de dinero para repartir –habrá que verlo en proceso electoral-, ni hace un uso faccioso de los programas sociales. Entonces, para evitar lo anterior, decidió guardar el dinero y alcanzar un subejercicio de la mitad de su presupuesto. La 4T cura las migrañas arrancándose la cabeza.
  2. De pena ajena el vodevil que armaron algunas “activistas” que conmemoraron el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Combaten violencia con más violencia. Piden a los medios que sólo mujeres cubran sus marchas como si los reporteros las agredieran con su trabajo. Serán las propias mujeres quienes pongan límites a quienes se infiltran en sus marchas, de lo contrario todas cargarán con el estigma.