Desde que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador salió con su principio de “abrazos no balazos” en el combate a la delincuencia y recomendó a los “malosos” entender que lo que hacen está mal y que sus mamacitas sufren, que mejor se retiren para hacer el bien, una sombra de sospecha corrió por todo el país, sobre todo entre los millones de mexicanos que hemos perdido familiares sacrificados por miembros de la delincuencia organizada, del cártel que quieran, ya sea porque fueron desaparecidos, porque los secuestraron y a pesar de pagar el recate los mataron, porque fueron víctimas de una balacera cruzada, porque aparecieron ejecutados sin conocerse el motivo: el gobierno pactó con el crimen organizado. Esta hipótesis se confirmó en Culiacán cuando durante un operativo militar uno de los capos más buscados por el gobierno de los Estados Unidos, Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, fue detenido y de inmediato liberado por instrucción presidencial, tras una refriega en la que los delincuentes mostraron un armamento muy superior al de las fuerzas armadas de México y un sistema de inteligencia mucho mejor que el del gobierno de la república. ¿Por qué los gobiernos, como el de Veracruz, no presentan una estrategia para el combate a estos criminales que a diario asesinan, por todos los rumbos de la geografía estatal, más y más personas gozando de impunidad porque nadie los investiga y detiene? La única respuesta lógica a esta pregunta es porque gozan de la protección del gobierno federal que ha dado línea a los estados gobernados por Morena para dejar a la delincuencia organizada actuar sin molestarlos, tal como lo hacen. ¿Qué podría buscar el gobierno con esta criminal negociación?… tener a su disposición un ejército de hombres armados mejor capacitados, con mejor tecnología y armamento, por si fuera necesario actuar en defensa del gobierno de AMLO… Piénselo, no es ciencia ficción, en la lucha por el poder todo se vale.