Las denuncias en que se basa el proceso de extradición de Karime Macías ante el gobierno británico por parte de la Fiscalía General de la República, a instancias del exfiscal Jorge Winckler, tendrán el mismo destino fallido que todas las que promovió en su tiempo el hoy prófugo de la justicia contra exduartistas, con la consabida afectación a la credibilidad del gobierno de Morena, que tendrá que cargar con una derrota heredada.

El portal Animal Político publica este martes un revelador reportaje que anticipa la imposibilidad de que la justicia de Gran Bretaña acceda a extraditar a una de las mujeres más ladronas que ha prohijado nuestro sistema político.

Según el reportaje firmado por Arturo Ángel, la solicitud de extradición de Karime Macías se basa en una sola prueba: la acusación de Juan Antonio Nemi Dib, exdirector del DIF, quien supuestamente dijo que la esposa de Javier Duarte ordenó pagar 112 millones 213 mil 844 pesos a empresas fantasma.

“Las otras pruebas para lograr la extradición son 28 contratos del DIF estatal con empresas fantasma, en los que no aparece su firma, de acuerdo con documentos judiciales a los que tuvo acceso Animal Político”.

Nemi Dib habría declarado que las empresas fueron contratadas a través de licitaciones simplificadas (sin una competencia real), y que las mismas fueron seleccionadas por Macías.

“Nemi Dib manifestó que por órdenes de Karime Macías Tubilla se realizaban los pagos a las empresas con celeridad, derivado a que eran proveedores que ella solicitaba para el DIF”, señala el documento.

Este año, el propio Nemi Dib promovió una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, en la que desestima la referida declaración y las demás en contra de otros exfuncionarios, tras señalar que fue víctima de presuntos maltratos y presiones de parte de la Fiscalía estatal.

La indagatoria se sustenta en seis denuncias oficiales que interpuso el DIF estatal concluido el sexenio de Duarte, en donde se identifica a 10 exfuncionarios como posibles implicados (entre ellos el exdiputado federal del PRI Antonio Tarek Abdalá quien sigue libre), sin que Macías aparezca en esa lista.

Los contratos presuntamente simulados fueron para la compra de diversos productos, entre ellos equipo médico, sistemas de purificación de agua, paquetes escolares, entre otros, que nunca fueron entregados a la población beneficiaria.

La investigación contra Karime Macías inició a partir de seis denuncias penales presentadas en marzo de 2017 por el DIF de Veracruz, relacionadas con posibles contratos simulados que firmó dicho instituto con seis empresas, entre 2010 y 2012.

Las empresas señaladas fueron: Pefraco SA de CV; Abastecedora Romcru SA de CV; Centro de Recursos de Negocios CERENE SA de CV; Ravsan Servicios Múltiples SA de CV; Grupo Balcano SA de CV; y Anzara SA de CV, todas ellas identificadas como compañías que simulan las operaciones que facturan, es decir: empresas fantasma.

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Funcionarios implicados: Tarek Abdalá y Toño Nemi

En dichas denuncias se identifica a una decena de funcionarios como los probables responsables de estas anomalías, por el cargo que desempeñaban en el periodo que se realizaron los contratos. En esa lista no aparece Karime Macías.

Quienes sí figuran son Juan Antonio Nemi Dib, director del DIF en ese periodo; Antonio Tarek Abdalá Saad, quien era director de Finanzas y Administración; Astrid Elías Mansur, directora de Atención a Población Vulnerable; Miguel Ángel Ortíz Romero, quien también fue director de Finanzas; Joaquín Flores Castro, subdirector de Recursos Materiales; Emilia Yasbé Asamar Hernández, subdirectora de Recursos Financieros.

Además: Víctor Manuel Carrizo Yoval, exjefe de Departamento de Almacén e Inventarios; Julián Rubín Sandoval, quien también fuera Director de Atención a Población Vulnerable; Pedro Manuel Solis García, director de Asuntos Jurídicos, y Laura Elena Vega Martínez, jefa del Departamento de Licitaciones.

Los funcionarios mencionados fueron los que firmaron los 28 contratos entregados por el DIF y, por ende, contemplados en las denuncias. De los casos señalados en el reportaje, cito el siguiente:

“Destaca, por ejemplo, un contrato firmado el 7 de diciembre de 2011 entre el DIF estatal y la empresa CERENE para la adquisición de “Equipo médico para prevención y control de enfermedades” por un monto de 5 millones 928 mil 862 pesos. El contrato fue firmado por Tarek Abdalá, entonces director de Finanzas del instituto, entre otros funcionarios.

“Pese a que dicho contrato fue pagado en dos transacciones bancarias, no existe registro ni siquiera de que el equipo médico haya entrado al almacén del DIF.”

Y en efecto, Tarek Abdalá es el más involucrado en estos casos, y es que por el carácter honorario del puesto que ostentaba Karime, de Presidenta del Patronato del DIF, aunque propiciara las operaciones no podía firmar los contratos.

Tarek Abdalá no ha sido detenido ni procesado porque firmó un acuerdo con la entonces PGR (denominado técnicamente criterio de oportunidad) para que cesaran las acciones legales en su contra a cambio de declarar en contra de Javier Duarte, y de colaborar con las investigaciones.

Pero ni una cosa ni la otra: “Tarek se ha negado en varias ocasiones a colaborar en los procesos e incluso promovió una demanda de amparo para que no se le citara a testificar en las audiencias judiciales, recurso que recientemente le fue negado”, señala el reportaje.

La hermana de Karime, a un paso de la cárcel

Mientras la esposa del reo Javier Duarte de Ochoa se parapeta tras la frágil acusación del exfiscal Winckler, quien está más cerca de la mazmorra de algún presidio es su hermana, Mónica Ghihan Macías Tubilla, quien puede ser detenida en cualquier momento por la Fiscalía General de la República (FGR).

Mónica Ghihan Macías Tubilla

La cuñada de Duarte está señalada por las autoridades federales por el delito de defraudación fiscal equiparable, el cual se materializa cuando alguien consigna en las declaraciones que presente para los efectos fiscales, ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos. La detención podría darse luego de que el juzgado Cuarto de Distrito le negó un amparo contra una orden de aprehensión del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Xalapa.

Mónica Macías Tubilla reportó que sus ingresos durante 2014 eran únicamente de 899 mil 829 pesos; sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP encontró que en realidad sus ingresos ascendían a 11 millones 226 mil 215 pesos, por lo que omitió el pago de 3 millones 593 mil 926 pesos por concepto de impuesto sobre la renta.

Por desgracia, la chiapaneca no pudo ser localizada por la autoridad hacendaria en el domicilio fiscal que proporcionó, por lo que comenzará su búsqueda y captura por parte de las autoridades federales. La Fiscalía General del Estado (FGE) también podría proceder en su contra por diversos delitos de lavado de dinero, evasión fiscal, y prestanombres que se le persiguen a la hermana de quien fuera una de las principales tapaderas de la Primera Dama del estado, Karime Macías.

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¿Cómo castigar a quienes usan la vía pública como espacio privado?

Ya lo intentó hace meses el ayuntamiento de Xalapa aunque solo para evitar que se montara el mercado ambulante en los alrededores del salón Saloon en la avenida Orizaba, pero qué les parecería que por ley se pudiera sancionar a los particulares que hacen del espacio público una extensión de su propiedad, sea para convertirlo en estacionamiento privado o para rentarlo a otros, desbordar sus comercios en las aceras o despojar a los peatones de sus ya de por sí limitadísimos espacios para caminar.

En Ciudad Victoria se han establecido multas de 800 pesos y arrestos por unas horas contra los ciudadanos que aparten o bloqueen la vía pública para rentarla como estacionamiento. Al principio fue en una avenida en que se apartaban lugares con llantas, pero se ha generalizado al menos al centro de la capital tamaulipeca.

Y todo ello está establecido en el reglamento de tránsito, que establece una sanción por esta práctica, si bien los elementos no han aplicado multa alguna: las autoridades municipales ya están pensando en detener, con ayuda de la policía estatal, a aquellos que cobren estacionamiento y sean agresivos en zona de hospitales, con lo que lastiman al resto de los ciudadanos que tienen prisa de llevar a su familiar al hospital y tienen que pagar por estacionarse en lugares donde está permitido.

Y esta acción que está dirigida exclusivamente a quienes cobran estacionamiento en espacios que son públicos, podría extenderse a los comerciantes que arrojan al peatón al arroyo vehicular por ocupar sus espacios en las banquetas, a quienes usan la banqueta y parte de la calle para sus talleres mecánicos o lavaderos de autos e, incluso, a quienes suben sus autos a las banquetas para estacionarlos.

Xalapa es un escenario del caos en las vías públicas y, salvo el negocio tramposo de las grúas, que levantan a los autos estacionados en lugares prohibidos solo en el centro y ciertas áreas urbanas, no hay medidas que permitan a la autoridad imponer el orden buscando el interés más alto de la colectividad.

Polvo de gis

Fotografía de Lizzet Luna

Entra FBI a ver caso LeBarón, reconoce Ebrard… Además de señalar que no esperan reacciones negativas del gobierno de Donald Trump por el asilo otorgado a Evo Morales, el canciller Marcelo Ebrard se refirió al caso LeBarón y señaló que corresponderá a la Fiscalía General de la República informar sobre los avances en la investigación por la masacre a parte de esa familia. Reiteró que, de acuerdo a tratados y convenios vigentes, el FBI participará en las investigaciones de la FGR por el ataque, aunque los agentes estadounidenses no portarán armas ni realizarán diligencias sin autorización de la Fiscalía. “La FGR determina cuántos y cuándo entran los elementos del FBI a México”, precisó, y añadió que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador invitó al FBI a participar en las investigaciones porque que las víctimas son ciudadanos binacionales y a que México le interesa mucho saber todo sobre el tema de las armas en la masacre, las cuales provinieron de EU… Seguiremos con los mismos “servidores públicos”… Mala noticia para miles de veracruzanos que vemos con molestia la pésima actuación de varios funcionarios miembros del gabinete legal y ampliado del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien ha anunciado que no habrá cambios. Personajes reconocidos como un verdadero lastre para el gobierno y para la ciudadanía, como quienes ocupan las áreas de salud, seguridad pública, educación, desarrollo social y turismo, entre otros, pueden estar seguros en sus puestos a pesar de que no estén rindiendo frutos a favor de la golpeada población de Veracruz. «No habrá ningún cambio en el gabinete, todos han trabajado este primer año de forma destacada», le dijo a los compañeros reporteros… Liminal, la expo de Lizzet Luna en el IAP… Este jueves 14, a las 17:00 horas, se presenta la exposición Liminal en la Galería Fernando Vilchis del Instituto de Artes Plásticas (IAP), serie de fotografías contemporáneas de la artista visual Lizzet Luna, egresada de la Universidad Veracruzana. Antes de la inauguración, se ofrecerá la charla “La desmaterialización del cuerpo y de la imagen”, en que participan Elisa Rashin, del Centro de Estudios de la Comunicación y la Cultura, y Citlalli González, integrante de este IAP. No se lo pierda…

Frases sin disfraces

“Quien se esconde o escapa es un delincuente confeso. NO es un perseguido político”. Evo Morales Ayma

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