Prefacio.
Sentidas, muy sentidas en serio, las palabras plasmadas por Juan Javier Gómez Cazarín, respecto a su amigo Juan Carlos Molina Palacios, el ser humano, el “hombre sano, joven, con la energía desbordante de la gente de campo, con dos años de encargo legislativo por delante y una galaxia de proyectos personales y políticos”. *** Gómez Cazarín, coordinador de los diputados de Morena en el Congreso local, recuerda el momento en el que se enteró de la trágica muerte de su amigo: “El sábado estaba yo en Coatzacoalcos a punto de participar en un acto de entrega de escrituras cuando todo Veracruz se sacudió con la noticia: criminales cobardes le arrebataron la vida a Juan Carlos a las puertas de su casa”. *** Y explica cómo, a pesar de militar en fuerzas políticas diferentes (Juan Carlos Molina era priista, pero ejercía sus funciones en la Legislatura separado de la bancada de su partido) era posible dialogar con él y coincidir en los temas torales: “La suya era una voz valiente y poderosa en la tribuna. Y fuera de la tribuna tampoco era precisamente inadvertido. Su actitud franca y sin vueltas, su saludo de frente, le ganó simpatías entre las diputadas y diputados de todos los partidos”. *** Y agrega: “Fue fácil volverme amigo de Juan Carlos: él de la Cuenca y un servidor sureño, ambos con profunda identificación con el campo, en más de una ocasión defendimos posturas coincidentes. Hablábamos el mismo lenguaje”. *** Gómez Cazarín ratifica su exigencia de justicia, en este, como en todos los crímenes que han enlutado a familias veracruzanas: “Quiero hacer una precisión que a la vez dibuja una convicción personal: el crimen de Juan Carlos no nos duele porque era Diputado. Su crimen nos agravia porque era un ser humano, como cualquiera, que no merecía, como nadie merece, morir a manos criminales. Tampoco nuestra exigencia de justicia obedece a su investidura. De nuevo: todos los crímenes, de cualquier persona, en cualquier circunstancia, merecen ser aclarados. Ninguna víctima -ni sus deudos- puede descansar en paz mientras la justicia no alcance a sus victimarios”. Bien.
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El periodista Arturo Ángeles, quien ha seguido puntualmente los procesos penales que se abrieron contra el exgobernador Javier Duarte y sus colaboradores, publicó este martes, en el portal de noticias “Animal Político” un trabajo sobre la causa penal que inició el entonces fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, en contra de Karime Macías, esposa de Duarte de Ochoa.
Mucho de lo ahí narrado ya se había plasmado en este espacio, pero vale la pena recordarlo.
El artículo llama la atención sobre el hecho de que la solicitud de extradición de Karime Macías, que presentó la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ante el Reino Unido a nombre de la Fiscalía de Veracruz, “se basa en una sola prueba: la acusación de Juan Antonio Nemi Dib, exdirector del DIF, quien supuestamente dijo que la esposa de Javier Duarte ordenó pagar 112 millones 213 mil 844 pesos a empresas fantasma. Las otras pruebas para lograr la extradición son 28 contratos del DIF estatal con empresas fantasma, en los que no aparece su firma”.
Pero además, aclara: “Nemi Dib ya había rectificado sus declaraciones en contra de la esposa de Javier Duarte”.
Explica que el propio Nemi Dib promovió una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, en la que desestimó la referida declaración y las demás en contra de otros exfuncionarios, tras señalar que fue víctima de presuntos maltratos y presiones de parte de la Fiscalía estatal para inculpar a diversas personas.
El proceso, pues, está en vías de ser enfrentado por Karime Macías con amplias posibilidades de resultar exonerada.
Este trabajo periodístico coincide con el comentario publicado en el periódico Imagen del Golfo, en la columna “Se dice”, firmada por Maquiavelo:
“Cuando opera el hígado en lugar del cerebro, se cometen grandes errores legales y todas las investigaciones, así como las fundadas denuncias que hiciera el equipo de abogados del entonces exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares comandados por el fiscal general Jorge Winckler se vinieron abajo y podría recuperar en corto tiempo su libertad Javier Duarte de Ochoa. Por rencor político inventaron testimonios judiciales que no tuvieron fundamentos jurídicos”.
Poco a poco, paso a paso, esa montaña de lodo se va deshaciendo y muchos terminarán manchados.
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Epílogo.
El gobernador Cuitláhuac García se dijo respetuoso de las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado por el asesinato del diputado Juan Carlos Molina Palacios, aunque reveló que estaba por reunirse con la encargada del despacho de ese órgano autónomo, Verónica Hernández Giadans, para observar los avances en este caso. *** El mandatario veracruzano mencionó que encuentra gran similitud en este caso con el asesinato de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo, caso en el que se comprometió a a dar con los responsables, y cumplió: “Por la presión que hicimos se dio con los responsables, lamentablemente resultó que el autor material se suicidó, pero el autor intelectual está en prisión”, recordó. *** Se prevé que la próxima semana rinda protesta como diputado local Antonio García Reyes, suplente de Juan Carlos Molina Palacio. El presidente de la Mesa Directiva, Rubén Ríos Uribe, explicó que el miércoles en la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se determinarán las acciones que proceden. Ya sea que la propia Jucopo decida llamarlo, que el diputado suplente solicite su incorporación, o que el PRI haga la gestión para ocupar la posición ganada por la vía de la representación proporcional. *** Se le acumulan las irregularidades al ahora exdirigente estatal del PAN, José de Jesús Mancha. Además de las averiguaciones que realiza la autoridad estatal por el tráfico de influencias en el que incurrió durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, ahora trasciende que dejó en el comité estatal de su partido pasivos por más de 23 millones de pesos ante el INE, debido a multas a las que se hizo acreedor, por irregularidades detectadas en el gasto del partido. *** Las irregularidades se generaron en 2018, cuando los partidos compitieron en coalición en Veracruz, reportando gastos excesivos y anomalías que motivaron al órgano electoral a emitir las sanciones.