En los últimos seis años, las condiciones de los siete penales en Veracruz se han deteriorado debido a que además de casos de hacinamiento, sobrepoblación y falta de infraestructura, hay extorsiones, cobro de piso y problemas que se derivan de un autogobierno o cogobierno de los prisioneros.

Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciara 2019, desde el 2013 los Centros de Readaptación Social (Ceresos) han ido disminuyendo en cuanto a su calificación, pues de lograr un puntaje de 7.19 ese año, en este las cárceles de la entidad, ubicadas en Amatlán, Coatzacoalcos, Pacho Viejo (Coatepec), Acayucan, Papantla, Poza Rica y Tuxpan ,“están reprobadas” con 5.94 puntos.

La puntuación más alta se obtuvo en 2013, con 7.19 pero a partir del 2014 la tendencia a la baja es más visible pues el siguiente año; esto es, en 2014 los penales lograron apenas 6.93 puntos; en 2015 la calificación fue de 6.82, luego en 2016, ya con el cambio de administración estatal hasta entonces a cargo de Javier Duarte, las cosas no mejoraron porque se obtuvo un 6.54.

Ya para 2017, la calificación de las cárceles fue apenas aprobatoria al lograr 6.02 puntos; sin embargo, en 2018 la cifra bajó a los 5.87 puntos, y hasta ahora la tendencia no ha mejorado pues este año Veracruz ocupa el lugar 30 de 32 entidades en el país con la peor calificación con 5.94, que si bien representa apenas 0.04 puntos más que el año inmediato anterior, el los hechos, no hay mejora.

A nivel nacional, solo las prisiones de Tamaulipas y Guerrero están peor posicionadas que Veracruz, con 5.38 y 5.92, respectivamente. Por si esto fuera poco, hay que recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló al penal de Poza Rica como uno de los peor evaluados en el país, ya que obtuvo 5.15 puntos

En todos los penales la problemática es prácticamente la misma, riñas entre internos, extorsiones, cobros de piso y a esto se suma el poco personal de seguridad y custodia para garantizar tanto la seguridad como la gobernabilidad en estos sitos, que en muchos de los casos son dirigidos por bandas del crimen organizado con la complacencia del director del penal.

En el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Poza Rica la problemática además está relacionada con la insuficiencia en la atención médica que reciben sus internos, condiciones de sobrepoblación, hacinamiento, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, así como para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.

El penal de Amatlán no es distinto porque a pesar de haber obtenido una calificación “aprobatoria” de 6.42 la CNDH detectó violaciones a derechos humanos, con estancias que no son dignas de los prisioneros y las que existen tienen condiciones poco higiénicas especialmente en el área médica.

En Coatzacoalcos (con 5.84 puntos) se documentaron actividades ilícitas como extorsiones de grupos crimínales a los internos y sobornos a autoridades; no hay atención adecuada a personas en aislamiento y tampoco se registraron condiciones de higiene en el área médica y talleres.

El Cereso de Pacho Viejo, en Coatepec, que obtuvo 6.09 puntos este año, enfrenta problemas en cuanto a la supervisión a manos de su titular, porque ni siquiera cuenta con una eficiente separación entre procesados y sentenciados; tampoco cuentan con actividades laborales y de capacitación laboral o de prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.

La Comisión Nacional también inspeccionó el penal de Acayucan, ubicado en el sur de estado, y le otorgó una calificación de 5.95 puntos porque existen deficiencias en los servicios de salud, mala alimentación de los internos, insuficiencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro, una que ni siquiera cuenta con instalaciones para la comunicación con el exterior, además también detectaron actividades ilícitas y cobros ilegales.

En el norte del estado se encuentra el penal de Papantla, Que obtuvo apenas 6.23 puntos, pero que según la CNDH tiene malas condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad y no cuenta con el número adecuado de personal de seguridad y custodia.

En el caso del Cereso de Tuxpan (con 5.87 puntos) se detectaron condiciones de hacinamiento, poco personal de seguridad y custodia, y tal como en Poza Rica y Tuxpan, también detectaron condiciones de autogobierno/cogobierno, que genera la presencia de actividades ilícitas, como extorsión y sobornos.

A pesar de este informe, hasta ahora ni el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ni el propio secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, se han posicionado sobre el tema, o han dado a conocer si existe un plan de acción para mejorar las condiciones de los penales.

AVC/ Perla Sandoval