La aprobación del Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos que presentan los Partidos Políticos Nacionales, con acreditación y registro local, del 2018, evidenció el malestar de los consejeros federales por la reforma constitucional, que busca condonar el pago de mil 38 millones de pesos por concepto de multas.

En el marco de la revisión del acuerdo consejeros y partidos políticos se observó que del proyecto inicial al documento que se votó este miércoles 06 de noviembre, tiene una diferencia de cuentas por cobrar y cuentas por pagar por más de 66 millones de pesos.

En un inicio se mención que se tenían cuentas por cobrar a 184 millones y el monto bajo a 117 millones de pesos; en lo que respecta a cuentas por pagar el monto varió de 131 millones de pesos a 108 millones de pesos, pero no se explicó por qué se hicieron esos cambios.

Durante el debate el consejero Ciro Murayama, resaltó que el modelo de financiamiento público de los partidos son las ministraciones del Estado, y la mayor parte de esos fondos se destinan para el pago de personal.

Sin embargo, destacó, que las relaciones laborales no se ajustan a las normas, “esto es un asunto que debemos atender y resolver. Los partidos políticos como entidad de interés público no pueden ser patrones al margen de la relación laboral”.

También observó que de los 238 millones de pesos que se tenían que destinar al empoderamiento de las mujeres, y no se destinó a ese fin, “lo que generó multas por 31 millones y 23 millones de pesos para el PVEM y Morena”.

En el caso de las cuentas por cobrar se señaló que los partidos están destinando dinero a particulares que no pueden recuperar, lo que implica un desfalco a las finanzas de los institutos; y por otro lado se están financiado por los proveedores pues tiene cuentas por pagar por montos muy altos.

Al referirse a la reforma electoral que se analiza en el Congreso de la Unión los partidos están planteando aplicar el “borrón y cuenta nueva” a las multas que mantiene los partidos políticos, por lo que se dejarían de ingresar 553 millones de pesos que se tenían pendientes hasta el 2017.

Las sanciones se impusieron por simular gastos, recibir financiamiento ilegal, y nom acreditar a donde fue el dinero público “y ahora se quieren indultar desde el poder político, sanciones que han sido confirmadas por el poder judicial”.

En lo que respecta al 2018, el monto supera los 585 millones de pesos, “si los partidos políticos acuerdan meter a la constitución que es válido aprobar que gasto de dinero en trabajos de gestión social, me pregunto si no estamos en la puerta de legalizar y constitucionalizar la entrega de dádivas y la compra de votos”.

Además, que buscan tener un padrón mínimo y de desaparecer su estructura orgánica, con lo que se tendrían partidos virtuales que tiene financiamiento público y postulan candidatos, lo que llevaría a desaparecer el sistema de partidos, “es construir agencias de colocación política, lo que sería un retroceso mayor para la democracia mexicana».