Aunque finalmente terminó yéndose en septiembre pasado, pero la primera vez que la ex contralora Leslie Garibo Puga amagó con renunciar a su cargo fue en febrero de este año.

Según las versiones recogidas aquella vez por el reportero Noé Zavaleta, del semanario Proceso –quien tuvo acceso a una conversación por WhatsApp que equivocadamente Garibo Puga compartió en un chat entre militantes de MORENA, con los cuales estaba vinculada desde que fungía como representante de su partido ante el INE–, su intento de renuncia se habría dado debido a que luego de dos meses transcurridos de la administración del gobernador Cuitláhuac García, la entonces titular de la Contraloría General del Estado y su equipo de trabajo “fueron incapaces” de encontrar irregularidades, expedientes de declaraciones patrimoniales incompletos o alguna información concreta que sirviera de contexto para interponer querellas penales en contra de ex colaboradores del ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares.

“No es que los panistas y yunistas no hayan robado, es que en la Contraloría fueron tan tontos que en dos meses no pudieron encontrar nada. Y con el tema de gobernabilidad tan complicado, urgía, apremiaba una cortina de humo”, le explicó de sus fuentes informativas al periodista.

Algo similar está ocurriendo actualmente en la Fiscalía General del Estado (FGE), de donde finalmente lograron sacar, mediante un turbio proceso legislativo, al ex titular Jorge Winckler y al ex fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres, ambos prófugos tras las órdenes de aprehensión que fueron liberadas en su contra.

En lugar de Winckler Ortiz, el Congreso local dominado por MORENA designó como encargada provisional de la FGE a Verónica Hernández Giadáns, quien se venía desempeñando como directora Jurídica de la Secretaría de Gobierno, pero la cual carece de experiencia en materia penal.

Por eso no es fortuito que Hernández Giadáns y su equipo recibieran su primer revés con el polémico proceso iniciado en contra de la ex secretaria de Finanzas y Planeación, Clementina Guerrero; del ex tesorero Adrián Viccon Basto, del ex subdirector de Operación Financiera, Luis Francisco Virués Hernández, y del ex subsecretario Bernardo Segura Molina, el único recluido en el CERESO de Pacho Viejo.

Así, pues, el caso en contra de los ex funcionarios yunistas de la Sefiplan –acusados de ejercicio indebido del servicio público, hechos de corrupción y abusos de autoridad–, podría sobreseerse, suspenderse, por el evidente “desinterés jurídico” que ha mostrado la parte acusadora, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, según afirmó este viernes el abogado José Martín Rivera Martínez, del Despacho Jurídico “Martínez y Asociados”, el cual logró la suspensión de las órdenes de aprehensión en contra de Viccon Basto y Virués Hernández a través de los amparos números 935/2019 y 967/2019. La misma suerte habría corrido también “Tula” Guerrero, lo que terminaría beneficiando igualmente a Segura Molina.

De este proceso se hizo cargo directamente la abogada cuenqueña Marcela Aguilera Landeta, flamante coordinadora de Investigaciones Ministeriales de la FGE, quien al parecer tampoco tiene gran experiencia como litigante, pese a que de 2010 a 2011 se desempeñó como titular de la Subprocuraduría Regional de Justicia en Cosamaloapan, y luego fue Fiscal en Delitos Electorales.

Y es que los orígenes de Aguilera Landeta están en la lucha campesina: fue muy cercana al extinto líder de la UGOCP, Margarito Montes Parra; fue diputada local por el distrito de Tierra Blanca, y directora general de la Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria del Gobierno del Estado.

‘PODEMOS’ sí pudo en Xalapa

Pese a las festividades de los Fieles Difuntos y Todos Santos, este domingo 3 de  noviembre la Asociación Política “Podemos”, que lideran Francisco Garrido y Gonzalo Morgado, llevó a cabo exitosamente las asambleas distritales constitutivas en los dos distritos electorales locales de Xalapa, cuyos padrones suman el mayor número de electores de Veracruz.

Hasta ahora, de las once organizaciones políticas locales que continúan con el proceso para constituirse como partido político estatal en el 2021, el proyecto de Garrido Sánchez y Morgado Huesca parece que es el que mejor paso sigue manteniendo, pues con este par de  asambleas de la capital veracruzana ya suman 18 en total.

De los 30 distritos electorales locales, la ley les exige cubrir un mínimo de 20. Así que sólo les faltaría cumplir con otras dos más, pero nos cuentan que para evitar cualquier problema intentarán abarcar la totalidad.

Por lo mientras, la semana próxima irán por las de los distritos de Pánuco y Tantoyuca, dos plazas difíciles.

Ya veremos cómo les va.