Este martes 29, el gobernador Cuitláhuac García hizo cabal justicia a los 139 familiares deudos de los policías caídos durante los últimos diez años en el cumplimiento de su deber.

Y es que aparte del reconocimiento público a la labor heroica de los sacrificados elementos de seguridad, el mandatario estatal del MORENA les entregó escrituras y llaves de casas habitación a sus viudas e hijos.

A través del Instituto Veracruzano de la Vivienda se destinaron 19 millones 962 mil 79 pesos para la construcción de estas 40 casas habitación, de las cuales 4 se ubican en el municipio de Tuxpan, 18 en Xalapa, 4 en Medellín, 7 en el puerto de Veracruz, 4 en Orizaba y 3 en Minatitlán.

Para dar cumplimiento a la Ley 290, García Jiménez informó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aportó 10 millones de pesos y la Secretaría de Desarrollo Social otra cantidad similar a través del Instituto Veracruzano de la Vivienda para la construcción de estas casas habitación, de las cuales 4 están ubicadas en el municipio de Tuxpan, 18 en Xalapa, 4 en Medellín, 7 en el puerto de Veracruz, 4 en Orizaba y 3 en Minatitlán.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, reprochó que las tres administraciones anteriores ignoraran las necesidades de estos deudos, los que hoy, “por fin, cuentan con un hogar”. El titular de la SSP presumió que nunca como ahora, “la Policía Estatal había sido tan beneficiada con aumentos de sueldos”, refiriendo que “nos encontramos dentro de las diez corporaciones mejor pagadas”, además de contar “con mejores unidades, equipamiento táctico y uniformes”.

Sin embargo, hay otros casos de policías desaparecidos que, al igual que sus familias, desde hace más de seis años siguen esperando justicia y la obligada indemnización de ley.

Ahí está, por ejemplo, el caso que motivó la Recomendación 24VG/2019 que el pasado viernes 25 de octubre dirigió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al jefe del Poder Ejecutivo de Veracruz y a la encargada de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadans, por la desaparición forzada de ocho policías municipales de Úrsulo Galván ocurrida desde el 11 de enero de 2013 y atribuible a 15 agentes del entonces denominado “Grupo Tajín” de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

La CNDH recomendó al mandatario veracruzano “reparar el daño a las víctimas indirectas, incluyendo compensación y/o indemnización, así como inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas, proporcionarles atención integral, y ofrecer una disculpa pública institucional por las omisiones y la impunidad derivada de la desaparición forzada”, mientras que a la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza Gutiérrez Maldonado  le instruyó “concluir el Procedimiento Disciplinario contra los 15 agentes estatales iniciado en 2017”, y que “la Comisión de Honor y Justicia deslinde responsabilidades”. Y a la FGE la emplazó a “continuar la integración de la investigación y esclarecer los hechos” así como colaborar con el Organismo Constitucional Autónomo “en la presentación de la queja que formule contra el personal ministerial que participó en la investigación, por las irregularidades cometidas, y se anexe copia de esta Recomendación en sus expedientes administrativos-laborales, así como capacitar al personal adscrito al Ministerio Público que tenga contacto con las víctimas indirectas de los delitos de desaparición forzada, con el propósito de ofrecerles un trato digno.”

Yunistas: estresante cierre de año

La LXV Legislatura local, con mayoría de MORENA, decidió no aprobar la Cuenta Pública 2018, la última de la administración del ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares.

El hecho es histórico, pues nunca antes en Veracruz otra Legislatura había tomado una decisión similar.

Corresponderá a la nueva auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, volver a revisar el gasto público del segundo ejercicio fiscal del bienio yunista.

De acuerdo a la ley, sólo dispondrá de un plazo máximo de tres meses para entregar los nuevos resultados a la Comisión de Vigilancia.

A diferencia de su ex jefe, quien actualmente vacaciona muy tranquilo en Venecia, Italia, varios ex funcionarios del gobierno de Yunes empezarán a tronarse los dedos y a rechinar los dientes por el estrés.

Algunos de ellos, seguramente, pasarán una amarga Navidad y quizá hasta un infeliz Año Nuevo.

Por lo mientras, el ex fiscal general Jorge Winckler y el ex fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres, andan en calidad de prófugos de la justicia por sendas órdenes de aprehensión, en tanto que un ex subsecretario de Finanzas, Bernardo Segura Molina, ya fue recluido en Pacho Viejo, y la ex titular de la Sefiplan, Clementina Guerrero, y el ex tesorero Adrián Viccon Basto, han tenido que solicitar el amparo de la justicia federal para momentáneamente no ser aprehendidos y encarcelados también.

¡Vaya desenlace, aunque mucho más predecible que la Serie Mundial de Beisbol entre los Astros de Houston y los Nationals de Washington!