De ser ciertas las denuncias en contra de algunos diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso –particularmente de su Presidente, Eric Domínguez- por haber intervenido para “limpiar” la Cuenta Pública de algunos Ayuntamientos, entonces alguien tendrá que vomitar negro porque la propia Comisión emitió ayer el dictamen que rechaza el informe presentado por el ORFIS.
El carnaval de culpas amenaza con alcanzar a muchos. Diputados de distintos partidos –incluido Morena- habían advertido sobre denuncias hechas por presidentes municipales en el sentido de que Eric Domínguez habría pedido moches para arreglar las observaciones, algo muy común en la Legislatura pasada controlada por los panistas. Sus horas como Presidente de la Comisión de Vigilancia están contadas.
Pero también podría alcanzar a la nueva titular del ORFIS, Delia González Cobos, de quien se dice habría atendido con esmero las recomendaciones del Presidente de la Comisión de Vigilancia, pasando por alto las serias irregularidades que se habrían detectado. De hecho, una vez desatado el escándalo, algunos alcaldes que fueron presionados en un principio, de repente fueron “liberados” por Eric Domínguez y se les recomendó que buscaran arreglar su problema directamente en el Órgano de Fiscalización.
En la lista se incluye a las diputadas Brianda Kristel Hernández Topete y María Graciela Hernández Iñiguez, integrantes de la Comisión de Vigilancia y responsables de analizar y dictaminar la Cuenta Pública del año pasado; ambas con un evidente conflicto de interés por sus vínculos familiares con titulares de algunos entes fiscalizables.
En el caso de Hernández Topete, diputada del Partido de la Revolución Democrática, es esposa del alcalde de Santiago Tuxtla, Argenis Vázquez Copete, quien resultó con un presunto daño patrimonial por 5 millones 766 mil pesos. Por si fuera poco, su marido es hijo de Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, actual esposa de Arturo Herviz Reyes, presidente municipal de Ángel R. Cabada. Toda una dinastía de caciques que juega el papel de juez y parte.
En tanto, la diputada del Partido Acción Nacional, María Graciela Hernández Iñiguez, es hija del alcalde de Misantla, Othón Hernández Candanedo, quien resultó con un presunto daño patrimonial por 3 millones 60 mil pesos.
La guillotina también pende sobre la cabeza del ex titular del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla –quien incluso intentó reelegirse en el cargo-, a quien se acusa de haber realizado auditorías a modo durante el tiempo que fungió como Auditor General. Ayer mismo en San Lázaro, diputados federales de MORENA respaldaron a sus homólogos de Veracruz que decidieron no avalar la Cuenta Pública 2018, acusándolo de permitir el desvío de recursos en la entidad “durante tres administraciones estatales”. En realidad, tampoco es la primera vez que se le acusa sin que hasta ahora se haya presentado denuncia formal en su contra.
Y por supuesto, el mayor afectado sería el ex gobernador Miguel Ángel Yunes, sobre quien se podría emprender una serie de denuncias penales. El informe presentado por el ORFIS habría pasado por alto muchas de las irregularidades que ya habían sido denunciadas por el gobierno actual, lo que motivó que el grupo parlamentario de Morena decidiera no aprobar el documento de la Cuenta Pública.
En realidad la historia de repite. Hace un año, el ORFIS aclaró que no tuvo participación alguna en los acuerdos que tomaron los ex diputados de la Comisión Permanente de Vigilancia de la LXIV Legislatura de Veracruz, durante el análisis de la Cuenta Pública 2017, que derivó en un dictamen que redujo el monto del daño patrimonial y el número de entes estatales y municipales observados.
Es decir, acusó a la Comisión de Vigilancia de haber “limpiado” las cuentas de los Ayuntamientos, algo que todos sabían pero que nunca se comprobó. Los diputados imponían –como ahora- despachos contables a los presidentes municipales para realizar las auditorias a modo. Era un negocio redondo. En medio de la transición de gobierno y el inicio de la actual Legislatura, el asunto no pasó de un escándalo mediático.
Ayer la Comisión de Vigilancia circuló el dictamen –mismo que se votará este jueves en sesión extraordinaria- en el que no se aprueba la Cuenta Pública de los entes fiscalizables en razón de que no existen elementos suficientes y se ordena al ORFIS que en un plazo no mayor a 90 días realice una nueva valoración sobre las aclaraciones y la documentación comprobatoria. Dos semanas después deberá presentar nuevamente los informes individuales y el informe general para elaborar un nuevo dictamen.
Habrá que esperar hasta dónde llega la guadaña y si sólo se trata de justicia selectiva.
Las del estribo…
- Días intensos en el Congreso. Hoy habrá sesión de la Permanente en la que sólo se incluirá una iniciativa del Tribunal de Justicia Administrativa y la convocatoria a un período extraordinario –hoy mismo a la una de la tarde-, para tratar solamente el dictamen de la Comisión de Vigilancia, por el que no se aprueban las cuentas públicas de 2018. La permanente volverá a sesionar el lunes para convocar a un nuevo periodo extraordinario -ese mismo día y de manera inmediata- en la que sólo se elegirá a la Mesa Directiva para el segundo año de ejercicio, en el que se esperan algunos cambios importantes. Al finalizar esta última sesión, se reunirá la Jucopo para acordar el orden del día de la sesión del martes 5, a las 11 AM, con la que dará inicio el primer período de sesiones del segundo año legislativo.
- Tal y como se esperaba, el Tribunal Electoral anuló la elección interna de Morena por utilizar un padrón poco confiable. Lo increíble del caso es que la actual presidenta Yeidckol Polevnsky ya lo había advertido. Ahora pretenden perseguir y hostigar a los magistrados, cuando deberían estar más preocupados de que López Obrador no termine abandonándolos como ya se los advirtió.