Es necesario y urgente que en México se legisle y norme el uso de Internet para evitar que se continúe violentando a las mujeres en entornos digitales, opinó Leonor Graciela Natansohn, investigadora de la Universidad Federal de Bahía, Brasil, quien sugirió que para este proceso se tome en cuenta las investigaciones que sobre la violencia online ha realizado el movimiento ciberfeminista mexicano.
Periodista con Doctorado en Comunicación y Cultura Contemporánea, la investigadora estuvo el viernes 24 de octubre en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Veracruzana (UV), en donde a invitación del cuerpo académico (CA) Derecho, Gobierno y Multidisciplinariedad Jurídica ofreció la conferencia magistral “Violencia contra las mujeres en la red: vigilancia y el derecho a la privacidad”.
Resultado de la investigación que efectuó sobre el tema, dijo que la violencia contra las mujeres en las redes sociales no sólo se trata de la misma violencia histórica y patriarcal traducida a nuevos formatos y espacios, sino que ésta se vincula a conceptos como vigilancia masiva, privacidad y derecho a la intimidad en Internet, observándose que el cuerpo de las mujeres es violentado y datificado desde el supuesto control para la seguridad ciudadana.
En México, dijo, los grupos feministas elaboraron un mapeo con tipologías a partir de la violencia online, que les permite contar con una matriz con los tipos de violencia registrados, “información que debería ser aprovechada para que se pueda legislar sobre esos episodios”.
Comentó que existe un modelo de negocios en Internet basado en la recopilación de datos de manera indiscriminada, “con un supuesto consentimiento informado, pero en realidad los términos nadie los conoce, tampoco se sabe si son binarios o no; en general, no se tienen opciones porque si no se aceptan esas condiciones se es un excluido digital”.
Para el caso concreto de las mujeres, apuntó que la falta de privacidad en el manejo de sus datos personales les trae consecuencias particulares porque las pueden ofender, agredir, amenazar y extorsionar debido a que les extraen información sobre su salud, preferencias y modos de vida, y todo queda registrado en Internet.
“El tema de la salud nos preocupa mucho porque las empresas están registrando nuestros movimientos y no sabemos con qué fines, para qué servicios, y eso es peligroso para los derechos humanos de las mujeres.”
Otro aspecto que aborda el mapeo de las ciberfeministas es el uso no autorizado de las imágenes, “la captura de jovencitas a través de mentiras vía Internet se convierte en uno de los factores de trata y tráfico de mujeres, situación que por lo peligroso que resulta también debe ser investigado”.
Desde su óptica, la investigadora considera que la regulación del uso de Internet es un tema delicado “ya que si no se tiene conocimiento y no se escucha a las feministas se puede caer en normativas que terminan cercenando la libertad de expresión, aunque las nuevas generaciones nacen prácticamente en Internet y ahí se desarrolla su sexualidad, por eso se debe de reivindicar el anonimato”.
Asimismo, reconoció que a los jóvenes no se les puede prohibir el uso de Internet ni la práctica del sexting (envío de mensajes sexuales o eróticos por medio de teléfonos móviles) “porque hoy en día son parte de la vida y no podemos ser viejos conservadores”, pero sí es importante que esos jóvenes tomen medidas de autocuidado como conservar el anonimato (no mostrando la cara o tatuajes que los delaten), y para ello es importante que se cuente con una legislación que garantice ese anonimato.
Para concluir su exposición, reiteró que “es urgente una educación crítica sobre Internet porque se utiliza y no tenemos noción de lo que estamos haciendo”.
Leonor Graciela Natansohn es originaria de Argentina, desde hace 30 años radica en Brasil y actualmente realiza una estancia posdoctoral en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Le acompañaron en su exposición Karina Nohemí Martínez Mesa y Arturo Miguel Chipulli Castillo, investigadores adscritos al IIJ e integrantes del CA organizador de la conferencia.
UV/José Luis Couttolenc Soto
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