En un mensaje, cinco ex secretarios de gobierno y un coordinador, advirtieron que en el afán de reelegirse como titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, ex titular de ese organismo, ocultó documentos y entregó información falsa al Congreso del Estado de Veracruz, señalando presuntos “daños patrimoniales” inexistentes para así generar la percepción de que había sido riguroso en el análisis de la aplicación de los recursos.

«A pesar de que durante la etapa de solvatación ante el propio ORFIS se presentaron documentos para acreditar que los datos que hizo públicos no tenían sustento, Portilla ordenó no valorar dichos documentos, para presentar al Congreso del Estado una cuenta pública escandalosa que avalara su afán de reelegirse», señalaron.

La carta la firmaron: Rogelio Franco, ex secretario de gobierno, Guillermo Moreno, ex secretario de finanzas, Jaime Téllez, ex secretario de seguridad, Enrique Pérez, ex secretario de educación, Irán Suárez ex secretario de salud, y Elías Assad ex Coordinador de comunicación social.

Acusaron que podrían citarse muchos ejemplos, pero Portilla clasificó como “presunto daño patrimonial” transferencias de recursos a la Universidad Veracruzana, mismos que por disposición constitucional debe entregar cada año el Ejecutivo del Estado.

Consideró también “presunto daño patrimonial” transferencias al Poder Judicial y al Organismo Público Local Electoral (OPLE), mismas que están igualmente dispuestas en la Constitución.

Señaló igualmente que hubo un “presunto daño patrimonial” por más de 1 mil millones de pesos derivado de la contratación del sistema estatal de videovigilancia cuando prácticamente ese es el monto total del contrato, lo que -de ser cierto- implicaría que no se hizo absolutamente nada en ese rubro.

«Estas y muchas otras observaciones sin fundamento y sin sentido fueron formuladas con el único afán de dar la impresión de eficiencia y honestidad, características que no distinguen a Portilla», señalaron.

En la misiva comentan que todos los servidores públicos de la administración 2016-2018 han acudido ya ante la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de Veracruz para solventar nuevamente las observaciones, presentando otra vez los documentos que el ORFIS se negó a evaluar.

«Estamos ciertos de que las diputadas y diputados valorarán con objetividad y apego a la Ley los documentos que se presentaron y darán por solventadas las observaciones. Portilla tendrá que hacerse responsables de su conducta presuntamente delictiva», dice la carta.

También señalaron que la Fiscalía General del Estado tendrá que actuar de manera ejemplar, para evitar hechos similares en el futuro y promover las sanciones correspondientes a quienes incurrieron en estas conductas ilícitas.

AVC