Bastaron horas para que personas de distintos sectores de la sociedad se manifestaran sobre la orden de aprehensión dictada hacia Clementina N, hasta hace poco tesorera del Ayuntamiento de Xalapa, extitular de SEFIPLAN y una ciudadana que es conocida dentro de la comunidad de la Universidad Veracruzana como una profesional en el amplio sentido. Quizás desde una perspectiva muy estúpida su único “delito” fue servir al estado de Veracruz en la transición al gobierno de Yunes para revisar las finanzas de escándalo que dejó Javier Duarte.

Mediante una petición realizada en la plataforma change.org más de 1200 personas, hasta el momento de escribir este texto, han firmado de manera digital para solicitar respeto a la dignidad de Clementina. En la petición hay firmas digitales de reconocidas ciudadanas y ciudadanos de la función pública, del ámbito académico y de la sociedad civil.

El efecto que está causando el nuevo plan justiciero de la fiscalía Veracruzana puede ser un arma de dos filos. Lo primero en notarse es un desencanto de parte de un gran grupo de simpatizantes de MORENA hacia el gobierno estatal de su misma corriente política, se nota también una incongruencia entre el discurso de AMLO sobre la justicia y los procedimientos penales y las acciones justicieras que se dan desde Veracruz.

El texto de la petición, que puede tomarse como la postura de todos y cada uno de los firmantes, dice que se desconocen los motivos jurídicos por los que hay una orden de aprehensión en contra de Tula y se asegura que la trayectoria de ella no tiene nada que ver con actos de corrupción. El mensaje escala al grado de pedir directamente al gobernador Cuitláhuac García y a la Fiscalía General de Veracruz revisar el caso, porque es impensable para todos los firmantes que Clementina esté involucrada en actos de corrupción.

Toda firma, todo comentario en la petición es destacado, pero nos llaman la atención algunos de personas que públicamente puede ser tomados como representantes o voces de peso en varios ámbitos, incluso miembros del cabildo Xalapeño que son oposición política a MORENA. En general el hecho lo califican de persecución política, de una ineptitud jurídica, se defiende la trayectoria y honestidad de la citada, una acción arbitraria, en fin; más de mil personas coinciden en un solo asunto, eso es de resaltar.

Y a un servidor, igual que a ustedes, estas acciones de parte de la Fiscalía dejan más dudas que certezas; ¿por qué la denuncia la realizó el actual secretario de salud y no desde la dependencia donde Clementina N según cometió la irregularidad?, ¿saben realmente a quién están acusando?, ¿saben que el tema podría llegar directo al escritorio del Presidente López Obrador como un acto arbitrario?, ¿a quién o quienes se les ocurrió armar tal cortina de humo en medio de la crisis de salud y seguridad?, ¿ya se dieron cuenta que están usando la figura de prisión preventiva igual que Winckler cuando cazaba duartistas?.

El efecto “Tula” apenas se está dejando ver, comienza desde la opinión pública en defensa de ella, pero será prolongado e incluso podría tener un gran costo político para el gobierno estatal y la nueva fiscal quien se supone es una funcionaria “independiente”.

Mientras asesinos, secuestradores y narcotraficantes siguen dañando a nuestra sociedad, disfrutando de la impunidad, las autoridades se quieren dar una baño de pureza mediante actos arbitrarios, sin respeto alguno a la presunción de inocencia, permitiendo que órdenes de aprehensión se filtren a medios de comunicación, alterando el debido proceso en detalles mínimos pero que echarían abajo el asunto. ¿Así quieren que creamos en su nueva justicia?. Les va a salir peor el remedio que la enfermedad.

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